Nuevo intento de poner en hora el reloj de la ciencia

BarcelonaEl reloj de la investigación en España se paró por última vez en los alrededores del año 2010 a consecuencia de la crisis financiera. A diferencia de lo que pasaba en países del entorno, como Alemania, el Reino Unido o Francia, donde se reforzó la inversión, en el estado español se impusieron unos recortes de tal magnitud que se pusieron en riesgo proyectos de investigación, carreras profesionales, el mantenimiento de infraestructuras o colaboraciones internacionales. La segunda ley de la ciencia en democracia, promulgada en 2011, quedó desdibujada. Ahora, once años más tarde, el gobierno español quiere dar luz verde a una reforma para enderezar la falta crónica de financiación, limitar el peso de la burocracia y aportar soluciones estables para la contratación de investigadores. Sin embargo, el texto, que este viernes se aprobará en el consejo de ministros pero todavía tendrá que superar el trámite parlamentario, no aclara qué mecanismos piensa habilitar para hacerlo posible.

El mismo ministerio de Ciencia admite en el preámbulo del proyecto de ley que debate ahora el gobierno español que “entre 2011 y 2016 se perdieron hasta 5.000 plazas de investigadores” y que “un número elevado” de profesionales se vieron obligados a establecerse en otros países bien para completar su formación, principalmente como doctores, bien para iniciar una carrera profesional con garantías. Y justamente este es uno de los puntos que quiere revertir la nueva ley.

El objetivo, dice el texto, es eliminar “la precariedad” de los investigadores jóvenes, definir con “más precisión” una carrera profesional “estable” y, dentro de lo posible, facilitar el regreso de aquellos que en estos momentos están en instituciones de otros países. En este sentido, el anteproyecto mantiene la figura del tenure track como fórmula preferente de contratación. Con esta nomenclatura, importada directamente de los modelos anglosajones y de Estados Unidos, el mecanismo consiste en definir tramos en la carrera profesional, normalmente a partir de objetivos, hasta establecer una plaza permanente. Queda fuera, por lo tanto, del actual modelo funcionarial y eliminaría los contratos temporales tanto de los centros de investigación como de las universidades.

12.000 investigadores más

La reforma de la ley también plantea reducir la carga burocrática que atenaza la gestión de la investigación. Según la nueva norma, se tendría que aligerar el papel de Hacienda, que impone un tratamiento fiscal negativo respecto a las ayudas a la investigación, la adquisición de material y equipos o la misma contratación de personal. Del mismo modo, se quiere potenciar el papel de los investigadores en la transferencia tecnológica y, en general, los mecanismos de I+D favoreciendo la entrada de inversión privada en el sistema, uno de los déficits crónicos de la ciencia española.

Globalmente, la reforma tendría que permitir la incorporación de 12.000 investigadores en los próximos años, con especial énfasis en la promoción de las mujeres científicas. El texto señala el objetivo de garantizar “la composición equilibrada de género, un 40% mínimo, en comités de evaluación y jurados de premios".

La Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE), una institución que reúne 84 sociedades científicas y representa 40.000 investigadores, lamenta que el nuevo texto no resuelva problemas estructurales como el “déficit de financiación, la endogamia, los científicos expatriados, la burocratización, la falta de planes plurianuales, la falta de planificación o el sistema de información”. Además, considera que la ley tendría que proporcionar a los centros de investigación un “marco de gestión coherente” y dotar al sistema universitario de una política unificada en cuestiones “tan sensibles” como la gestión de personal.