Cómo evitar que la red eléctrica frene la economía y la vivienda

BarcelonaEstos días el informe de BBVA Research ha puesto cifras a un problema que promotores y distribuidoras hace tiempo que advierten: más de 80.000 viviendas previstas en España dependen de nuevas infraestructuras eléctricas para poder salir adelante. En Madrid la distancia entre las necesidades residenciales y la capacidad disponible es especialmente visible. Cataluña no aparece con una cifra equivalente, y esto es indicativo: no se puede afirmar que hoy tenga el mismo problema que Madrid, pero tampoco está del todo protegida.

El informe sitúa a Barcelona y Lleida entre los territorios donde la disponibilidad de capacidad eléctrica puede condicionar el desarrollo residencial. Cataluña parte, comparativamente, de una posición mejor que otros territorios gracias a una red construida durante décadas alrededor de una economía urbana e industrial.

La demanda eléctrica agregada lleva 25 años sin un crecimiento estructural relevante. Y, aun así, cada vez cuesta más conectar una vivienda nueva, un polígono o un centro de datos. La demanda de solicitudes de acceso se ha multiplicado por diez en pocos años, porque el acceso a la red se ha convertido en un bien escaso, y reservarlo tiene valor aunque el proyecto que lo ha solicitado no llegue nunca a construirse. La red no se ha saturado por el consumo real; se ha saturado por el acaparamiento de un recurso que se ha vuelto valioso.

Aunque esto se ha intentado regular mediante garantías adicionales, condicionantes de seguridad de red y requisitos para acceder a ella, en la práctica ha añadido filtros administrativos y ha incrementado todavía más el atasco en la red. Las fianzas de reserva de capacidad introducidas recientemente —que hacen que mantener capacidad sin utilizarla tenga ahora un coste real— van en la dirección correcta y probablemente liberarán parte de esta capacidad retenida, pero llegan tarde.

BBVA Research aporta un dato difícil de ignorar: el 88% de los nodos de distribución españoles tiene menos de 1 MW de capacidad disponible, y ampliar la red asociada a grandes desarrollos urbanísticos puede requerir entre cinco y ocho años. La red no se puede empezar a construir cuando la demanda ya ha llegado.

En este sentido, las distribuidoras han manifestado reiteradamente su voluntad de invertir para generar más capacidad. El límite global de inversión que fija el regulador es solo una parte del problema. Existe también el coste de la acometida y el desarrollo de las nuevas extensiones de red, y quién lo asume; y hay un modelo retributivo que, desde hace una década, se ha pensado sobre todo para limitar el coste del sistema para el usuario final, no para facilitar que la red crezca allí donde hace falta. Mientras estos tres factores no se revisen juntos, la voluntad inversora de las distribuidoras continuará topando con un marco que la frena.

Conviene que quede claro que no todos los proyectos que se encallan lo hacen por falta técnica de capacidad: en buena parte de los casos, la red sí que puede absorber la conexión, pero el coste de llevar la electricidad hasta la actuación resulta tan elevado que el proyecto deja de ser viable. Se conocen diversas actuaciones paradas exactamente por este motivo, no porque faltara capacidad en el punto de conexión, sino porque el promotor no podía asumir el coste de la infraestructura necesaria. Cuando el proyecto finalmente sale adelante, este coste acaba repercutido en el precio de la vivienda. La regulación de la acometida, por sí sola, puede frenar un desarrollo residencial aunque la red diga que sí.

Para entender cómo hemos llegado aquí hay que volver al 2013. España venía de un sistema eléctrico con un déficit tarifario acumulado de unos 24.000 millones de euros, que crecía a razón de unos 3.000 millones cada año, y la prioridad regulatoria de aquel momento era clara: detener el agujero y controlar los costes. La red de distribución acabó asumiendo buena parte de las consecuencias —vía límites de inversión y un modelo retributivo restrictivo— sin haber sido nunca quien generó aquel déficit. En 2026 la pregunta debería ser: ¿cómo evitamos que la falta de red frene el crecimiento de la economía?

Para Cataluña, con una estructura industrial importante, disponer de una red preparada para absorber nueva demanda deja de ser solo una cuestión energética y se convierte en una cuestión de competitividad.

El vehículo eléctrico es un buen ejemplo de que este desajuste tiene más matices de lo que parece. La mayor parte de la carga se hace y se hará en casa, con potencias bajas porque el vehículo puede estar horas enchufado de noche; esta carga no obliga a aumentar la potencia contratada y el cargador se puede instalar sin grandes trámites. El problema aparecería a largo plazo y de manera agregada: si un porcentaje alto del parque móvil comenzara a cargar de manera simultánea en franjas horarias similares, cambiaría el coeficiente de utilización de cada usuario, y esto sí que podría llegar a exigir de la red de baja tensión una capacidad de respuesta para la cual no fue dimensionada.

La carga en espacios públicos plantea un problema diferente. Aquí la tendencia es instalar cargadores de mucha potencia para reducir el tiempo de espera, y sí que puede haber problemas reales de acceso a la red. Pero en muchos casos el cuello de botella no es técnico, sino administrativo: tramitar una línea nueva en suelo no urbanizable ante la Generalitat es un proceso largo y complejo. Este es uno de los principales motivos por los cuales muchas gasolineras, especialmente las situadas en autopistas y lejos de una red robusta, todavía no disponen de cargadores rápidos.

Sería injusto decir que la regulación no se ha movido. El real decreto 640/2026, aprobado el pasado julio, eleva los límites de inversión en redes hasta 2030 y orienta explícitamente parte de la inversión hacia actuaciones anticipatorias y digitalización; BBVA Research calcula que el conjunto de medidas puede movilizar hasta 17.900 millones de euros adicionales. La circular 8/2025 de la CNMC, vigente desde finales de 2025, ha cambiado también la metodología retributiva con una trayectoria plurianual basada en TOTEX y nuevos incentivos a la inversión eficiente.

Quedan todavía dos piezas por resolver. Hay que redefinir qué significa acceso físico a la red, porque hoy es sobre todo un trámite sobre el papel y debería corresponder a una conexión real. También hay que revisar cómo se planifican las nuevas extensiones de red, todavía basadas en el criterio de crecimiento vegetativo de la demanda. Este concepto ha quedado obsoleto. Fue real hasta finales de siglo, pero en términos absolutos llevamos 25 años con la demanda estancada. Las nuevas necesidades de electrificación aparecen de manera más rápida, concentrada y desigual en el territorio. Cambiar el RD 1048/2013 es, en este sentido, un paso ineludible si se quiere una electrificación seria del país.

Cataluña tiene hoy una ventaja concreta: todavía conserva un margen que otros territorios con saturación más elevada ya han gastado. Este margen se agotará si las inversiones no se anticipan a la demanda, no si se limitan a seguirla. Construir más vivienda, reindustrializar la economía, electrificar la movilidad y descarbonizar la actividad productiva exige tener la red preparada antes, no después.

El debate sobre el RD 1048/2013, los límites de inversión o la retribución de las distribuidoras parece técnico, pero afecta a cosas muy concretas: si una fábrica podrá abrir, si un barrio se podrá construir, si Cataluña podrá electrificarse antes de que la capacidad disponible se convierta en un recurso todavía más escaso. Madrid ya muestra qué pasa cuando la red llega después de la necesidad. Cataluña tiene la oportunidad, todavía abierta, de llegar antes.