Cártel de coches: una reclamación posible y hasta 3.000 M€ en juego
Demandas masivas y plataformas 'legal tech' salen más a cuenta que la demanda individual
BarcelonaLa fecha límite para reclamar es el 2026. Muchas personas que compraron un coche en España entre 2006 y 2013 abonaron de más, entre un 10% y un 15% por encima de lo que tenían que pagar, y ahora pueden reclamar a las empresas automovilísticas ese sobreprecio y los intereses legales generados desde entonces. En total, podría haber entre 2.000 y 3.000 millones de euros en juego. Todo viene de lo que se conoce como cartel de coches, es decir, una concertación entre fabricantes por cobrar de más.
La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) investigó el caso, que se cerró en el 2015 con multas de 171 millones de euros para una veintena de fabricantes de automóviles (al final fueron 134 millones porque se perdonó la multa al grupo Volkswagen por admitir su participación, en lo que se conoce como programa de clemencia), cuatro distribuidoras de marcas de coches y dos empresas consultoras. Evidentemente, los fabricantes presentaron recurso, pero a finales del 2021 quedaron avaladas estas multas, primero por la Audiencia Nacional y después por el Supremo, y se dio por probada la existencia de este cártel.
A raíz de estas sentencias, los afectados pueden reclamar, pero deben hacerlo por vía judicial, en el juzgado mercantil. Para ello existen unos elementos básicos: hay que demostrar que se compró un coche de los modelos y marcas afectadas, aportando la documentación correspondiente, y debe presentarse también un informe pericial que demuestre el mal sufrido. De hecho, puede reclamarse incluso si el coche ya se ha dado de baja o se ha vendido a un tercero.
El problema es cómo hacerlo. Ir por libre es factible, pero reclamar judicialmente, con el coste que comporta en abogado, procurador y perito para conseguir entre 1.500 y 3.000 euros quizás no compensa. "Incluso acabarás perdiendo dinero, porque las marcas llevarán el caso hasta el Supremo", explica Manel Espinosa, socio de la plataforma legal tech Allura&Peimond (A&P).
Demandas en masa
Los afectados han empezado ya a presentar sus reclamaciones. Una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea indica que, desde que el Supremo dictó su sentencia, existe un plazo de hasta cinco años para presentar demandas, es decir, hasta el 2026. Pero cómo se ha explicado , reclamar es complicado y costoso. Por eso, comienzan a presentarse reclamaciones en masa que vehiculan bufetes de abogados especializados como Arriaga o Quemades, la Organización de Consumidores y Usuarios, o incluso una plataforma creada ad hoc, la Agrupación de Afectados por el Cártel de Coches (AACC), están canalizando estas reclamaciones.
En el caso de la legal tech catalana A&P se ha ido un paso más allá. Estos abogados tienen una plataforma tecnológica que facilita los trámites y, además, se han dotado de los recursos financieros para realizar la reclamación. A&P se ha aliado con Systema Capital, uno family office que aporta los recursos. De hecho, han logrado 15 millones de euros de fondos internacionales y su objetivo es presentar la reclamación por 100.000 coches vendidos por el cártel. "Serían un 1% de los coches afectados y se podría llegar a unas indemnizaciones que sumen unos 300 millones de euros", explica Manel Espinosa. De momento, representan ya la mitad de su objetivo: unos 13.000 coches de clientes privados y unos 40.000 de flotas, indica Ivan Comerma, de Systema Capital.
'Litigation Funding'
La plataforma tecnológica ha supuesto una inversión de más de 300.000 euros, llevando un 30% de la indemnización que obtenga cada cliente. Si no se logra la indemnización, el afectado no paga nada. Sin embargo, para el propietario del coche afectado tiene ventajas: no debe avanzar fondos, la mayoría de los trámites los puede realizar online, y el peritaje, clave en la reclamación, lo encarga la plataforma. Pero, sobre todo, "al particular le habría resultado antieconómico el litigio", dice Comerma. Además, se han enfocado mucho a las flotas, ya que hay muchas empresas que tienen varios vehículos afectados, pero que no quieren asumir el coste, el tiempo invertido y el dolor de cabeza de hacer la reclamación, por lo que no dudan en externalizar -lo.
El sistema es poco conocido en España, pero es más habitual en otros países, sobre todo anglosajones. Es lo que se conoce como Litigation Funding, la captación de fondos para instar a un litigio en el que a los afectados, uno por uno, no les sale a cuenta, pero que pueden conseguir una indemnización si van en bloque.
Para hacer la reclamación por parte de los afectados, explica Manel Espinosa, no es necesario demostrar la culpabilidad –se considera que existe por la resolución de la CNMC y las sentencias del Supremo–, sino que "sólo debe acreditarse el daño". Por eso es importante demostrar, con la documentación y el peritaje, que se compró uno de los coches afectados y que se pagó un sobreprecio.
