Publicar o no publicar, esta es la cuestión

El suscriptor Joan Talarn me envía una queja sobre la conferencia Energías verdes: sí, pero no en mi pueblo, coorganizada por el diario y por el IEC, y recogida en una crónica de Pol Casaponsa publicada el pasado día 5, día en que recibo el correo del lector, que reproduzco: “Pensaba que era un título para atraer audiencia y promover el debate, porque no me cabía en la cabeza pensar que el ARA promocionaría los antirenobables. Para mi sorpresa y la de algunos asistentes, nos hemos encontrado con una mesa de ponentes retrasados de los que dicen «así no», pero que no saben hacer números para explicar el «cómo». Suerte que algunos asistentes hemos expresado opiniones diversas, porque si no nos habríamos quedado bien descontados. Por favor, hagan otra charla con puntos de vista diferentes para enmendar esta charla tan tendenciosa”.Tomo nota de la crítica y la traslado a la dirección, que no obstante precisa que “es dudoso que los ponentes invitados por el diario deban ser considerados ambos retardistas” y que el ponente Joan Nogué, catedrático de la Universitat de Girona, defendía simplemente una gradualidad: “S'debería empezar por zonas urbanizadas, como polígonos, embalses o carreteras”. La mayoría de los comentarios que me dirigen los lectores siguen esta pauta, que por otra parte es la normal en la labor de los ombuds periodísticos: una crítica y una demanda de rectificación o mejora, sugerencias, contraste de la sección correspondiente y eventualmente comentario de auctoritas de un experto ajeno al diario. En el caso del suscriptor Talarn, la dinámica convencional aún se precisa más porque apela precisamente al contraste, que es normativa en todas las deontologías del oficio. Pero también detecto un cambio de tendencia. En mis dos años de Defensor del Lector, he recibido bastantes comentarios críticos con el diario por haber publicado determinados artículos. Estas quejas, sumadas a los comentarios a pie informático de artículo, se han potenciado exponencialmente en torno a la publicación de el artículo de Elena García sobre la eutanasia de Noelia Castillo. Lo traté en mi crónica del día 12 de abril, titulada “Eutanasia, periodismo, tolerancia”. A raíz de esta pieza, he vuelto a recibir críticas, que ahora ya me incluyen a mí por haber defendido su publicación.Cada vez son más los topes legales a la libertad de expresión, topes afianzados en la preservación de los derechos al honor, la intimidad, la protección de la infancia, la propia imagen, la seguridad nacional; la no difusión de la apología del terrorismo, los discursos de odio y un etcétera muy delicuescente, a veces lo suficientemente difuso para ser tergiversado y elevado a consecuencias tan lamentables como que el estado español tenga cinco años de prisión un cantante, Pablo Hasél, por el contenido de sus letras. Ni el franquismo se había atrevido a tanto.Vivimos en un mundo donde la intolerancia se ha hecho viral; solo basta dar una vuelta por las redes, comprobar día sí y día también que la sociedad se vuelve justiciera, la presunción de inocencia ha sido reducida a cenizas, la política vive en los tribunales y los Parlamentos en comisiones de investigación y sesiones de control sumarísimas. La intolerancia no se crea ni se destruye, se transforma, si me permiten parodiar la reformulación de Einstein de un antiguo principio físico; el pecado religioso ha mutado a pecado civil, y la extensión de la extrema derecha urbi et orbi –la palmaria la encuesta del ARA del domingo pasado— es un caldo de cultivo que la favorece y la extiende de manera ambiental.En esta extensión, nos encontramos las intolerancias sobre los principios reaccionarios de siempre –en el caso de la eutanasia, los que alaban los Abogados Cristianos– y en general las extremas derechas, fácilmente detectables; otras que, sin embargo, se expresan desde el lado del progreso, recogidas en el código no escrito de lo políticamente correcto; y, finalmente, la contradicción in terminis que defensores de principios progresistas, en cambio, invoquen prácticas reaccionarias para limitar que se expresen abiertamente las posiciones contrarias. Una conquista social, por avanzada y legítima que sea, ha de poder ser criticada, y el medio que decida no publicar una crítica deberá resolver si la no publicació se aviene a derecho o es censura. Siempre siguiendo la máxima garantista in dubio pro reo, hay que publicar si la batería argumental de la no publicació presenta dudas, y sacando fuera de la ecuación que los medios tienen derecho a elegir si publican o no un artículo o, aún más, un anuncio, que es una transacción comercial, que no han pedido.Por fortuna, sin embargo, el despliegue de restricciones a la libertad de expresión en el ámbito periodístico admite un paraguas de amparo que es el concepto de veracidad, que puede prevalecer sobre los otros supuestos, y que está recogido en el artículo 20 de la Constitución. Algunos de los redactores de la Constitución fueron muy sensibles a esta cuestión, porque el franquismo había laminado, perseguido y reprimido la libertad de expresión. Jordi Solé Tura, uno de aquellos “padres de la Constitución”, excelente jurista experto en derecho constitucional, además de sus conocimientos sabía en carne propia qué era desafiar la censura desde el exilio y la clandestinidad de Radio España Independiente, la célebre Radio Pirenaica. Yo me afirmo en esta tesitura, hice prensa clandestina muy intensamente, encajé como pude los riesgos que comportaba y, siguiendo a Voltaire, Griffith, Todorov... amo el derecho a la palabra, aunque no me guste o la deteste en fondo o forma. Al ser el Defensor del Lector una institución personal, puedo conjugar este tema tan delicado en primera persona, y entiendo que la manera más honesta que tengo de ejercer esta función es defendiendo la libertad de expresión en su máxima longitud de onda, incluso la de los lectores que no estarán de acuerdo con este artículo.Los suscriptores que quieran conocer mi trabajo en directo son invitados el próximo día 13 de mayo, a las cuatro y media, en la Sala de las Sirenas del Hotel España de la Rambla. El Defensor del Lector toma conocimiento de las dudas, sugerencias, críticas y quejas sobre los contenidos del diario en sus ediciones digital y en papel, y tiene cuidado de que el tratamiento de las informaciones sea conforme a los códigos deontológicos.Para contactar con el Defensor del Lector pueden enviar un correo electrónico a eldefensor@ara.cat o grabar un mensaje de no más de un minuto al número de WhatsApp 653784787. En todos los casos, se requiere identificación con nombre, apellidos y número de DNI.