Las 10 peores jugadas políticas de 2024

BarcelonaEn política se toman decisiones con unos objetivos determinados (aprovechar la coyuntura, desgastar al rival, etc.), pero lo cierto es que no siempre salen bien. Para explicar el año político, he hecho mi particular ranking sobre cuáles han sido las peores jugadas políticas del año, es decir, aquellas decisiones que se tomaron buscando unos resultados concretos y que finalmente no se lograron o, en algunos casos, resultaron del todo contraproducentes o desencadenaron efectos no previstos que sorprendieron a los autores.

La decisión de Vox de salir de los gobiernos autonómicos que compartía con el PP en julio tuvo una especial resonancia en la Comunidad Valenciana, donde el presidente, Carlos Mazón, se vio obligado a nombrar a un nuevo responsable de Interior tras la marcha de Elisa Núñez. La persona elegida fue Salomé Pradas, que en ese momento ocupaba la consejería de Medio Ambiente e Infraestructuras. Esa decisión ha resultado nefasta para Mazón, porque Pradas era la máxima responsable de los servicios de emergencias y protección civil el pasado 29 de octubre, el día en que una DANA arrasó parte de la provincia de Valencia.

Ese día fatídico que acabó con 223 muertos, tres desaparecidos y cientos de miles de afectados, Pradas lo hizo todo mal. Aparte de no haber tomado medidas el día anterior, como hicieron ayuntamientos e instituciones como la Universidad de Valencia, el mismo día movilizó tarde al UME pese a los ofrecimientos de la delegada del gobierno, Pilar Bernabé, y también convocó tarde el Cecopio (a las 17 h) y después avisó a la población con un mensaje en los móviles cuando la situación ya era desesperada. Ella misma reconoció después de que no sabía que existía el sistema SE-Alert. Mazón, que estuvo ilocalizable durante las horas críticas de la jornada, la acabó destituyendo, al igual que en la consejera de Turismo, Nuria Montes.

La legislatura catalana empezó a tambalearse cuando los comunes decidieron tumbar las cuentas pactadas entre Pere Aragonès y Salvador Illa el 13 de marzo. La excusa fue el proyecto del Hard Rock, pero la realidad es que los comunes vieron una oportunidad de oro para marcar perfil y desgastar al gobierno de Pere Aragonès, al que acusaban de doblegarse a los designios del PSC. Sus cálculos eran que Aragonés agotaría la legislatura igualmente y que, durante todo ese tiempo, ellos podrían sacar provecho y concentrar el voto a la izquierda de los socialistas.

La decisión de Aragonès de adelantar las elecciones les sorprendió, pero, sin embargo, las encuestas les sonreían y confiaban con mejorar resultados, aunque se enfrentaban a una campaña en la que se les acusaría de haber tumbado los presupuestos más expansivos de la historia de la Generalitat. Por si fuera poco, el adelanto en Catalunya provocó, de rebote, que Pedro Sánchez renunciara a aprobar sus propios presupuestos, por lo que la decisión de los comunes (espoleada sobre todo por Ada Colau) acabó perjudicando los intereses de Yolanda Díaz en Madrid.

Por último, los resultados de los comunes el 12 de mayo fueron desastrosos y pasaron de 8 diputados a 6, lo que provocó un profundo malestar en las bases del partido y obligó a Jéssica Albiach a asumir responsabilidades.

El mismo día que los comunes tumbaban los presupuestos, el 13 de marzo, Pere Aragonès avanzó las elecciones para el 12 de mayo. El movimiento, inspirado en el adelantamiento que hizo Pedro Sánchez justo después de las elecciones municipales y autonómicas del 2023, pretendía situar al presidente como una víctima del intercambio de vetos y, por tanto, como la opción a reforzar si se quería ganar estabilidad. En realidad, Aragonés y sus asesores querían ahorrarse la imagen de un gobierno agónico y sin apoyo parlamentario, así como evitar el desgaste que esperaban tener por la sequía.

