Hacienda mantendrá el régimen de módulos a pesar de ser un "importante foco de fraude y blanqueo" según los inspectores
La reforma fiscal recomendará que se suprima gradualmente el sistema, pero el gobierno central no lo prevé
La reforma fiscal que prepara el gobierno central pasará de puntillas por el polémico régimen de módulos, gracias al cual más de un millón de contribuyentes pagan impuestos sin tener en cuenta los ingresos reales que tienen. La ventaja de este sistema es que es muy sencillo, cosa que facilita los trámites burocráticos para los autónomos y pequeñas empresas que se acogen. Pero la desventaja es que, según denuncian reiteradamente los expertos e inspectores de Hacienda, la tributación por módulos es un "importante foco de fraude y blanqueo".
A pesar de que es poco conocida por el gran público, la tributación por módulos se utiliza en numerosos sectores, como en los bares, hostales, taxistas, transportistas, autoescuelas, talleres de reparación o peluquerías, entre otros. Gracias a este sistema, los autónomos y empresas de estos sectores pagan impuestos en función de varios parámetros objetivos. Por ejemplo, en el caso de los bares, el número de mesas que tienen y la longitud de la barra. Siguiendo estos criterios, el bar paga los mismos impuestos cada año independientemente de lo que facture.
Los datos de la Agencia Tributaria muestran que los que se acogen a este régimen pagan mucho menos que el resto. En concreto, en 2019 pagaron de media un IRPF de tan solo el 7,76%, mientras que los autónomos y empresas que tienen el sistema normal pagaron un 22,28% de IRPF. En España había aquel año (el último con datos disponibles) más de 1,2 millones de autónomos y empresas tributando por módulos, un 70% de los cuales vinculados a la agricultura y la ganadería.
El gobierno aplaza el endurecimiento del sistema
Los inspectores de Hacienda agrupados en el sindicato Gestha han denunciado reiteradamente que los módulos generan fraude fiscal y blanqueo de dinero. Consciente de esto, después de instaurar este sistema en 1992, en los últimos quince años, el gobierno español empezó a introducir restricciones, básicamente para limitar cuál es la facturación máxima que pueden tener las empresas y los autónomos que se acogen a los módulos.
Hasta el 2015, por ejemplo, el límite máximo era de 450.000 euros (y 300.000 en el caso de los agricultores y ganaderos). Al año siguiente se rebajó hasta 250.000 euros. Y el umbral se tenía que seguir recortando, pero el gobierno lo paró en seco: la ley establecía que en 2018 se tenía que rebajar el límite máximo hasta los 150.000 euros, o 75.000 en el caso de los autónomos que facturan a otras empresas. Año tras año, pues, el gobierno español ha ido aplazando este endurecimiento. El último golpe fue el pasado diciembre, cuando decidió que en 2022 el sistema de módulos seguiría sin cambios.
El ministerio de Hacienda justifica que "tal y como está el panorama" por culpa de la pandemia, "la prioridad es la economía" y cuestiona que sea el momento de endurecer o incluso suprimir los módulos, como piden los expertos. Según dijo Francisco de la Torre, exportavoz de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), si España tiene un sistema de módulos "tan extenso" es porque la Agencia Tributaria "no tiene suficiente medios para controlar todo el comercio minorista".
De hecho, la comisión de expertos nombrada por el gobierno central para impulsar la reforma fiscal pasará de puntillas sobre este tema. En el informe que presentará esta próxima semana reiterará la recomendación de ir suprimiendo gradualmente los módulos, pero esto ya es el que en teoría dice la ley, y el gobierno ha optado para irlo posponiendo. El último grupo de expertos que hizo un informe previo a una reforma fiscal, en 2014, ya pidió la desaparición definitiva.
Origen y problemas
En origen, este régimen de tributación se diseñó para los pequeños negocios que tienen escasa capacidad de gestión, según reflexiona Juan Jesús Martos García, profesor de la Universidad de Granada, en un artículo publicado en Crónica Tributaria, una revista editada por el mismo ministerio de Hacienda. Los módulos, argumenta, aportan seguridad jurídica a estos negocios (puesto que no tienen sorpresas desagradables), les reducen los costes de cumplir con sus obligaciones tributarias y les ayudan a planificar mejor su actividad empresarial.
Ahora bien, el propio Martos sostiene que "algunas de las ventajas que teóricamente ofrecía este régimen cuando se formuló, en la actualidad, resultan claramente cuestionables". Todavía va más allá y sostiene que los módulos son un "mecanismo incentivador del fraude fiscal y del blanqueo de capitales". El caso de fraude más habitual es encontrarse que los autónomos y empresas emiten facturas falsas por ventas que realmente no han hecho, o que no declaran algunas compras para evitar pagar el IVA. Finalmente, otro caso usual es que no se declare una parte de la actividad de la empresa para evitar sobrepasar los límites anuales de facturación y, así, poder seguir disfrutando de la tributación por módulos.