Papeles para dejar atrás el terror de las 'pandillas' de Honduras

GironaYeni Sánchez, de 33 años, es hondureña y hace tres años que vive en Girona con su marido. Tiene dos criaturas, un niño y una niña. Los últimos meses ha vivido en situación irregular después de perder la protección internacional. Esta semana, sin embargo, ha podido acogerse a la regulación extraordinaria de personas migrantes. Ya ha presentado la solicitud y, en cuestión de semanas, confía tener la respuesta provisional para obtener los permisos de residencia y de trabajo. "Han sido unos meses horribles, pero ahora empiezo a estar tranquila y muy esperanzada", explica.

Sánchez decidió marcharse de Honduras porque vivía en un barrio muy peligroso, en Tegucigalpa, controlado por las pandillas del narcotráfico. "Teníamos un negocio de alimentos, pero mi madre murió y yo no estaba lo suficientemente bien para abrir. Cada mes teníamos que pagar una cantidad de nuestras ganancias a las pandillas, pero durante unos meses no pudimos cumplir y nos llegó una nota de amenaza de que si no pagábamos ya podíamos imaginar lo que nos pasaría", recuerda con un nudo en la garganta.

Aquella extorsión fue el paso definitivo para marcharse del país. Primero pasaron un año en otro pueblo por seguridad y, finalmente, animada por su hermana, que ya vivía en Girona, Sánchez subió a un avión en marzo de 2023 con la hija pequeña de 7 años y embarazada de seis meses. Al cabo de unos meses su marido también cruzó el Atlántico.

Conseguir y perder la protección internacional

estafas que busquen aprovecharse de personas en situación vulnerableAnte este revés, sin poder trabajar, la familia se planteó volver a Honduras, a pesar del peligro que eso suponía. La hermana de Yeni, sin embargo, los convenció para que se quedaran. Los acogió en su casa, todos muy apretados, y les ayudó económicamente. "Pero es muy complicado vivir cuando te cierran o te cancelan las cuentas bancarias, cuando no puedes hacer compras con tarjeta o cuando muchos trámites requieren un DNI que no tienes", critica.

Hasta que la noticia de la regularización extraordinaria abrió un horizonte de esperanza: como antiguos demandantes de protección internacional y residentes de larga estancia, cumplen los requisitos de vulnerabilidad.

El 20% de los inmigrantes vienen de Honduras

Honduras es el principal país de origen de los inmigrantes en Girona: son casi 5.000 personas, el 20% del total de la población inmigrante, y por delante de los 4.500 vecinos originarios de Marruecos. “Me gusta Girona, y a mis hijos también. Estoy orgullosa de mi país, pero allí falta seguridad y hay mucha delincuencia, te pueden matar por la calle. Aquí podemos ir al parque con los niños, ellos han hecho amigos y todo es muy bonito”, concluye Sánchez.

Para poder llevar adelante el proceso, la familia ha tenido que ahorrar y destinar un dinero a la ayuda y el asesoramiento de un bufete de abogados especializado. Es el mismo que ayudó a su hermana y otras familias hondureñas. "Sin una ayuda o un intermediario es casi imposible saber con quién tienes que contactar; sola no lo habría conseguido", reconoce, y lamenta la complejidad de los trámites, el lenguaje técnico y también las estafas que buscan aprovecharse de personas en situación vulnerable.

La ayuda de un bufete de abogados

En estos casos, las leyes no son muy intuitivas. "A los solicitantes de asilo no se les computa el tiempo de permanencia de los meses en los que han obtenido protección. En casos como el de Yeni, hay que hacer el sacrificio de renunciar a recurrir la denegación de protección para poder tener seis meses de permanencia, aunque sean sin papeles y sin trabajar, previos a la solicitud de regulación", explica Mireia Risco, abogada de la asesoría Lleal Tulsà, que lleva el caso de Yeni.

La regulación extraordinaria también ha dado alas a los discursos antiinmigración que invocan los mitos del efecto llamada o del trato de favor a las personas venidas de fuera. "Es muy fácil utilizar este tema en campaña, pero realmente más del 70% de las personas que se beneficiarán llevan dos o tres años aquí. Están integradas. Muchas son familias que en la escuela ni siquiera saben que pasan por esta situación, porque son trabajadoras, hacen piña y lo llevan con mucha discreción", explica la abogada Anna Vilaró, del mismo bufet. Y concluye: "Muchas de estas personas comenzarán a cotizar en lugar de trabajar en la economía sumergida".

De hecho, cuando obtenga el permiso, Sánchez tiene claro qué quiere hacer: “Quiero trabajar y estudiar para ser médica forense”.