Pero la jugada fue catastrófica. ERC pasó de 33 a 20 diputados y el gran ganador fue Salvador Illa, con 42. Aragonés también fue ampliamente superado por Puigdemont, que obtuvo 35. Los resultados comportaron la retirada política de Aragonès y una profunda crisis en ERC, que convocó un congreso en noviembre para elegir nuevos liderazgos en medio de una guerra civil entre junqueristas y roviristas.

Carles Puigdemont puso toda la carne en la parrilla para intentar ganar las elecciones del 12 de mayo y poder así volver a Catalunya como presidente después de siete años en el exilio. Para ello jugó una carta habitual en estos casos: anunció que si no era presidente se retiraría de la política. "Yo no puedo hacer política activa si no tengo la responsabilidad de la presidencia", dijo en una entrevista en RAC1.

La estrategia no funcionó y Puigdemont quedó lejos de Salvador Illa en las elecciones y, lo que es peor, sin posibilidad aritmética de arrebatarle la presidencia porque no había mayoría independentista. Lo que sí cumplió el expresidente es la promesa de volver a Catalunya para el debate de investidura, una aparición fugaz y una fuga que para sus seguidores fue una jugada maestra y para sus críticos una muestra de frivolidad. Con Isla ya investido y ejerciendo la presidencia, Puigdemont ha incumplido esa promesa y de hecho ha sido elegido presidente de Junts.

En plena crisis por la nefasta gestión de la DANA del presidente valenciano, Carlos Mazón, Alberto Núñez Feijóo ideó un plan para desviar la atención: acusarían a la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, de no haber informado a tiempo la Generalitat y boicotearían su nombramiento en Bruselas como vicepresidenta de la Comisión Europea. En un primer momento, el jefe del Partido Popular Europeo, Manfred Weber, apoyó a los populares españoles y forzó nuevas negociaciones con el resto de grupos.

Sin embargo, Weber en ningún momento pretendía tumbar a Ribera, como exigía Feijóo, sino simplemente obtener el apoyo de los socialistas al candidato de Meloni, algo que logró. Por si fuera poco, el anuncio de que el PPE votaría a favor de Ribera coincidió en el tiempo con un debate en el Congreso sobre la DANA con Pedro Sánchez. Feijóo quedó ridiculizado y se hizo evidente que prometió a los suyos algo que no estaba en sus manos. Por último, el PP español votó en contra de la Comisión, alineándose así con la extrema derecha y provocando el enfado de sus compañeros del PP europeo.

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quiso responder a una noticia falsa deEl Mundo sobre el caso que afectaba al novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, investigado por fraude fiscal, y desató toda una serie de hechos que han acabado beneficiando a la presidenta madrileña. En principio, Ortiz quiso emitir una nota para desmentir que la Fiscalía hubiera ofrecido un pacto a González Amador (fue al revés; su abogado reconoció los delitos y se abrió a un entendimiento con la Fiscalía para rebajar la pena), pero lo cierto es que los correos del abogado defensor acabaron filtrándose en la prensa y desembocaron en una investigación inédita de la justicia.

El Tribunal Supremo investiga ahora si García Ortiz o alguno de sus subordinados filtraron los correos al considerar que esto podría haber afectado al derecho a la defensa de González Amador. un caso que podría haber puesto contra las cuerdas Ayuso –porque su pareja es un defraudador fiscal confeso y ambos viven en un ático que habría sido pagado con el dinero escondido en Hacienda–, se ha convertido ahora en un caso contra la Fiscalía General del Estado y sobre el derecho a la defensa.

Prácticamente al día siguiente del fracaso electoral de ERC el 12 de mayo se puso en marcha una operación política que tenía por objetivo descabalgar a Oriol Junqueras de la presidencia y forzar un renovación total del partido. La punta de lanza de esta operación la representaba la secretaria general, Marta Rovira, quien el 15 de mayo hizo pública una carta en la que anunciaba que no optaría a la reelección y pedía un cambio de liderazgos. Pero Oriol Junqueras no se dio por aludido y reaccionó anunciando que abandonaba la presidencia del partido para presentarse a la reelección como militante de base.

