La prescripción de los abusos sexuales a menores empezará a contar a partir de los 35 años de la víctima
Seis grupos políticos pactan una enmienda y la ley tendrá que ser aprobada este jueves en el Congreso
BarcelonaLa prescripción de los delitos sexuales más graves empezará a contar a partir que la víctima cumpla 35 años y no 30, como estaba previsto inicialmente. Así lo han impulsado seis grupos políticos diferentes, que han registrado una enmienda transaccional para impulsar el cambio. Este jueves, el Congreso de los Diputados tendrá que dar luz verde a la ley de protección a la infancia y, gracias al acuerdo entre el PSOE, Podemos, Más País, BNG, Bildu y Cs, las víctimas que hayan sufrido un delito sexual grave siendo menores (abusos y agresiones sexuales, prostitución, explotación sexual o delitos de pornografía infantil, entre otros) tendrán más tiempo para denunciar. Hasta ahora, la prescripción empezaba la cuenta atrás a partir del momento en que la víctima cumplía 18 años, mientras que ahora prácticamente se duplicará la edad. Esto permitirá que muchos delitos de carácter sexual no se archiven, como pasaba a muchas personas que daban el paso de denunciar años después de haber sufrido el abuso –cuando tenían bastante fuerza para emprender acciones legales– y se encontraban con que la justicia les tenía la puerta cerrada por culpa de la prescripción.
ERC también apoya el nuevo plazo de prescripción, pero los diputados del grupo republicano no estaban hoy en el Congreso porque uno de ellos dio positivo por covid el pasado viernes y, por lo tanto, todos están haciendo cuarentena.
Un largo camino
La ley de protección a la infancia hace tres años que se puso en marcha, pero al convocarse nuevas elecciones el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, no la pudo sacar adelante a lo largo de la legislatura anterior. Durante los últimos meses la tramitación se ha acelerado, y el Consejo General del Poder Judicial avaló que el anteproyecto de ley fijara el cambio de la prescripción en los 30 años, puesto que se consideró "bastante" teniendo en cuenta que las víctimas necesitan tiempos para asimilar lo que han sufrido. Superados estos escollos, la semana pasada la comisión de derechos sociales y políticas integrales de la discapacidad del Congreso dio luz verde al informe de esta iniciativa legislativa con 27 votos a favor, seis en contra y dos abstenciones. Se hicieron prácticamente 600 enmiendas, muchas de las cuales se incluyeron para mejorar el texto que mañana llega al Congreso, con este cambio sustancial de última hora. Una vez la ley reciba el aval de los diputados, la tramitación seguirá su curso en el Senado, y la publicación en el BOE para darle validez, mediante el procedimiento de urgencia, podría llegar en el mes de junio.
En este sentido, el director general de la ONG Save the Children, Andrés Conde, ha recordado este miércoles que se trata del marco de protección "más ambicioso de Europa" y que su aprobación supondría un "gran adelanto social" para el estado español. Por eso, Conde ha anunciado que mañana entregarán medio millón de firmas con el objetivo de mostrar el gran apoyo de la sociedad hacia esta ley. "Cada año se denuncian más de 38.000 casos de violencia a la infancia y, de hecho, en el 42% de los casos de delitos de abusos y agresiones sexuales la víctima es un menor", ha dicho. Un hecho que es solo "la punta del iceberg", porque los casos "reales" son mayores.
