Bruselas / MadridPrimer aviso de Bruselas al gobierno español por las trabas que pone en la opa hostil del BBVA en el Sabadell. La Comisión Europea ha abierto este jueves un procedimiento de infracción contra España por la legislación utilizada por Moncloa contra la operación. En concreto, el ejecutivo comunitario considera que tanto la normativa española que confiere poderes al ministerio de Economía para pronunciarse sobre la adquisición, principalmente la ley de defensa de la competencia, como la decisión del ejecutivo español de elevar su evaluación al consejo de ministros contravienen el derecho de la unión, porque para el organismo comunitario el análisis de la Comisión Nacional de los Mercados de los Mercados de la Comisión Nacional de los Mercados de la Comisión Nacional de los Mercados. En cualquier caso, Bruselas no pretende con esta decisión intervenir directamente en la operación ni en las maniobras de la Moncloa, sino obligar a España a reformar su legislación.
Estas legislaciones —la ley 10/2014 sobre requisitos de capital, el decreto 84/2015 de requisitos supervisión y solvencia, y la ley 15/2007 de defensa de la competencia— llevan vigentes más de una década. Sin embargo, Bruselas no se fijó hasta que un ciudadano denunció a la Comisión Europea dos días después del anuncio de la opa de que existían normas españolas que permitían a la Moncloa llevar a cabo acciones contra la operación que no cumplían la legislación comunitaria. De hecho, fuentes comunitarias explican que ya desde ese momento tuvieron indicios de que el gobierno español intentaría tropezar la operación contra el Sabadell utilizando leyes que se oponen a la legislación comunitaria relativa a la supervisión bancaria, los requisitos de capital y la libertad de establecimiento y de libre circulación de capital.
Al poco, en agosto del año pasado, la Comisión Europea ya abrió un procedimiento de consulta en España, que ha consistido en una vía de diálogo con el gobierno español para averiguar las intenciones de la Moncloa y el alcance que podía tener la utilización de estas leyes. Según las mismas fuentes comunitarias, en un principio ambas partes mantenían un intercambio de visiones fluido y provechoso. Ahora bien, tan sólo se trataba del principio de la batalla del ejecutivo español contra la opa y, con el paso del tiempo, todo empezó a torcerse.
Las fuentes comunitarias ven como un punto de inflexión la decisión de la Moncloa de llevar la evaluación de la opa hostil del BBVA en el Sabadell al consejo de ministros y recuerdan de forma tajante que el examen de la operación deben hacerlas las autoridades competentes: la CNMC por un lado y el Banco Central Europeo (BCE) por el otro. La entidad española es la responsable de evaluar que no pone en riesgo la competencia bancaria en el Estado y la europea la solvencia de la operación bancaria y que no supone un peligro en términos financieros. En este caso, como la mayoría del volumen de la actividad de BBVA y Sabadell se concentra en un estado miembro, España, no era necesario que la opa fuera comunicada a la Comisión Europea.
Así pues, no era necesario que Bruselas se pronunciara sobre la operación contra el Sabadell y sólo decide actuar a raíz de la denuncia ciudadana y cuando considera que el gobierno español se está aprovechando de una legislación que contraviene el derecho de la UE para atacar a la opa. Es en este punto que, ante los informes positivos de la CNMC y el BCE, la Comisión Europea considera que el gobierno español no puede oponerse y mucho menos ponerle trabas a menos que no sea por motivos de interés general, lo que tampoco cree que sea el caso. Por eso, más allá de las trabas de la Moncloa, también abre procedimiento de infracción contra la normativa que otorga la facultad al ministerio de Economía, liderado por Carlos Cuerpo, de dificultar una concentración bancaria por razones que no tienen que ver con el interés general.
Fuentes del ministerio de Economía confirman que han recibido el aviso de la Comisión Europea. "Daremos toda la información que se nos solicite [por parte de la Comisión Europea] y colaboraremos de forma constructiva", indicó el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en declaraciones a los medios de comunicación este miércoles. Cuerpo aseguró que están "totalmente convencidos" de haber cumplido con la normativa española y europea y que el expediente de Bruselas "no suspende el acuerdo de consejo de ministros" en el que se aprobaron las condiciones en la opa.
"Hay que destacar que son normativas que llevan bastantes años en vigor y que desde entonces se han aplicado en varias ocasiones", indican las mismas fuentes, que confirman que España responderá dentro del plazo.
La amenaza de una multa en España
Una de las funciones de la Comisión Europea es garantizar que los Estados miembros cumplen la legislación europea y, en caso de que no la respeten, puede abrirles procesos de infracción como el que ha iniciado este jueves contra España y puede acabar aplicándoles sanciones económicas millonarias. La intención de estos expedientes es que los gobiernos estatales acaben cumpliendo el derecho de la UE y en pocas ocasiones se acaban multando a los Estados miembros. Las mismas fuentes comunitarias admiten que no es su objetivo y que, en cualquier caso, no prevén aplicar multas a corto ni a medio plazo.
El próximo paso es que España responda en un plazo máximo de dos meses la carta que le ha enviado Bruselas sobre las infracciones y, en caso de que la Comisión Europea considere que el gobierno español no va en la buena dirección, le enviará lo que se conoce como un dictamen motivado, que es el paso previo a llevar el caso a la justicia europea.
Estos procesos suelen alargarse en el tiempo y la propia Comisión Europea ve muy probable que la batalla sobre la opa haya finalizado antes de que se cierre el expediente de Bruselas contra Madrid. Pero esto no preocupa al ejecutivo comunitario y apunta a que su objetivo con la apertura del procedimiento de infracción no es intervenir en esta operación en concreto, sino que España modifique su normativa.
¿Qué ley ha utilizado el gobierno español en la opa?
Bruselas pone en el punto de mira distintas leyes, entre ellas la ley de Defensa de la Competencia, que es la que ha utilizado el gobierno español para aprobar las condiciones adicionales a la opa del BBVA en el Sabadell. Esta norma permite que en caso de que una operación de concentración empresarial llegue a fase 2, como ocurrió con la opa del BBVA, el ejecutivo español pueda pronunciarse por razones vinculadas al interés general. Y así lo ha hecho el ministerio de Economia.
Sin embargo, esto no siempre fue así. Esta ley fue reformada en el 2007. Hasta ese momento, en una operación de integración o fusión empresarial las compañías debían enviar una notificación directamente al ministerio de Economía, que es quien tenía la potestad de autorizar o prohibir en primera fase la operación, mientras que las autoridades de competencia, aunque se pronunciaban, eran órganos consultivos y no vinculantes.
Con la reforma del 2007 se buscaba, precisamente, introducir más independencia a estos procesos y dejar el protagonismo en Competencia, que desde entonces es quien asume la capacidad de autorizar (con o sin condiciones) o prohibir una operación de concentración. En caso de que la operación llegue a fase 2, el gobierno puede modificar el dictamen de competencia aguando las condiciones, o aprobando condiciones adicionales para garantizar el interés general. BBVA había interpretado que sólo podía hacer la primera de las dos cosas.
Más allá del caso de la opa del BBVA, este poder lo utilizó también el Partido Popular en el 2012. Entonces, el gobierno de Mariano Rajoy utilizó la misma ley y el interés general para modificar el dictamen de Competencia en la fusión entre Antena 3 y La Sexta.
![El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en rueda de prensa este martes, después del consejo de ministros.](data:image/svg+xml,%3Csvg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 16 9"%3E%3C/svg%3E)