Esto obligó a los roviristas a aumentar la presión contra Junqueras. que lo firmaban, la mayoría de los cargos del Gobierno y caras visibles en el Congreso y en el Parlament, hizo que llegara al millar de apoyos. práctica, el manifiesto no logró el efecto bola de nieve que buscaba y Junqueras resistió. pasado a Pedro Sánchez en el 2016. Junqueras acabaría ganando el Congreso con el 52% de los votos en segunda vuelta y, además, alguno de los firmantes del manifiesto, como Ester Capella, acabaría pasando a sus filas.

Una de las víctimas políticas más inesperadas del año ha sido el secretario general del PSOE de la Comunidad de Madrid, Juan Lobato, quien tuvo que dimitir por llevar al notario mensajes de una compañera de partido sobre el caso del novio de 'Ayuso. La historia es bastante rocambolesca.

En plena batalla entre el PSOE y Ayuso por el presunto fraude fiscal cometido por su pareja, la jefa de gabinete de Óscar López (que a su vez era jefe de gabinete de Sánchez), Pilar Sánchez Acera, envió a Lobato un mensaje con un e-mail de la Fiscalía al abogado de González Amador para que lo utilizara en la sesión de control. Lobato preguntó de dónde había sacado el documento y si había salido a la prensa. Un rato más tarde, Sánchez Acera le pasó el link de una noticia que informaba sobre el e-mail y, por tanto, es lógico deducir que fue ella, o sea la Moncloa, quien filtró el documento. Esto ocurrió en marzo. Lo cierto es que meses después, cuando estalló el caso por la filtración, Lobato llevó los mensajes ante notario para cubrirse legalmente. Pero, claro, esto dentro del partido fue interpretado como una muestra de deslealtad y desconfianza a una compañera. El resultado es conocido por todos: tuvo que presentar su dimisión como líder del PSOE madrileño, aunque conserva el acta de diputado en la Asamblea.

Una de las bombas políticas del año saltó el pasado 10 de febrero, en plena campaña de las elecciones gallegas. Feijóo tuvo una conversación distendida con periodistas, a los que se dio permiso después para publicar de las cosas de las que se había hablado. Pues bien, resulta que Feijóo dijo que él no veía del todo mal un indulto en Puigdemont en según qué condiciones. Admitió que estudiaron durante 24 horas la propuesta de amnistía que les enviaron desde Junts en los contactos que mantuvieron para la investidura y que él personalmente no veía el delito de terrorismo asociado al proceso independentista.

El terremoto interno de esas revelaciones fue tal que Feijóo tuvo que rectificar, desdicharse de todo y atribuir el episodio a un malentendido de los periodistas. Pero no cabe duda de que aquello minó aún más la credibilidad y la autoridad de Feijóo, que ya no se ha vuelto a referir nunca más al tema. De hecho, en su balance del año defendió que debía detenerse a Puigdemont.

A principios de año, el 23 de enero, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, remodeló su Govern para que tuviera un perfil político más marcado. Así, ascendió Laura Vilagrà de consejera de la Presidencia a vicepresidenta y Sergi Sabrià de director de la Oficina del Presidente a viceconsejero. La idea, sobre todo con Sabrià, era tener una voz más contundente y agresiva para defender la acción de gobierno y también preparar el terreno a las siguientes elecciones, que en principio debían celebrarse en febrero del 2025.

Pero estos cambios no dieron el resultado esperado, tal y como se vio con el batacazo electoral del 12 de mayo. Sergi Sabrià, además, tuvo una salida traumática del Govern porque tuvo que dimitir el 4 de julio, en plenas negociaciones con el PSC, debido a su implicación en el escándalo de los carteles contra los Maragall, en este caso como responsable de comunicación de ERC.