El PSOE pone en marcha la reforma de la ley pasando por encima de Igualdad
Los socialistas vuelven a introducir la violencia y la intimidación como agravantes para aumentar las condenas
Madrid / BarcelonaEl choque en el gobierno español por la ley del solo sí es sí se intensifica con la decisión del PSOE de presentar en solitario una reforma que incrementa las penas cuando hay violencia o intimidación en las agresiones sexuales. El socio mayoritario del ejecutivo ha cumplido su amenaza y aboca al ministerio de Igualdad a un cruce en el que tiene que decidir si deja que los socialistas aprueben los cambios de la mano del PP o cede a un nuevo esquema del Código Penal que, según su lectura, saca del centro el concepto de consentimiento. La propuesta del PSOE supone una enmienda contundente a la ley estrella de Irene Montero, que los últimos días ha manifestado que no dimitirá aunque se haga evidente que para intentar evitar más rebajas de penas ha habido que reformar la norma. "Se reabre un debate que creíamos superado y que provoca revictimización", ha lamentado su número 2, Ángela Rodríguez Pam, en rueda de prensa, en la cual ha denunciado que Igualdad no sabía que el PSOE presentaría la iniciativa este lunes.
Esta mañana el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, y la secretaria de igualdad del partido, Andrea Fernández, han comparecido para especificar que el único objetivo es "corregir los efectos no deseados" de la ley del solo sí es sí, después de las rebajas de condenas e incluso algunas excarcelaciones de agresores en las últimas semanas, como consecuencia de que las penas mínimas de la norma son inferiores a las del antiguo Código Penal y que se aplica la retroactividad favorable al reo. Precisamente, lo que quiere el PSOE es recuperar los abanicos anteriores incorporando la violencia y la intimidación como subtipo agravado. En la ley de Igualdad, la agresión sexual sin acceso carnal prevé entre uno y cuatro años de prisión, y ahora el PSOE quiere recuperar el abanico de uno a cinco años para los casos en los que haya violencia, intimidación o esté anulada la voluntad de la víctima.
La misma lógica se establece en las circunstancias de violación: ahora es de 4 a 12 años, y se sube a entre 6 y 12 cuando haya violencia o intimidación. También cuando incurren circunstancias agravantes como extrema violencia, uso de armas, actuación grupal, relación de parentesco, situación de discapacidad de la víctima o sumisión química: de 2 a 8 años cuando no haya violencia e intimidación, de 5 a 10 cuando la haya, de 7 a 15 cuando la agresión incluye acceso carnal y de 12 a 15 cuando esta violación también sea con violencia e intimidación. Además, se recuperan las penas anteriores cuando la agresión sexual se produce a menores: de 5 a 10 años cuando haya violencia e intimidación, de 8 a 12 en caso de violación y de 12 a 15 cuando haya violencia e intimidación.
El calvario probatorio
El gran conflicto entre el PSOE y Podemos no es tanto de penas arriba y abajo como del espíritu que impregnaba la norma. Igualdad siempre ha defendido que eliminar la violencia y la intimidación y, por lo tanto, eliminar la distinción entre abuso y agresión sexual, hacía que el foco se pusiera en el consentimiento. "Hay que tener en cuenta la paralización de las víctimas cuando sufren una agresión. Se produce un miedo intenso que hace imposible que en aquel momento se pueda ofrecer resistencia y, por lo tanto, que se pueda acreditar la violencia", ha recordado Rodríguez. "¿Son menos graves estos casos que cuando la mujer se ha resistido y se puede probar la violencia?", se ha preguntado. De aquí la idea de centrarse en el consentimiento y ahorrarse el llamado "calvario probatorio" sobre la violencia por parte de las víctimas en un juicio.
Aun así, el ministerio de Justicia defiende que el consentimiento sigue estando en el centro porque el artículo en el que se hace referencia no se toca. En un encuentro con periodistas, Llop ha defendido "valentía y determinación" para subir determinadas penas, pero de manera proporcional a las circunstancias de la agresión. Con este argumento rechazó la última propuesta de Igualdad, que aceptaba introducir la violencia y la intimidación como agravante en el artículo 180, junto con la sumisión química, la relación de parentesco, etc. Esto habría podido propiciar que una agresión sexual sin acceso carnal, pero con intimidación, pudiera estar penada con hasta ocho años de prisión, una pena que Justicia ve desproporcionada. De todas maneras, lo que el equipo de Irene Montero lamenta es que el PSOE no se haya abierto a discutir sobre hasta seis propuestas y haya acabado optando por el derecho con una iniciativa que, critica, supone volver al esquema del no es no en lugar del solo sí es sí. A la práctica, volver al modelo que distinguía el abuso y la agresión en dos delitos diferentes.
Precisamente, este lunes la Audiencia de Navarra ha rechazado rebajar la pena a uno de los condenados de la Manada de 2016, cuando empezó todo. Justifica que los 15 años de prisión impuestos finalmente por el Supremo encajan en el abanico que prevé la nueva legislación –aunque la pena mínima baje– y, por lo tanto, se pueden mantener. Ángela Rodríguez se ha acogido a este ejemplo en un día tan señalado y ha tuiteado: "¿De verdad queremos volver al Código Penal de la Manada?". El PSOE ha tensado la cuerda, ninguna de las dos partes dan por agotadas las negociaciones y hay quien quiere ver también un cierto tacticismo electoral. Mientras tanto, ni Justicia ni Igualdad garantizan que se podrán evitar con toda seguridad las rebajas de penas.
