La lección negociadora de las energéticas en la banca española

MadridLa semana del 21 al 30 de octubre los teléfonos del ministerio de Hacienda (PSOE), los del PNV y los de Junts, pero también los teléfonos de grandes compañías del sector energético como Repsol y Cepsa, así como los de las grandes patronales , no pararon de sonar. El motivo era el impuesto extraordinario que afecta a este sector y su continuidad a partir del próximo año. Después de una negociación política a contrarreloj y de una gran labor de lobi empresarial, todo indica que el gravamen decaerá este 31 de diciembre porque finalmente el PSOE no lo registró como enmienda en el Congreso de los Diputados.

En cambio, el otro gran impuesto extraordinario, el que afecta al sector bancario, continuará tres años más, o al menos ésta es la intención del gobierno español. "No supimos comunicarnos"; "No hemos tenido interlocución con el gobierno"; "No hemos sido eficaces al 100%"; "[El impuesto] Consagra la discriminación", se lamentaban los altos directivos de los principales bancos españoles esta semana durante la presentación de sus resultados hasta septiembre, que de nuevo han vuelto a ser históricos. De hecho, quien ha personalizado todos estos lamentos ha sido CaixaBank. "[Con el impuesto] Se está grabando según el tamaño y nosotros somos la mayor entidad financiera de España, por tanto, seremos los que vamos a pagar más", criticaba el consejero delegado del banco de la estrella, Gonzalo Gortázar . "Se podría llamar tasa CaixaBank", espetaba el directivo. La entidad financiera tiene el propio Estado, a través del FROB, como uno de los principales accionistas.

Los seis principales bancos españoles (Banco Santander, BBVA, CaixaBank, Banco Sabadell, Bankinter y Unicaja Banco) han ganado un récord de 23.656 millones de euros entre enero y septiembre, un 20% más que el mismo periodo de 2023, pese al impuesto extraordinario. En cuanto a las grandes energéticas del Ibex 35 (Iberdrola, Endesa, Naturgy y Repsol), registraron un beneficio de 10.247 millones de euros hasta el tercer trimestre.

"Poco diálogo" con el gobierno

La sensación generalizada en el sector financiero es que no han sabido encontrar la fórmula para que su impuesto descarrilara como lo ha hecho el impuesto del sector energético. "Debemos hacer autocrítica", decía el consejero delegado del BBVA, Onur Genç, este jueves. En este tipo de negociación, el sector bancario suele llamar en la puerta del ministerio de Economía. Sin embargo, esta vez la influencia sobre la cartera que pilota Carlos Cuerpo (PSOE) no ha calado. Además, quien ha llevado la batuta de la discusión en torno a los impuestos ha sido la titular de Hacienda, María Jesús Montero (PSOE).

Voces del sector financiero también apuntan a que las energéticas tienen más fuerza en cuanto a la presión con las inversiones privadas que el Estado necesita para alcanzar los objetivos en materia de transición energética. Repsol, por ejemplo, ha amenazado explícitamente y de forma reiterada con "congelar" una inversión de 1.100 millones de euros prevista para el Camp de Tarragona. Cuando aún no habían pasado ni 24 horas después de hacerse público que el impuesto energético caía, la petrolera que preside Antoni Brufau anunciaba que la inversión se "reactivaba" y que "el problema había terminado". Las mismas voces financieras tampoco pasan por alto el hecho de que la banca nunca podrá terminar de deshacerse de la reputación adquirida tras la crisis financiera de 2008. "No caemos bien, eso es así", apuntaba esta semana un alto directivo.

Pendientes del trámite parlamentario

El ministerio de Hacienda tenía claro que el conflicto con ambos impuestos no lo tendría con los socios del bloque de investidura a la izquierda del PSOE, que quieren que ambos gravámenes sigan, sino con el centroderecha: PNV y Junts. Los nacionalistas vascos se abrieron a aceptar ambos gravámenes a través de su concertación, pero los de Carles Puigdemont, que saben que no pueden jugar esta carta, se encerraron en banda en el caso del tributo energético. Fuentes de Junts han apelado al "riesgo" para las inversiones días después de reunirse con Repsol, como ha explicado el ARA.

En el sector bancario, sin embargo, no tiran la toalla. Durante la presentación de los resultados del tercer trimestre, las entidades no sólo aprovecharon para cargar contra el impuesto, sino que ya advirtieron, como en otras ocasiones, del impacto sobre el crédito. "Es un desincentivo en hacer crecer el crédito", afirmaba el consejero delegado de CaixaBank. Banco Santander y BBVA han puesto cifra: "50.000 millones" menos en un año. Ésta será una de las cartas que el sector financiero jugará en las próximas semanas, durante la tramitación del impuesto en el Congreso de los Diputados. "Esto todavía no ha terminado. Nos reservamos para ser más concretos más adelante, queda tiempo", apuntaba el consejero delegado del Sabadell, César González-Bueno. A su vez, las dos principales asociaciones bancarias, la AEB y la CECA, advirtieron de que, en caso de aprobarse el impuesto bajo los términos anunciados, "no descartan recurrir la medida a los tribunales". "Subsisten vicios de inconstitucionalidad que tiene el actual gravamen en vigor", dicen las patronales.

Ambos gravámenes se aprobaron para afrontar el gasto público para proteger a familias y empresas de la crisis energética y de precios. Sólo en 2024 el Estado ha ingresado para el ejercicio de 2023 un total de 2.859 millones de euros, en línea con lo previsto. De ese dinero, las entidades financieras han pagado un total de 1.695 millones de euros, mientras que las energéticas han abonado 1.164 millones. En 2023 ambos sectores registraron ganancias récord y este 2024 van por el mismo camino.