Bruselas quiere prohibir los contratos como los de España con Huawei por cuestiones de seguridad

BruselasNuevo paso adelante de la Comisión Europea para acabar con los contratos de empresas extranjeras que pueden suponer un peligro para la seguridad comunitaria. Bruselas ha propuesto este martes que las administraciones públicas dejen de licitar contratos públicos como el que España otorgó a Huawei para el sistema SITEL, que almacena intercepciones telefónicas judiciales.

La Comisión Europea plantea en la reforma del reglamento de ciberseguridad, que ahora pasará a ser de obligado cumplimiento, que los Estados miembros tengan tres años para excluir o ejecutar la rotura del contrato con empresas que considera que presentan "riesgos sustanciales", como tiene calificados Huawei y ZTE. El ejecutivo comunitario calcula que el impacto económico para eliminar progresivamente a estos proveedores de alto riesgo será de entre 3.000 y 4.000 millones de euros.

Bruselas aún no ha hecho la lista de las empresas que estarán incluidas en la nueva lista, pero ya tenían calificada a Huawei como "riesgo sustancial". Fuentes comunitarias confirman que "el mercado no ha cambiado" en este sentido en los últimos tiempos. De hecho, la Comisión Europea ya ha tocado la corteza al gobierno español para el contrato con Huawei en más de una ocasión. "Tiene el potencial de generar dependencia de un proveedor de alto riesgo en un sector crítico y sensible que aumentaría el riesgo de injerencia extranjera", avisó a finales del pasado año Henna Virkkunen, vicepresidenta del ejecutivo comunitario y titular de Soberanía Tecnológica.

Más allá del gobierno español, sin embargo, la Generalitat también va otorgar a Huawei un contrato público que levantó polvareda y que el reglamento que propone ahora la Comisión Europea pretende evitar. La administración catalana adjudicó a Sirt-Connecta, que utiliza tecnología china de Huawei, el proyecto de conexión de todos sus servicios públicos y equipamientos a través de la fibra óptica. El contrato, por valor de 127 millones de euros, dejó fuera a empresas como Telefónica, MasOrange o Vodafone, y es un proyecto estratégico porque implica la conectividad de servicios públicos críticos como los Mossos d'Esquadra, el servicio educativo o el de emergencias.

Hay que recordar que la propuesta reglamentaria de la Comisión Europea no es definitiva y todavía deben negociarla el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea, que es el organismo que representa a los Estados miembros.