BarcelonaLa ministra de Sanidad, Mónica García, ha enviado este martes un requerimiento formal a las comunidades gobernadas por el PP para que le remitan en un plazo máximo de un mes los datos de los programas de detección temprana de cáncer de mama, colon y cuello uterino de los últimos cinco años que les reclamó tras los errores detectados en Andalucía y que se han negado repetidamente a facilitarle. García ha añadido que si no tienen todos los indicadores solicitados de los últimos cinco años, los ejecutivos estarán obligados a remitir al menos los resultados que tengan disponibles hasta ahora o aquellos que utilicen actualmente en la evaluación de los programas autonómicos de cribados. Por su parte, en varias comunidades gobernadas por el PP, como Madrid y Andalucía, se argumenta que la petición no se ajusta a la normativa vigente y que la herramienta para compartir datos todavía no está operativa.
Con este requerimiento, Sanidad inicia el procedimiento legal para obtener los indicadores reclamados –cuántas personas se someten a programas de detección precoz, cuántos casos se detectan y en qué momento–, como ya hizo hace unas semanas con el registro de objetores en el aborto en Aragón, Baleares y Madrid, y que el gobierno de Ayz En la rueda de prensa posterior al consejo de ministros, García ha afirmado que si el ministerio no recibe la información solicitada en el plazo de un mes, acudirá a la jurisdicción del contencioso administrativo para tener los datos porque "la ley, en ese país, se cumple".
A raíz del escándalo en Andalucía, donde ha habido errores y retrasos en los diagnósticos del cáncer de mama que afectan más de 2.300 mujeres, y por el queya están las primeras denuncias sobre la mesa de la Fiscalía Superior de Andalucía, el ministerio de Sanidad pidió a todas las comunidades autónomas datos sobre los cribados de cáncer. Aunque el problema en la comunidad gobernada por Juanma Moreno era eminentemente en la detección del cáncer de mama, el gobierno español reclamó datos también de los cribados de colon y cuello uterino.
Los gobiernos de Madrid, la Comunidad Valenciana y La Rioja, todos del PP, se negaron, aduciendo que no tienen ninguna obligación y que la solicitud del ejecutivo de Pedro Sánchez busca "la confrontación política". Este mismo martes el gobierno de la Comunidad de Madrid criticó la "huida hacia adelante" de la ministra, le reprochó que apele a una lealtad institucional de la que ella "carece del todo", y reiteró que sigue faltando la herramienta para vaciar datos. "La red de cribados de cáncer no es útil ni válida, ya que no es una red oficial que cuente con la participación de todas las comunidades", añadió. Sin embargo, García ha asegurado que el resto de comunidades ya han enviado la información o están en trámites para enviarla.
Paso previo a los tribunales
Fuentes jurídicas apuntan al ARA que un requerimiento como el anunciado por el ministerio es común antes de iniciar un procedimiento judicial contencioso, que es la jurisdicción que se encarga de las actuaciones de la administración. El ministerio ha aclarado que su petición se ampara en distintas normas, como la general de sanidad, la ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud (SNS) y la ley general de salud pública, que "obligan a las administraciones a cooperar y facilitar la información necesaria para poder ejercer la vigilancia y la coordinación en materia de salud pública".
Las mismas fuentes añaden que existe "una obligación constitucional" de las comunidades autónomas de colaborar tanto entre ellas como con la administración superior para que cada una pueda ejercer sus competencias. Por tanto, añaden, compartir los datos de los cribados entraría en la obligación de permitir que el ministerio pueda ejercer sus competencias.
"Las mamografías en este país son sagradas", ha afirmado García, quien ha asegurado que "no hay ningún interés político espurio, ni ningún cálculo electoral" que esté por encima de eso. La ministra ha subrayado que estos datos "no son del señor Moreno Bonilla, no son de la señora Ayuso, no son del señor Mañueco". Por eso, pidió "transparencia" y las acusó de "deslealtad".
A juicio de la ministra, la negativa a hacer públicos los cribados demuestra que el Partido Popular "está encubriendo" a Moreno y la "incompetencia y la misma negligencia" de todas las comunidades donde gobierna, "o ambas cosas a la vez". "La Junta de Andalucía debe abandonar su soberbia y esa omisión del deber de proteger la salud de las mujeres", ha añadido. Y ha concluido: "El PP debe abandonar ese modelo de gestión, de sus negligencias, basado en el desprecio a las víctimas".
Cataluña responde
En Catalunya, la portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ha asegurado que el programa de cribados de cáncer de mama funciona "correctamente" y está "bien valorado". También ha asegurado que, en caso de que haya cambios en la población llamada a hacérselos –que actualmente son mujeres de entre los 50 y los 69 años cada dos años–, la Generalitat no pondrá "ningún tipo de limitación presupuestaria".
Paneque también criticó que en la última interterritorial de Sanidad no pudieron abordar estas cuestiones "porque los representantes de las comunidades del PP se levantaron de la mesa y no permitieron que hubiera suficiente quórum para aprobarlo". "Antes de hacer una crítica, uno debe considerar las responsabilidades que tiene dentro de los organismos. Y antes de levantarse de la silla debe tener en cuenta las consecuencias que esto puede acarrear", ha dicho.
