“No conocemos el catalán”: la excusa de un banco en un juicio para no pagar (que no ha colado)

Barcelona“Condemno a pagar 1.897,92 euros”. ¿Hay que traducir esta frase al castellano para entender la sentencia? El Banco Popular dice que es necesario porque sus abogados “no conocen el catalán”. La entidad pagó el dinero fuera de plazo y asegura que estaba esperando a tener la sentencia traducida al castellano. Pero la Audiencia de Barcelona rechaza este argumento y considera que esto no permite “dudar” de la cantidad que se tiene que pagar.

En octubre de 2018 un juzgado de Barcelona condenó al Banco Popular –ahora Banco Santander– a pagar estos 1.897 euros. La sentencia declaraba nula una operación en la que se habían adquirido acciones de la entidad: la demanda la había presentado una persona representada por el abogado Felipe Izquierdo. Pero el día que notificaron la sentencia en catalán, el banco pidió que la tradujeran porque alegaba que las abogadas no la entendían y pretendía que el pago quedara suspendido hasta que la tuvieran en castellano.

La traducción llegó al cabo de un mes, pero entonces ya se había agotado el plazo voluntario para pagar porque acababa 20 días después de que se hubiera notificado la sentencia. Por eso la persona que tenía que recibir el dinero pidió que se efectuara el pago de los 1.897 euros más 569 euros en intereses y gastos. El juzgado reclamó a la entidad que abonara el dinero, cosa que hizo en diciembre del mismo año. Entonces empezó un debate, que ha culminado en la Audiencia, sobre si el pago fue con retraso y había que tener la traducción.

El banco niega que llegara tarde porque opina que el plazo había entrado en suspenso mientras se hacía la traducción. Pero los jueces desmontan la justificación de ampararse en la lengua, motivo por el que descartan el recurso de la entidad y también la obligan a pagar los gastos de este proceso.

La sección número 11 de la Audiencia de Barcelona, que es civil, advierte de que no se podía presentar un recurso contra la sentencia por la cantidad que implicaba. En cuanto al catalán, recuerda que la sentencia “se puede emitir en cualquier lengua oficial en el territorio donde tiene la sede el tribunal que la dicta”. También entiende que la petición de traducirla es a “efectos informativos” porque “no hay perspectiva de ningún recurso” y que en Catalunya “el catalán es por todas partes tan oficial como el castellano”.

El magistrado Josep Maria Bachs i Estany, que es el ponente de la respuesta de la Audiencia –que está escrita en catalán–, recoge que el juzgado ordenó la traducción pero “nada dijo” de suspender el plazo del pago voluntario ni se pidió. “Nada impedía”, según el tribunal, que el banco pagara dentro de los 20 días siguientes a la notificación de la sentencia porque “tenía en las manos una decisión que claramente resultaba entendedora”: la cantidad estaba en números y no en letras. “En realidad no necesita ser traducido”, añade.

Por eso la Audiencia argumenta que la entidad “roza la mala fe por abuso del proceso” y que como parte deudora sabía “qué tenía que pagar”. “No había ninguna indefensión que justificara ninguna suspensión”, considera. Por lo tanto, el banco tenía que pagar de entrada.

El 7,4% de las sentencias

Este debate del catalán es casi inaudito porque el uso de esta lengua en la justicia es residual. Solo el 7,4% de las sentencias del año pasado en Catalunya fueron en catalán: 14.455 de las 194.392 que se dictaron. El resto fueron en castellano, según los datos recogidos por el departamento de Justicia. Son unas cifras que se sitúan por debajo del balance de 2019, cuando el 8,5% de las sentencias fueron en catalán.

Los porcentajes no son los mismos en todo el país. En Barcelona –que incluye el Tribunal Superior de Justicia, la Audiencia y la Ciutat de la Justicia – las sentencias en catalán son el 6,2% y en el resto de las comarcas de Barcelona el 7,2%. En Girona el 17% de las sentencias son en catalán, en Lleida el 11,4, en Tarragona el 2,9% y en las Terres de l'Ebre el 4,4%.