La posible opa en Naturgy reabre el debate sobre la nacionalización de la energía

BarcelonaLa vicepresidenta segunda del gobierno español, Yolanda Díaz, ha vuelto a poner ese debate sobre la mesa. La energía es estratégica y, por tanto, los estados no sólo deben regular y supervisar el sector, sino que deben participar directamente en las empresas. La líder de Sumar lo tiene claro: es necesaria una empresa pública de energía. Sus argumentos son: acceder a la energía es un derecho fundamental para los hogares, y las ganancias de las tres grandes multinacionales eléctricas españolas son "vergonzosas". Ante la posible opa del grupo emiratiano Taqa en Naturgy, Díaz ha pedido que el gobierno español lo impida con el escudo antiopas y que el Estado entre en el accionariado, como ha hecho con Telefónica.

El debate no es sólo del ámbito estatal. De hecho, el Govern, en Catalunya, ya ha creado su propia empresa pública del sector, L'Energètica. Y en un nivel administrativo todavía inferior, el Ayuntamiento de Barcelona creó Barcelona Energía. Pero en el ámbito europeo el debate también existe e, incluso, se ha acentuado, especialmente cuando el estallido de la guerra en Ucrania puso en peligro la seguridad de suministro y los precios del gas y de la electricidad se dispararon.

Junto con todos estos movimientos, la entrada de capital árabe en Telefónica y la reacción del Estado de entrar en su capital y la posible opa emiratiana sobre Naturgy han revivido el debate sobre la necesidad de un control estatal de empresas consideradas estratégicas. De hecho, en España el Estado participa en dos empresas clave del sector energético: Enagás, que se encarga de la red de almacenamiento y de transporte de gas, y Redeia (Red Eléctrica), que gestiona la red de transporte de gas electricidad en alta y muy alta tensión.

Sin embargo, estas dos participaciones son minoritarias. El Estado, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), posee un 20% del capital de Redeia. En Enagás, el Estado tiene, también a través de SEPI, un 5% del capital, el mismo porcentaje que tiene Amancio Ortega (máximo accionista de Inditex), mientras que el primer accionista es el fondo Blackrock, con un 5, 4%. Por cierto, entre sus accionistas también se encuentra capital de los Emiratos Árabes: Mubadala Investment tiene un 3,1% de las acciones. España es uno de los estados de Europa con un sector energético más liberalizado, desde que el gobierno de José María Aznar emprendió un fuerte proceso de privatizaciones que retiró el capital público de las principales utilities.

Durante el 2023, las cinco grandes energéticas españolas –Iberdrola, Naturgy, Endesa, Repsol y Cepsa– ganaron en su conjunto casi 10.500 millones de euros. Unos beneficios que van a manos de sus accionistas, inversores privados. Pero el debate sobre la participación pública en las energéticas va más allá de la rentabilidad económica. Con la guerra en Ucrania, en España y Portugal hubo que poner en marcha el tope al gas (la excepción ibérica) para controlar los precios. En Francia, la eléctrica EDF, controlada por el estado, decidió sacrificar los márgenes para proteger a los clientes del alza de los precios energéticos.

Según datos de Bloomberg, España, entre los países de su entorno, se sitúa en la cola de participaciones estatales en empresas estratégicas. El capital del Estado en este tipo de empresas roza los 29.000 millones, muy por encima de Portugal (poco más de 1.000 millones), pero muy por detrás de Alemania (90.248 millones), Francia (63.627 millones) o Italia ( 47.476 millones).

La OCDE señala que 32 de las 50 mayores empresas del sector eléctrico internacional disponen de participación pública: Hydro-Quebec (100%, de Canadá), Tennessee Valley Authority (EE.UU.), Tepco (Japón) y las francesas EDF y Engie. Según los cálculos de la Comisión Europea, el 60% de la producción energética en Europa la realizan las compañías de titularidad pública, un porcentaje que en el caso de Países Bajos, Chipre o Dinamarca representa casi la totalidad de la oferta disponible.

Independencia y descarbonización

La OCDE también subraya la necesidad de que las compañías de titularidad estatal energéticas se amplíen a los países donde todavía no están para empujar hacia la descarbonización de las actividades energéticas. Las empresas públicas de energía son un fenómeno habitual en los países europeos. Noruega, Francia, Italia o Suecia son algunos de los estados que disponen de este instrumento, valorado como un importante dinamizador para la instalación de infraestructuras de energía renovable. Esta tendencia también se replica en Estados Unidos, donde hasta el 12,6% de la energía que consumen los ciudadanos proviene de compañías de titularidad pública.

Según el organismo, que un territorio disponga de una compañía de energía pública garantiza su independencia energética y disminuye la necesidad de importación de combustibles fósiles. Entre los 10 principales estados productores de energía renovable, 9 cuentan con una empresa con un mínimo del 50% de participación pública. Son Vattenfall (100% de Suecia), Statkraft (100% de Noruega), Ørsted (50% de Dinamarca), Axpo (100% de participación de las esquinas nororientales de Suiza), Verbund (51% de Austria), Fortum (50,76% de Finlandia), Mercury (51% de Nueva Zelanda), EDF (cerca de un 100% de Francia) y Landsvirkjun (100% de Islandia).