31/08/2021

Electricidad e ideología

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Imatge de un enchufe.

BarcelonaEl día 7 de enero, el precio del MWh en el mercado ibérico (MIBEL) era de 110 euros, una cifra entonces considerada increíble. El susto duró diez días, y a finales de mes el precio caía a un también increíble 0,99 euros. Aquello fue un aviso de la inestabilidad de un mercado crucial. A partir del mes de marzo el precio ha vuelto a subir, ahora de manera imparable, hasta llegar a los 130 euros de hoy.

Es relativamente fácil explicar estos vaivenes. El precio de la electricidad está vinculado al coste de quemar gas y petróleo, que tienen precios muy inestables. Recordemos que en abril de 2020 el del petróleo era negativo (!) porque se nos había confinado, habíamos dejado de consumir y nadie sabía dónde almacenar lo que se seguía extrayendo. Ahora, la recuperación económica, el miedo a volver a caer en aquella situación y el huracán Ida (que ha paralizado la extracción en el golfo de México) han hecho que el precio del petróleo sea casi el doble que hace un año. Ahora bien, no cojamos el rábano por las hojas, porque de quien depende de verdad el precio de la electricidad es de la regulación. En particular, hay dos elementos en juego.

En primer lugar, hemos decidido descarbonizarnos para salvar el planeta, y una de las maneras en las que hemos decidido hacerlo es encareciendo el coste de quemar combustibles fósiles a base de exigir la compra de unos derechos de emisión de CO2, la cuantía de los cuales hemos limitado. La recuperación económica pospandemia está resultando demasiado vigorosa para el ritmo con el que estamos aumentando la generación de electricidad renovable, y los precios de aquellos derechos se han más que doblado en el último año. Entre otras cosas, la electricidad va cara porque tenemos prisa por descarbonizarnos.

En segundo lugar, y en cuanto a los precios españoles, la regulación (esencialmente la ley Piqué, de 1997) se asienta sobre el principio absurdo de que las empresas eléctricas lo pueden hacer todo solas. Una frase de aquella ley lo deja claro: “No se considera necesario que el Estado se reserve el ejercicio de ninguna de las actividades que integran el suministro eléctrico. Así, se abandona la noción de servicio público”. Entre otras cosas, la electricidad va cara porque nos hemos creído las fantasías del neoliberalismo.

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