Argimon defiende el polémico contrato de mascarillas : "Nos teníamos que buscar la vida y no nos equivocamos"

Barcelona"Era una operación de riesgo, pero hicimos lo que tocaba porque necesitábamos los materiales para proteger a los profesionales sanitarios. Nos teníamos que buscar la vida y no nos equivocamos", ha afirmado el conseller de Salud, Josep Maria Argimon, que ha comparecido este jueves ante la comisión ordinaria de salud en el Parlament a petición propia para defender el polémico contrato de mascarillas y trajes de protección entre el Govern y la empresa Basic Devices, firmado los primeros días de la pandemia. La contratación se hizo por la vía de emergencia por un valor inicial de 60 millones de euros y la Oficina Antifraude de Catalunya investigó y calificó la operación de “temeraria” por la falta de referencias sólidas sobre la compañía –era la primera vez que hacía de proveedor del sistema sanitario– y por el pago anticipado para asegurar la adquisición, que finalmente se realizó y se pagaron 35 millones de euros. "Siempre es más cómodo no asumir riesgos, pero en la situación de máxima escasez y presión asistencial en la que estábamos lo teníamos que hacer. Se hizo lo que se pudo", ha reiterado Argimon, que era el director del Instituto Catalán de la Salud (ICS) en aquel periodo.

El conseller ha iniciado la comparecencia destacando que ni Antifraude ni la Sindicatura de Cuentas, los órganos fiscalizadores y de control, han encontrado ninguna irregularidad en este contrato de material sanitario. “No hay ningún elemento corruptivo. Eran unas circunstancias muy complicadas para encontrar y comprar materiales, y todo lo que recibimos se entregó en los centros sanitarios”, ha explicado. Según ha expuesto Argimon, las principales empresas que el ICS y los centros e instituciones sanitarios contratan habitualmente manifestaron "dificultades extremas" para acceder al mercado. El principal escollo era la ruptura de stock, que aumentó muchísimo los precios, y la especulación y la competencia feroz entre países –y también entre comunidades autónomas–, que se generó porque el principal país productor, China, les proporcionara el material, ha dicho el conseller.

"Eso que antes llegaba en barco en una semana tenía que llegar por avión en pocos días. Pero incluso a pie de pista el material se subastaba al mejor postor", ha añadido Argimon, que ha comparecido acompañado del entonces director del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut), Adrià Comella, y el director del área económica del mismo ente, Iván Planas.

De hecho, el ICS y el CatSalut habilitaron una central de compras para garantizar el aprovisionamiento del sistema, que era incapaz de proveerse por los canales habituales. Entonces, la empresa Basic Devices se presentó como intermediaria del mercado chino y se comprometía a proporcionar 2 millones de mascarillas quirúrgicas y 2 millones de las del tipo FFP2 (7,1 millones de euros), 2 millones de EPI (48 millones de euros), 50 respiradores (1 millón de euros) y 50 equipos de ventilación mecánica no invasiva (1,5 millones de euros). En total, el gasto ascendía por encima de los 60,5 millones de euros.

Uno de los puntos problemáticos en los que Antifraude puso la lupa fue que en el Govern hiciera efectivo un abono anticipado de más de la mitad del coste previsto, de 35 millones de euros, tal como pedía la compañía, con sede en Vilafranca del Penedès, para garantizar la adquisición. El organismo cree que la cantidad que se avanzó fue "muy elevada" y que, además, las referencias de esta empresa "eran débiles" para confiar en su acceso a un mercado "de máxima escasez y tensión".

"Si hay sospecha de fraude, abortamos"

"Aunque había un sobrecoste, había que contratar porque necesitábamos el material. Si no hubiéramos salido adelante, habríamos tenido más problemas de aprovisionamiento", ha afirmado Argimon. Como ejemplo, ha destacado que en enero de 2020 se gastaban 12.000 mascarillas y en pandemia la cifra se multiplicó por 20, hasta picos de 500.000. Aun así, la sospecha de fraude también planeaba sobre el Govern. El mismo 20 de marzo, el día que se hizo la contratación con Basic Devices, varios responsables de Economía y Hacienda, departamento entonces liderado por el actual president de la Generalitat, Pere Aragonès, presentaron una denuncia ante los Mossos d'Esquadra por una tentativa de estafa por parte de esta mercantil. La víctima era la Generalitat.

Las entidades financieras con las que habitualmente trabaja la administración alertaron de que la empresa nunca había tenido ingresos tan altos y que no contaba con un historial conocido sobre operaciones de este tipo. “El CatSalut envió un correo en mi nombre diciendo, literalmente, si hay sospecha de fraude, si las cosas están así, abortamos la operación, bloqueamos los fondos entregados en la empresa y denunciamos”, ha explicado Argimon. Y esto pasó: se presentaron los indicios a los Mossos y se bloqueó el pago. Pero tres días después, las mismas personas la retiraron, puesto que la emprendida contratista habría aportado "información considerada suficiente" para demostrar la solvencia y retirar la denuncia. "Y cinco días después llegaron los materiales", ha concluido Argimon. El hecho de que llegara el material, ha dicho, demuestra que no fue un error proceder con el contrato.

Los grupos parlamentarios han manifestado en bloque la comprensión ante la emergencia y el clima de incertidumbre en el que se tuvo que gestionar durante las primeras semanas de pandemia, pero también han puesto el foco en la falta de previsión y el riesgo de las operaciones de emergencia, no solo en el caso de Basic Devices, sino con los diversos contratos que han ido saliendo a la luz, como por ejemplo los 8 millones de euros que la Generalitat pagó por error a una empresa de respiraderos y que todavía no ha recuperado.

La diputada de Cs Anna Grau ha ido un paso más allá y ha acusado a Argimon de "hacer un Ayuso" cuando aduce que no se podía hacer otra cosa y justifica así "las decisiones extrañas y la falta de transparencia" del ICS y del CatSalut.