En 2014, el ministerio de Industria, dirigido por José Manuel Soria, aprobó una nueva tarifa, la 6.1B, en la que rebajaba entre el 12% y el 15% de los peajes eléctricos por la tarifa de media tensión industrial con conexión entre 30 y 36 kV.
Esta medida, publicada en el BOE antes de Navidad, fue un auténtico regalo del gobierno del Partido Popular al PNV para conseguir aprobar los presupuestos. En la práctica, significaba un ahorro de cerca de 100 millones de euros que benefició a 1.260 empresas que tienen como tensión de referencia 33kV, el 65% de las cuales eran de Euskadi y ninguno de los Països Catalans, ya que la tensión de referencia es de 25 kV y por este motivo quedaban excluidas.
Con el cambio de gobierno de 2021, la ministra del PSOE de Transición Ecológica, Teresa Ribera, continuó con esta tendencia y amplió la rebaja a los industriales conectados hasta 72 kV (tarifa 6.2TD de 30-72,5 KV).
Hoy en día, las industrias beneficiadas disfrutan de una reducción de entre el 29% y el 44% en los peajes, lo que se traduce en una bajada del 10% en su factura eléctrica. Pero una ventaja clara para las empresas del País Vasco, ¿qué pasa con Cataluña?
Impacto negativo en la competitividad catalana
El contraste con Cataluña es evidente y preocupante. La red de conexión de media tensión industrial en Cataluña es de 25 kV, y la red superior es de 72-110 kV, por tanto, no es posible que ninguna industria de Cataluña pueda disfrutar de este ahorro. Pero el perjuicio no termina aquí: existe una cámara de compensación que hace que la rebaja de los peajes a una parte la acabe pagando el resto. Por ejemplo, una industria catalana con un gasto energético medio, debe hacer frente por este concepto de compensación a un incremento anual de 150.000 euros. No tiene ningún sentido que para aprobar unos presupuestos y conseguir una gobernabilidad se perjudique al 78% de la industria de utilización de la media tensión para favorecer a un 22%. Esto es un claro freno para la competitividad de las empresas catalanas, respecto a otros tejidos industriales de España y, por supuesto, respecto a otros países europeos.
Comparando con otros países de Europa, la situación es aún más crítica. En el transcurso de 2024 el precio del mercado mayorista de la energía eléctrica por MWh en España ha sido de 59 euros, una cifra superior a la de Francia (50 €), pero inferior a la de Alemania (78 €). Pero si tenemos en cuenta la parte regulada específicamente de la industria intensiva, la diferencia es abrumadora: mientras el coste en España se sitúa en 60 €/MWh, en Francia baja hasta los 23 €/MWh y en Alemania en los 34 €/MWh. Esto evidencia que Francia y Alemania han implementado políticas energéticas mucho más favorables para su tejido industrial, mientras que España no ha seguido el mismo camino.
Es imprescindible activar la palanca energética para volver a ubicarse como referente industrial. El sector industrial representa el 20,1% del Valor Añadido Bruto (VAB) de Cataluña, y casi el 25% del VAB industrial de todo el Estado español. Si queremos que Cataluña se mantenga como uno de los motores económicos de Europa, es imprescindible tomar medidas para reducir el coste de la energía y permitir que nuestras empresas puedan competir en igualdad de condiciones con sus homólogas europeas.
Para que Cataluña pueda ser uno de los mejores países del mundo en términos económicos y empresariales, es fundamental que se reconozca el peso y la importancia de su tejido industrial. Es necesario poner en marcha políticas más efectivas que favorezcan la competitividad, y en este sentido el coste de la energía es una de las principales palancas a activar. Sin una transformación real de la industria y una profunda reforma energética, nuestra industria seguirá perdiendo terreno y, con ella, caerá una parte fundamental de nuestro potencial económico.
