La Audiencia de Lleida ha confirmado otra condena de dos años y medio para Pablo Hasél por haber amenazado al testigo de un juicio contra unos guardias urbanos, una pena que se podría sumar a los nueve meses de prisión que ya está cumpliendo. El tribunal ha confirmado las penas que el juzgado número 3 de Lleida impuso al rapero por delitos de obstrucción a la justicia y amenazas. La Audiencia tendrá que decidir si ejecuta la pena, pese a que todavía puede ser recurrida en el Tribunal Supremo.
Unidas Podemos pide formalmente el indulto para Hasél y Valtònyc
Jaume Asens firma la petición ante unas "condenas injustas que conculcan la libertad de expresión"
MadridLa petición de indulto total para Pablo Hasél ya es una realidad y Unidas Podemos lo extiende también a Valtònyc, el rapero exiliado en Bélgica desde mayo de 2018. Este jueves el presidente del grupo parlamentario, Jaume Asens, ha dirigido al ministerio de Justicia la solicitud, a la cual ha tenido acceso el ARA, después de obtener el aval de los abogados de los dos cantantes. "Se encuentran injustamente condenados por delitos que conculcan el derecho a la libertad de expresión, de acuerdo con los estándares en materia de derechos humanos", sostiene el líder de En Comú Podem en el Congreso, que este martes ya anunció la petición de su formación.
El caso Hasél ha copado la actualidad desde que los Mossos d'Esquadra lo detuvieron en la Universitat de Lleida e ingresó en la prisión de Ponent, después de negarse a entrar por su propio pie. Las calles han vuelto a acoger protestas los dos últimos días, sobre todo en Catalunya, pero también en Valencia, Madrid, Granada y otras ciudades del Estado. Hay más convocadas para los próximos días y hasta ahora ya han derivado en numerosos enfrentamientos con los cuerpos y fuerzas de seguridad. En paralelo, en las instituciones también ha habido iniciativas y este martes la mesa del Congreso admitió a trámite la proposición de ley de Unidas Podemos para derogar los delitos de opinión.
"Permitir que estas personas, artistas que han sido condenados por delitos de opinión, permanezcan en la prisión o el exilio comporta una pérdida de eficacia de la proposición de ley en tramitación, que es fruto de un consenso social y político que pone de manifiesto la necesidad de que nadie sea condenado por sus opiniones", argumenta Asens en el texto, que pide que se tramite por la vía de urgencia. Aprovecha la ocasión para recordar que, cuando la Audiencia Nacional dio diez días a Hasél para entrar en prisión, la Moncloa anunció por sorpresa que también trabajaba en una reforma del Código Penal para que los delitos por "excesos en el ejercicio de la libertad de expresión" no puedan suponer nunca pena de prisión, sino que se limiten a tener "penas disuasorias". Un movimiento que llegó después de que 200 artistas y escritores, entre ellos Joan Manuel Serrat y Pedro Almodóvar, rechazaran la condena.
Como los insumisos al servicio militar
"El indulto es la vía que la legislación vigente ofrece al gobierno para actuar ante el convencimiento social de que las condenas son injustas y a la espera de la aprobación y posterior aplicación de la reforma del Código Penal anunciada tanto por el grupo parlamentario de Unidas Podemos como por el mismo gobierno", insiste Asens en la petición, en la que recuerda que esta premisa jurídica se aplicó a los insumisos del servicio militar, "que fueron indultados ante la inminente reforma del Código Penal que suprimió el servicio militar obligatorio".
Hasél fue finalmente condenado a nueve meses de prisión por enaltecimiento del terrorismo y a varias multas económicas por injurias a la Corona que se ha negado a pagar, lo cual se traduce en más días de privación de libertad. Valtònyc, por su parte, fue condenado en 2017 a tres años y medio de prisión por enaltecimiento del terrorismo, amenazas y calumnias e injurias graves a la Corona por sus canciones, y por eso se exilió en Bruselas. La justicia belga todavía no ha tomado una decisión definitiva sobre su extradición y ahora mismo ha presentado una cuestión prejudicial al Tribunal Constitucional del país. Asens recuerda que Estrasburgo ha condenado España por condenas vinculadas a la libertad de expresión y destaca el caso de Enric Stern y Jaume Roura, condenados por la Audiencia Nacional en 2008 por haber quemado fotos del rey en Girona.
La oleada de indignación ha dejado disturbios y una mujer ha perdido un ojo por el impacto de un proyectil de foam disparado por los Mossos. También ha habido reacciones políticas para todos los gustos. Los dos socios del gobierno español han evidenciado diferencias sobre los enfrentamientos de manifestantes con la policía, pero la parte del PSOE ha mantenido también una cierta ambigüedad con el fondo. Este jueves la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, ha afirmado en una entrevista en la Cadena SER que Hasél tiene un "largo historial y se le están aplicando las normas de este país", y los ministros socialistas no se han mojado respecto a la petición de indulto de Unidas Podemos.