Las comunidades del PP reclaman que se retire el plan energético y la Moncloa lo defiende: "Está en vigor"

MADRID"Está en vigor", así de contundente ha sido la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, sobre el plan de ahorro energético aprobado por el gobierno español la semana pasada y que el Partido Popular (PP) pide que se retire. El gobierno español no ha conseguido que la reunión celebrada este lunes por la mañana con las comunidades autónomas llegue a buen puerto y a dos días para que algunas de las medidas entren en vigor –el control de la temperatura y la iluminación– las diferencias están más vivas que nunca.

En concreto, durante la reunión de casi tres horas todas las comunidades autónomas del PP (Galicia, Castilla y León, Madrid, Andalucía y Murcia) han pedido al gobierno español que retire el plan de ahorro y que negocie uno nuevo. A ojos de los populares, el decreto aprobado por el ejecutivo de Pedro Sánchez ha sido "improvisado" y reclaman que se convoque la conferencia de presidentes para abordar un nuevo paquete de medidas.

"Hemos intentado comunicar desde el primer minuto las medidas, por eso hemos tenido reuniones con las comunidades autónomas y la Federación de municipios", ha defendido Ribera en rueda de prensa después de la reunión. El ministerio de Transición Ecológica, de la mano con la cartera de Industria, se ha reunido telemáticamente con los máximos responsables autonómicos de las áreas de Energía, Turismo y Comercio. En el caso de la Generalitat, ha asistido el secretario de Empresa y Competitividad, Albert Castellanos, que ha acordado posición con la Dirección de Energía, según explican fuentes de este departamento al ARA. De hecho, el Govern ha pedido atrasar la entrada en vigor del plan de ahorro: "La aplicación inmediata es poco más que imposible", ha dicho Castellanos en una entrevista a Catalunya Ràdio este lunes por la mañana. Además, también ha propuesto que las estaciones de transporte público no tengan que limitar la temperatura del aire acondicionado a 27 grados. En este sentido, Ribera ha descartado cualquier posibilidad de aplazamiento. "Hay que responder con flexibilidad e incorporar el diálogo con los sectores más afectados", ha dicho.

Para el gobierno español, limar las diferencias es imprescindible, puesto que se trata de un primer paso para cumplir con el acuerdo con Bruselas: reducir un 7% el consumo de gas en los próximos meses. Una medida que se plantea desde el ahorro energético y la sostenibilidad, pero también ante un invierno complicado en el que la reducción del gas ruso pone contra las cuerdas a muchos países europeos y les obliga a reforzar su aprovisionamiento.

De hecho, la reunión técnica estaba convocada para este martes porque las medidas anunciadas por el ejecutivo de Pedro Sánchez ya levantaron dudas, pero también críticas, de algunas comunidades, en particular la de Madrid, presidida por Isabel Díaz Ayuso, que en un primer momento declaró que "no cumpliría" las medidas. Una afirmación que el gobierno madrileño matizó con los días y que, de hecho, no fue secundada por el Partido Popular. Algunos sectores afectados, como por ejemplo tiendas o actividades vinculadas a la alimentación, levantaron el dedo mostrando escepticismo.

Las dudas principales han surgido entorno a las medidas que entran en vigor esta semana, en concreto a partir de miércoles: el control de la temperatura en verano y en invierno, así como la limitación de la iluminación de algunos edificios. En el primer caso, ha sido el sector privado quien más se ha quejado, argumentando que no todos los ámbitos laborales podían cumplir con el límite planteado por el gobierno español. El plan del ejecutivo quiere que en verano se establezca una temperatura del aire acondicionado que no baje de los 27 grados, mientras que la calefacción no tendría que superar los 19 grados.

Esto, sin embargo, no afectará a todo el mundo. De hecho, así lo apuntó desde el primer día la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. "Podrá incorporar flexibilidad en función de las condiciones laborales que necesiten los trabajadores". De hecho, así lo recoge el decreto ley aprobado. En una entrevista a Onda Cero, Ribera ejemplificaba que en bares y restaurantes podrían limitar el uso del aire acondicionado "entorno a los 25 grados", y no 27 grados como marca el plan.

En cuanto a la iluminación, las críticas salieron sobre todo por parte de la Comunidad de Madrid, que argumentaba que el apagón de escaparates "genera inseguridad y asusta el consumo". En concreto, la medida obliga a los edificios públicos que no se utilicen, así como a los escaparates de los comercios, a apagar las luces a partir de las diez de la noche. Quedan excluidos los monumentos, como la Sagrada Familia.

Carta previa a las comunidades

Con todo, desde el ministerio de Transición Ecológica también han recordado que el 22 de julio pasado ya se mandó una carta a los responsables de las comunidades en este ámbito en la que se pedía "hacer extensivo al ámbito de la administración autonómica las medidas de ahorro, eficiencia energética y movilidad sostenible", según recoge la carta a la cual ha tenido acceso el ARA. De hecho, el gobierno ya insistía entonces que comunidades autónomas, así como ayuntamientos, aprobaran planes similares al del ahorro energético de la administración del Estado.