Los servicios sociales de Cataluña aprueban por la mínima

BarcelonaMadres con criaturas grandes dependientes que deben dejar de trabajar. Hijas o esposas que cuidan en casa a los padres o parejas. "Las familias, básicamente mujeres, se ven obligadas a inmolarse, a hacer grandes sacrificios de su vida", resume Gustavo García, coordinador del Índice DESC 2024, con el que anualmente la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales cuenta con cifras oficiales el estado de los servicios sociales públicos. La frase sirve para ilustrar hasta qué punto los nuevos modelos de cuidado a domicilio que propugnan todos los gobiernos (el ministerio tiene en marcha una estrategia de desinstitucionalización) fracasan al chocar con la realidad de los hogares que deben hacer manos y mangas para cuidar al familiar dependiente con las pocas ayudas públicas que reciben.

El estudio, que se ha presentado este lunes, toma una fotografía de las comunidades autónomas y, de nuevo, Catalunya vuelve a obtener una nota discreta en el ranking y se sitúa en el noveno puesto, aunque por segundo año presenta una tímida mejora. Quien quiera mirar hacia adelante, debe fijarse en las políticas de Navarra, Castilla y León y Euskadi, que ocupan el podio.

En Cataluña, la atención domiciliaria se basa sobre todo en la teleasistencia, un servicio que en algunos municipios es de copago y en otros es gratuito. El botón para conectar con las urgencias sociales tiene uno de los mayores índices de cobertura, con un tercio de los mayores de 75 años, 10 puntos más que la media estatal. Salvo este aspecto, no hay muchas mejores noticias.

Quien quiere continuar en su casa pero necesita ayuda extra debe armarse de paciencia, porque la cobertura deayuda profesional a domicilio pagada por fondos públicos es del 8,8%, según el estudio, tres puntos inferior a la media española. Pero, además, si se analiza la intensidad de este servicio, la media en Catalunya no alcanza 14 horas semanales, concretamente 13,45 horas, mientras que en España, los beneficiarios tienen casi el doble, 21,1 horas. En este apartado, el informe puntúa un 0 en la administración catalana, aunque entre 2022 y 2023 se aumentó en casi tres horas. Sin embargo, en dos décadas el aumento ha sido sólo de cinco horas. "O las familias se inmolan o institucionalizan al familiar si tienen dinero", señala García.

Pocas plazas geriátricas y más centros de día

El informe no hace referencia a las más de 13.000 personas que estaban a finales de año en lista de espera para una residencia y que, en según qué zonas, los centros ya avisan de que una vez que se hace la preinscripción se puede tardar hasta tres años en entrar. Lo que sí apunta el análisis es que Catalunya dispone de menos plazas geriátricas con financiación pública que la media estatal: 4% frente al 5,75% de plazas para personas mayores de 75 años.

Donde ha habido un esfuerzo es en los centros de día con financiación pública (ya sea por la titularidad del servicio o con concertación) que han pasado del 0,7% de plazas al 2,7%, según datos aportados por el Imserso. Este es un servicio que alivia a las familias para ganar unas horas y también presta una atención integral al dependiente.

En cuanto a la atención a la pobreza, sólo el 10% de las familias que en 2023 vivían por debajo del umbral de la pobreza eran beneficiarias de rentas de inserción, básicamente, la renta garantizada de ciudadanía, y se ha notado una bajada de seis puntos respecto al año anterior una vez pasado el grueso del escudo social activado a raíz de la pandemia. En España, la media es aún más baja, un 6%, con dos extremos: el 58% de cobertura alcanzado por Euskadi y el 0,3% de Castilla-La Mancha.

Esta brecha supone para el coordinador del estudio un claro ejemplo de "las diferencias escandalosas sobre la protección social" en función de la comunidad donde se reside, una situación que, más que los debates políticos, discrimina y separa a la población, reprochó: "Esto también es cohesión".

564 euros por persona

La calidad de los servicios va en relación con las partidas presupuestarias. En Catalunya, en 2023 las políticas sociales se llevaban 564 euros por persona, 200 euros más que en 2011, mientras que las últimas españolas sitúan la inversión consolidada en 548 euros por habitante. Por lo que respecta al PIB, Cataluña destina el 1,58% de su riqueza a programas y servicios sociales, mientras que la media española es de 1,76%.

Los responsables del DESC señalan la debilidad de servicios de Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Baleares, mientras que en el grupo con nota "media-baja" acompañan a Cataluña Asturias, Aragón, Andalucía y Extremadura.