Leyes más represivas que hace 25 años contra la libertad de expresión

BarcelonaDespués de los Juegos Olímpicos de Barcelona y antes de cambiar de siglo, en 1995, se aprobó la primera versión del Código Penal español que todavía está vigente. Se incluía el delito de apología del terrorismo, pero solo se podía aplicar si se incitaba de manera directa a cometer una conducta delictiva. En 2000, con la mayoría absoluta del PP y José María Aznar de presidente, se reformó el Código Penal incorporando un artículo específico de enaltecimiento del terrorismo –el 578, uno de los delitos que la justicia imputa a Pablo Hasél, Valtònyc y La Insurgencia por sus canciones–. Y en 2015, en otra reforma, se endureció este artículo 578 pasándolo de uno a tres años de prisión y precisando que si los mensajes se difunden por internet se aplica la mitad superior de la pena.

Al delito de enaltecimiento, más represivo que 25 años atrás, se le suma el hecho que la Audiencia Nacional ha dictado más sentencias por este motivo desde que ETA dejó de matar que cuando la banda estaba activa, como demuestra un análisis publicado por eldiario.es. “La falta de actividad armada hace que ciertos tribunales tengan que justificar su permanencia”, apunta la abogada Laia Serra. Coincide con ella el abogado Benet Salellas, que recuerda que la Audiencia Nacional está especializada en perseguir el terrorismo y se mantiene a pesar del fin de ETA. Tanto Serra como Salellas consideran que no se tienen en cuenta los estándares internacionales de la libertad de expresión y que la expansión actual del derecho penal español tampoco es habitual en otros países europeos.

Amnistía Internacional publicó un informe hace tres años para alertar que se utilizaba el enaltecimiento del terrorismo para “reprimir” la libertad de expresión. La ONG definió el artículo 578 como una herramienta para limitar los mensajes políticos en las redes sociales y también entre los artistas.

Desvincular la prisión de la ley mordaza

Cuando la Audiencia Nacional anunció que daba 10 días a Hasél para entrar en la prisión, una portavoz de Podemos vinculó su condena con la ley mordaza –que formalmente se denomina ley de seguridad ciudadana–, lo que es falso y el mismo rapero se encargó de desmentir. Pero esto, aparte de provocar una confusión, ha reabierto el debate sobre esta ley, que impulsó el PP con la mayoría absoluta de Mariano Rajoy como presidente. Se hizo en 2015, junto con la reforma del Código Penal que, entre otros, elevaba la prisión del enaltecimiento del terrorismo. “Se dio un paquete represivo porque las leyes se aprobaron con poca diferencia”, recuerda Salellas, que añade que la ley mordaza es administrativa –y, por lo tanto, sin penas de prisión– por incidir en las protestas en la calle y que si ahora se quisiera derogar también habría que modificar el Código Penal.

“Se demuestra la tendencia represiva del estado español. Es evidente que la deriva autoritaria está dando sus frutos tanto con las sanciones de la ley mordaza como con la aplicación del Código Penal”, asegura Serra. La abogada Teresa Vallverdú, miembro del colectivo Drets, concluye que “se ha hecho creer que ahora hay más libertad, y queda menos que antes”.

Nulas esperanzas de cambio

A pesar de que esta semana el Congreso de los Diputados, a propuesta del Partido Nacionalista Vasco, ha aprobado reformar la ley mordaza pero no derogarla, hasta ahora el gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos no había hecho ningún paso para revertir esta ley ni reformar el Código Penal. De hecho, en un encuentro online jueves con la eurodiputada Clara Ponsatí, Valtònyc descartaba que se produjera ningún cambio y Hasél cargó contra Podemos: “Son una pata más del régimen que está ayudando a perpetuarlo. Si me liberan será por la presión del movimiento solidario”.