Vox: ¿uso o abuso de los tribunales?
Los juristas piden limitar el papel de los partidos como acusaciones populares en las causas judiciales para evitar que las instrumentalicen
BarcelonaLa presencia de Vox en los tribunales es un hecho habitual desde hace unos años. La formación de Santiago Abascal se ha personado como acusación popular en diferentes procedimientos, sobre todo contra el independentismo y en casos de corrupción. Pero el partido también ha empezado a hacer acto de presencia en otro tipo de causas: las que hacen referencia a delitos violentos si el presunto autor es de origen extranjero. A pesar de que la argumentación no forma parte de los escritos enviados a los juzgados, la formación no se esconde, de cara a la opinión ciudadana, de que quiere estar presente en este tipo de causas para defender un cambio legislativo que obligue a expulsar inmediatamente a los migrantes si delinquen. Este es el argumento con el que justificaban públicamente la petición de sumarse a la investigación abierta por la violación de una menor en Igualada, que el juez todavía está valorando.
El caso de Igualada no es una excepción. La formación ultra también es acusación popular en casos como el de un atropello múltiple en una terraza del municipio murciano de Torre Pacheco, la agresión sexual a una mujer de edad avanzada en Tamarite de Litera (Huesca) o un asesinato machista en Tarancón (Cuenca). En todos los casos los detenidos son de origen extranjero. El abogado Miguel Capuz recuerda que actualmente la ley de enjuiciamiento criminal (Lecrim) permite a cualquier persona o entidad, incluidos los partidos políticos y las administraciones públicas, ejercer la acusación popular, independientemente del objetivo que persigan. Ahora bien, el penalista se muestra partidario de que los jueces "filtren" las peticiones que hagan los partidos o instituciones para evitar que "instrumentalicen" la causa por motivos ideológicos.
De hecho, el anteproyecto de reforma de la Lecrim pretende regular la figura de la acusación popular y prohibir expresamente a los partidos políticos o sindicados ejercerla. También encorseta la posibilidad de que lo hagan las administraciones. Sin embargo, la aprobación definitiva del texto parece haber quedado aparcada. "Es complicado porque es el propio legislador quien se tiene que acabar autoexcluyendo", comenta Capuz. Algunas instancias judiciales también han intentado regular esta figura. Por ejemplo, la Audiencia de Barcelona acordó que las instituciones no pudieran ejercer la acción popular excepto en los casos donde los habilite una ley específica, como por ejemplo la ley de protección a la infancia. A raíz de este acuerdo, el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat fueron expulsados de la causa por las cargas policiales del 1-O en la capital catalana.
Capuz advierte que "la acción popular no puede distorsionar" el procedimiento judicial. Con las leyes actuales en la mano, el penalista asegura que los tribunales no pueden "prohibir" a los partidos ejercer esta figura. Pero, a pesar de que no se pueda vetar su inclusión en el procedimiento, según el abogado, el juez sí que tiene herramientas para evitar que "instrumentalicen" las causas, siendo muy "restrictivo" a la hora de admitir o no las pruebas que pidan. Para Capuz, la vara de medir tiene que ser si estas diligencias "son útiles" a la hora de esclarecer el delito.
Una presencia incómoda
Uno de los tribunales que más rechazo ha expresado últimamente hacia el papel judicial de Vox es el Supremo, por su papel en la causa del Procés. A pesar de que el juez Pablo Llarena no cuestionó la presencia de la formación como acusación popular, sí que lo hizo el magistrado Manuel Marchena en la sentencia: "Es verdaderamente perturbador ", aseguraba el tribunal, que, a pesar de admitir que con la ley en la mano la justicia no podía impedir que los partidos ejercieran la acción popular, sí que argumentaba que su presencia "sin duda no es positiva", porque implica "el riesgo" de ensuciar los casos "con el lenguaje propio de la confrontación política".
Más allá de Vox, también ha habido casos de éxito del papel de los partidos como acusación popular, como por ejemplo el de la CUP en la causa por los sobresueldos de CatalunyaCaixa o los abogados de Esquerra Unida, claves para que la causa sobre la caja B del PP no se archivara inicialmente.
