La funcionaria que reclama trabajar y que no la traten como un "mueble"

Barcelona / Vilanova i la GeltrúCerrar una reja a las dos del mediodía. Es la única tarea que tenía María José durante toda su jornada laboral en el Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú. Esta funcionaria denuncia que la administración la ha tenido tres años sin hacer ningún trabajo “efectivo” después de que hubiera destapado unas irregularidades con las fianzas de la bolsa de alquiler social. La han cambiado por diversos departamentos y se ha sentido siempre “aislada”: desde octubre está de baja y tiene diferentes procedimientos abiertos con el consistorio garrafense. “He llegado a estar siete horas sin hacer nada. Yo quiero un puesto de trabajo digno, que no se me considere un mueble, sino parte de un equipo”, lamenta.

Los sindicatos le dan apoyo, ya que consideran que la trabajadora ha sido “arrinconada” desde que “destapó” la problemática de las fianzas, cuando salió a la luz que un trabajador había desviado 30.000 euros públicos. “No saben qué hacer con ella”, explica Josep Farré, de CCOO, que lamenta que la “maquinaria” administrativa “no tiene corazón” y dice que la solución en este caso era fácil: ponerla en el departamento de mediación, “donde la necesitan”, y no moverla por diferentes áreas sin asignarle ninguna tarea productiva, simplemente para “quitarse de encima”.

Farré considera que casos como este se repiten “mucho” y a la administración acaba llegando mucha gente que “no hace nada”. En algunos casos, se trata de trabajadores que caen en el “ostracismo” y “se les aparta” porque no son del mismo color político que el equipo de gobierno. Cuando esto sucede, la administración tiene “recursos inacabables” y puede estar los años que haga falta litigando con los trabajadores que han denunciado un acoso laboral, que acaban superados y renunciando a sus demandas. En el caso de María José se había mojado políticamente y había dado apoyo a otras empleadas que tenían litigios abiertos y esto cree que ha influido.

Un estudio de la CGT del año 2024 reveló que las denuncias por acoso en el ámbito laboral en la administración pública crecieron un 354% en cinco años. La mayoría, más de un 70%, en el departamento de Educación. Aun así, casi 3 de cada 4 denuncias no se admitieron a trámite, destaca el secretario de comunicación Jordi Gil, que lamenta que si esto pasa se acaba “revictimizando” a la persona afectada. Según los datos que tiene Función Pública, entre el 2015 y el 2025 se denunciaron 245 casos dentro de la Generalitat, de los cuales a solo 40 se encontraron indicios de acoso laboral y se abrió un expediente.

Hay un segundo tipo de funcionarios que tampoco hacen nada en el trabajo, según Farré. En este segundo cajón se encuentra el mal llamado “cementerio de elefantes” en el que se ha convertido la administración: gente “encerrada en un despacho”, con “sueldos altos”, esperando la jubilación. “Dale trabajo, sácale partido porque tiene capacidad. ¿Es ineficiencia o prevaricación?”, se pregunta el sindicalista.

Cambios constantes

María José tiene un posgrado en salud pública y tenía una plaza de técnica ganada en propiedad. Antes de realizar el nombramiento de esta posición y consolidar su plaza, comenzó el periplo por diversas áreas. La colocaron en licencias porque había una sobrecarga de trabajo y en vivienda, que es cuando estalla el escándalo de las fianzas. Posteriormente, tenía que ir a mediación, ella lo aceptó porque se había sacado un máster, pero el pacto con el equipo de gobierno no se materializó, ya que hubo un cambio de color político después de las municipales. A partir de aquí, la movieron a medio ambiente, gestión tributaria y salud.

Sin ningún trabajo asignado que la hiciera sentir útil: “Es muy duro, solo esperaba la hora de irme; aproveché para escribir mucho, un dietario”. Incluso tuvo la mesa en medio de un “lugar de paso”, como si fuera parte del mobiliario: “Me pasaba el día llorando”. Mientras tanto, bajas por ansiedad y un tira y afloja continuo con el consistorio. Sufrió una taquicardia y la doctora le dio la baja. Y aquí radica uno de los problemas: ella considera que es una baja laboral, la mutua no lo ve así y ahora se tiene que resolver en un tribunal. Incluso llegó a activar el protocolo de acoso laboral y a reclamar que se la reconociera como alertadora por parte de la Oficina Antifraude, pero ninguna de las dos salió adelante y no obtuvo mayor protección ante posibles represalias. “Quizás soy muy crítica, no lo sé, solo quiero sentarme, hablar y dejar las cosas claras. Necesito poner fin a esto, sea como sea”, confiesa.

Por una cuestión de protección de datos, el consistorio garrafenc evita valorar el caso concreto de esta trabajadora, pero asegura que los cambios de la plantilla siempre se hacen “con criterios objetivos” y que en situaciones de conflicto con un empleado siempre hay una mediación e incluso una mentoría, dos vías que se han explorado, sin acuerdo, con María José.