Juicio del ataque homófobo en el metro: la víctima dice que se ha ido de Barcelona por miedo al transporte público

BarcelonaEl joven de 23 años que en enero del 2019 fue agredido por su condición de homosexual en el metro de Barcelona ha tenido que marcharse a vivir fuera de la capital catalana. Lo ha explicado durante el juicio de los hechos, que ha empezado este viernes en Barcelona. Según el chico, desde entonces tiene cierto miedo a viajar en transporte público y se ha ido a vivir a su pueblo de origen. Además, también le cuesta dar la mano a otros chicos en público. Las acusaciones han retirado los cargos contra uno de los tres acusados y piden cinco años de prisión para los otros dos, que han admitido que estaban en el lugar de los hechos, pero no han reconocido ser los autores de la agresión. El juicio se tenía que hacer en febrero, pero se aplazó porque uno de los acusados no se presentó.

Según la Fiscalía, el día de los hechos la víctima subió a la línea 1 del metro hacia las 6 de la mañana, para ir a trabajar. El grupo formado por los tres acusados y otro menor –que ya fue condenado a 22 meses de libertad vigilada– incomodó e increpó al chico por la ropa que llevaba, hasta que la víctima pulsó el botón que comunica con el conductor del convoy y consiguió bajar, en la parada de Urquinaona. Según el ministerio público, sin embargo, los acusados siguieron a la víctima y finalmente el menor le habría clavado un golpe en el cuello que lo hizo caer al suelo. Aprovechando la caída le dieron una paliza, que habría acabado cuando los agentes de seguridad llegaron.

A consecuencia del ataque, explica la Fiscalía, la víctima sufrió varias heridas y lesiones en la cara y ansiedad postraumática, y requirió baja laboral, puntos de sutura, medicación y psicoterapia durante dos meses. Por todo esto, la Fiscalía los acusa de un delito de lesiones con la agravante de discriminación por orientación sexual y pide para ellos cinco años de prisión y prohibición de aproximación y comunicación con la víctima durante diez años. Para uno de los acusados, que es extranjero y podría no tener permiso para residir en el Estado, se pide sustituir la prisión por la expulsión del país durante ocho años. También se les solicitan casi 12.000 euros en indemnizaciones a la víctima por las secuelas físicas, psicológicas y morales. La Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona y el Observatori contra l'Homofòbia también forman parte de la acusación en este caso.

Tres años a la espera de una reparación

Antes del inicio del juicio, varios representantes del Observatori contra l'Homofòbia (OCH), así como el regidor de Derechos de la Ciudadanía del Ayuntamiento de Barcelona, Marc Serra, han acompañado a los abogados de la víctima y han remarcado la buena “coordinación” entre los agentes implicados. Aun así, Cristian Carrer, miembro del OCH, ha lamentado que estos casos no se arreglan a “golpe de sentencia” y ha pedido que todo ello se complemente con medidas de carácter pedagógico.

Carrer también ha lamentado la demora en la celebración del juicio, que se ha acabado retrasando tres años. “Se tiene que garantizar la reparación de las personas afectadas, ofrecer un amplio abanico de recursos porque tanto tiempo puede generar mucha fatiga emocional”, ha insistido. En la misma línea se ha pronunciado Serra: “¿Qué habría pasado si el Ayuntamiento y el Observatori no hubieran estado ahí? Pues que no habría juicio. El sistema judicial es demasiado lento y presenta una carencia de recursos”, ha sentenciado.

Serra ha recordado que desde la Oficina por la No Discriminación se registran unas 80 agresiones al año, si bien la gran mayoría no son agresiones físicas. “Lo de hoy es un hecho especialmente grave”, ha añadido, pero también ha valorado que haya servido, por ejemplo, para mejorar la seguridad de los espacios del transporte público.