Las constructoras tendrán que indemnizar al Port de Barcelona con 30 M€ por el fraude en la ampliación del dique del Este

Se facturaron unas piedras que nunca se utilizaron en la obra, entre otras irregularidades

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Vista general del Puerto de Barcelona.

BarcelonaLas constructoras que ampliaron el dique del Este del puerto de Barcelona tendrán que indemnizar a la Autoritat Portuària con 30 millones de euros, según ha dictaminado la Audiencia de Barcelona, que ha elevado a definitivo el acuerdo al que llegaron el Port y las empresas que formaban parte de la UTE que hizo las obras: las constructoras FCC, Ferrovial Agroman, Construccions Rubau y Copisa. Según ha informado el Port, este acuerdo cuenta con el informe favorable del Consejo de Estado y del consejo de administración del propio Port de Barcelona.

Con este acuerdo elevado a definitivo por la Audiencia, las empresas resarcen al Port del daño causado cuando le cobraron unas piedras que nunca se utilizaron en las obras. Según la sentencia del mes de mayo pasado que condenó a nueve directivos y técnicos de las constructoras a penas de dos años de prisión, en las declaraciones del IVA presentadas a Hacienda se aumentaron las cuotas con la compra de 865.000 toneladas de piedras que nunca existieron ni se utilizaron en la obra. La factura por estas piedras inexistentes subió a 11 millones de euros. Además, las dos plataformas que se necesitaban para la construcción se hicieron sobre escombros, y no sobre rompeolas, cosa que abarataba el coste.

Según la Autoritat Portuària, con el acuerdo las constructoras que formaban la UTE resarcirán al Port de Barcelona por las irregularidades detectadas en las obras "sin perjuicio de las responsabilidades penales" que se puedan establecer finalmente. Con la sentencia del acuerdo, el Port da por finalizado el proceso que inició en 2010 para reclamar a la UTE las diferencias entre la liquidación de la obra de la ampliación del dique del Este y la obra realmente ejecutada.

Una obra de 197 millones

La ampliación del dique del Este se adjudicó a la UTE en septiembre del 2001 por 165 millones de euros, pero posteriormente el proyecto se modificó y el coste se elevó a 197 millones sin IVA. La obra se ejecutó entre septiembre del 2001 y finales del 2008. Según la Autoritat Portuària, con la sentencia de la Audiencia el Port de Barcelona "ha visto estimadas sus pretensiones" y se "ha producido un reconocimiento del daño sufrido y el consiguiente resarcimiento".

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