La reforma de la ley de la dependencia ofrecerá ayuda para ir de compras e ir al médico

Madrid / BarcelonaDiscapacidad y dependencia de la mano, complementariedad de ayudas y más apoyo en casa. Éstas son algunas de las novedades que presenta el proyecto para reformar las leyes de dependencia y discapacidad que el consejo de ministros ha aprobado este martes en segunda vuelta. Ahora le quedará el trámite parlamentario. El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha defendido las iniciativas como las "de gran alcance" de la legislatura porque, por una parte, blinda contra la discriminación a las personas con discapacidades y, por otra, proyecta hacia el futuro el nuevo modelo de cuidados asumiendo las elevadas tasas de envejecimiento de la población en los próximos años.

Con las reformas se crea una pasarela en la que las personas que tengan un grado I de dependencia (el más bajo) tendrán reconocido automáticamente un 33% de discapacidad, y un 66% de discapacidad para los grados II y III. A partir de aquí, se realizarán evaluaciones individuales para quienes reclamen más grados de los que le corresponden a través de estas correspondencias.

Otra novedad es que el servicio de ayuda a domicilio toma fuerza para responder al espíritu de la reforma que quiere garantizar que las personas se mantengan en su casa siempre que su situación física o psíquica le permita retrasar al máximo el tiempo de entrada en una residencia. De este modo, el servicio se prevé que vaya más allá de una ayuda dentro del ámbito doméstico y estrictamente en cuestiones relacionadas con los cuidados o la higiene como ocurre hasta ahora.

Sobre el papel, el ejecutivo español apuesta por ofrecer más tiempo para que la cuidadora profesional pueda acompañar a la persona dependiente para ir al médico o incluso ir de compras. Siguiendo esta línea, la reforma también incluye la asistencia personal como un servicio más del sistema. Actualmente, los servicios domiciliarios básicamente se centran en la teleasistencia y en Cataluña la asistencia profesional no llega a las dos horas diarias para los grandes dependientes.

Precisamente, la teleasistencia como un derecho universall para todas las personas con dependencia, lo que significa que no puede ser considerada como una prestación única sino una complementaria con el derecho a otras prestaciones.Las personas que vivan en residencias también pueden solicitarla.

Recortes de hace más de una década

En la rueda de prensa posterior a la reunión del gobierno español, Bustinduy ha anunciado que ahora se aprovechará para revertir los "dos recortes" que impuso en 2012 el gobierno del PP y que durante esta década larga se han mantenido en detrimento de la calidad del servicio. Esto significa que se acabará con el régimen de incompatibilidades para poder tener prestaciones de dependencia a la vez, como por ejemplo, acceder a una plaza pública de centro de día y una prestación económica. También se elimina el período de dos años en que la cuidadora familiar puede tardar en cobrar la prestación una vez reconocido el Plan Individual de Atención (PIA).

Una vez los proyectos de reforma han pasado en el Congreso, se abre el periodo de enmiendas para que los partidos políticos digan la suya y, por tanto, todavía se podrían recibir modificaciones. Bustinduy se ha mostrado optimista en que una ley así salga adelante y lo ha comparado con el consenso logrado con otras normas como la ley ELA o el cambio en la Constitución para ampliar los derechos de las personas con discapacidad y eliminar el uso de la expresión "disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos", tal y como se recogía antes. "Estoy convencido de que se seguirá ese camino del interés general", ha afirmado el ministro.

Sin presupuesto

De nuevo, la segunda presentación de las reformas se ha realizado sin detallar cuál será el presupuesto. En este punto, Bustunduy ha defendido que se ha hecho un "esfuerzo fiscal sin precedentes" para prestaciones y servicios, "multiplicando por cuatro las inversiones de gobiernos anteriores", pese a las críticas de diversas organizaciones del tercer sector por la falta de apoyo económico del Estado por actualizar la ley de dependencia, que ha quedado obsoleta tras dieciocho años de vigencia.

En todo caso, el ministro ha reconocido que aún no se ha alcanzado el acuerdo de gobierno entre PSOE y Sumar en el que se preveía una aportación del 50%-50% en dependencia entre el Estado y las comunidades autónomas. "Queremos dar pasos firmes para lograrlo [el compromiso]", ha dicho. Sin embargo, la falta de unos nuevos presupuestos generales del Estado (siguen prorrogados los del 2023) no facilita alcanzar este objetivo.

Desde la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales se ha constatado que la aportación del Estado se ha reducido en el último año y se ha frenado la tendencia al alza. Para llegar a la mitad de la inversión, el gobierno español tiene un gran camino por correr porque sólo aporta el 27% de los presupuestos en esta materia. En Cataluña todavía es inferior y se sitúa entre las comunidades con menor participación estatal: el 22,6% por el 77,4% que aporta la Generalitat. Según esos mismos datos, Catalunya invierte en dependencia 261 euros por habitante, mientras que los territorios más generosos son Euskadi, con 432 euros, y Extremadura (399 euros).