Aumentan las solicitudes de eutanasia en Cataluña, pero más de la mitad se deniegan
El 40% de los catalanes que la recibieron en 2023 tenían una enfermedad neurológica
BarcelonaLas graves e incurables enfermedades, el sufrimiento insufrible y el dolor crónico e imposibilitante pueden hacer del día a día un auténtico infierno. Hace tres años se aprobó la ley de la eutanasia para ayudar a morir dignamente a personas en situaciones como éstas que quisieran dejar de vivir. Desde entonces, las solicitudes para recibirla en Cataluña no han parado de crecer, aunque más de la mitad se deniegan: el pasado año 94 personas recibieron asistencia médica para poner fin a su vida de las 219 que lo solicitaron. En 2021 se recibieron 137 peticiones, y en 2022, 175. Pese al aumento de solicitantes, la cifra de personas que la han recibido en el último año se mantiene estable respecto a hace dos años. Las enfermedades neurológicas y oncológicas son las patologías de base de la mayoría de las personas que recibieron la eutanasia, representando un 40% y un 26% del total de solicitudes, respectivamente.
También ha aumentado el tiempo de espera desde que una persona solicita la eutanasia hasta que se le aplica. Ahora es casi dos meses, mientras que antes la media de resolución de las peticiones era de 42 días. Según Derecho a Morir Dignamente, este plazo debería ser de entre 30 y 45 días, y atribuyen este incremento al volumen de trabajo de los profesionales y administrativos que deben realizar los trámites. La entidad considera que las oficinas de promoción de la ayuda a morir no cuentan con profesionales suficientes y advierte que muchos médicos no pueden asumir las peticiones porque no pueden dejar de atender al resto de pacientes. En 2022, un tercio de las personas que pedían la eutanasia murieron antes de que la comisión independiente llegara a una conclusión. Este año Salut no ha proporcionado estos datos.
Por tercer año consecutivo, la mayoría de las solicitudes que recibió la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña (CGAC) procedían de la atención primaria. En concreto, el primer nivel asistencial trasladó el 60% de los casos para que los evaluaran, y los hospitales el 32%. Muy por detrás lo hicieron la atención intermedia y las residencias, con un 6% y un 2% respectivamente. En este sentido, Derecho a Morir Dignamente afirma que muchas residencias y centros sanitarios privados derivan casos a centros públicos por objeción de conciencia o por ahorrarse trámites, y pide acabar con estas derivaciones. Sin embargo, la entidad también reclama que no haya demoras en las peticiones de los pacientes y que todos los profesionales estén correctamente informados sobre la ley.
Médicos objetores
Según la conselleria de Salut, el número de profesionales sanitarios que se han acogido al derecho a objetar en conciencia la práctica de la eutanasia es de alrededor de un 1%. El departamento afirma que esta cifra no impacta en la prestación, y que no ha dificultado que las personas que han solicitado la eutanasia y pudieran recibirla. Hay que remarcar que existen unos requisitos legales rígidos que se exigen para recibir ayuda para morir. Por género, de las 219 personas que la solicitaron, 118 eran mujeres, con una edad media de 75,32 años, y 101 eran hombres, con una edad media de 73,79 años. Las prestaciones se realizaron en un centro hospitalario en un 48% de los casos, en el domicilio en un 36%, en un centro de atención intermedia en un 6%, y en centros residenciales en un 10%.
