Puente acusa a Ryanair de practicar el "chantaje" y la "extorsión"

BarcelonaEl anuncio de Ryanair de recortar oferta y actividad como protesta por las tarifas aeroportuarias de Aena ha provocado este jueves numerosas reacciones. La principal, la del ministro de Transportes, Óscar Puente, que durante una comparecencia en el Congreso ha acusado a la aerolínea de bajo coste de practicar el "chantaje" y la "extorsión" y de utilizar "falacias" para justificarse. Según Puente, la compañía lo que va a hacer es trasladarse a otros aeropuertos más rentables, pero sin abandonar el país. De hecho, el titular de Transportes ha asegurado que a Ryanair le va muy bien a España, tanto, ha añadido, que su consejero delegado cobrará una prima de 100 millones.

En el turno de réplicas en el Congreso, Puente ha recordado que fue el gobierno de Mariano Rajoy el que reguló en 2014 las tasas aeroportuarias. En todo caso, las ha defendido como garantía para la seguridad de los usuarios. Y ha asegurado que el problema para Ryanair no son las tasas, sino la rentabilidad, por lo que se traslada a aeropuertos que le van mejor. "Lo que ocurre es que quiere que la rentabilidad se lo facilite nosotros prescindiendo de nuestro marco regulador, que es muy bueno y muy razonable", ha añadido.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, que ha sido objetivo directo de las críticas de la aerolínea, ha criticado el modus operandi de Ryanair y ha denunciado que se basa en "la amenaza", "el chantaje" y "la extorsión". Así lo ha manifestado durante una entrevista en el programa La cafetera de Radiocable, en el que también ha cargado contra la low cost para "tratar muy mal a los consumidores españoles".

Podemos, por su parte, ha anunciado que registrará esta semana una denuncia formal ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) contra Ryanair por utilizar la retirada de rutas, y en especial las de Canarias, como "mecanismo de presión institucional". La formación solicita la apertura de un expediente sancionador y considera una posible práctica de "chantaje económico encubierto", tras el anuncio de la aerolínea de recortar el 10% de su capacidad operativa en rutas en el Estado, especialmente en conexiones con la Península.