Los incumplimientos con Catalunya suman 4.400 millones en nueve años

BarcelonaEl déficit de inversiones del Estado en Catalunya entre el 2013 y el 2021 es de 4.399 millones de euros, solo con los incumplimientos de las cifras incluidas en los presupuestos del Estado. Es decir, en este periodo de nueve años, el gobierno español tendría que haber destinado 567 euros más por persona en inversiones en Catalunya para cumplir con las cantidades que había incluido en sus propios presupuestos generales del Estado (PGE). Y las responsables de este agujero son las empresas públicas del Estado, puesto que son las grandes incumplidoras.

Los datos se agravaron el año pasado, según los datos publicados el mes pasado, cuando el Estado solo ejecutó un 35% de la inversión prevista. Pero las carencias vienen de lejos. En nueve años, los diferentes gobiernos españoles presupuestaron 11.400 millones de euros en inversiones de todo tipo en el Principado, pero a la hora de la verdad solo se ejecutaron 7.001 millones, según cifras de la Intervención General del Estado y el ministerio de Hacienda recogidas por la Generalitat. Así, de cada 10 euros presupuestados, el Estado solo acaba invirtiendo realmente 6,14.

Estos datos incluyen tanto a los diferentes ministerios que forman el ejecutivo como organismos autónomos y empresas estatales. Por lo tanto, se trata de "inversiones muy variadas", indica Josep Reyner, presidente de la Comisión de Economía Catalana del Col·legi d'Economistes de Catalunya. Incluye, por ejemplo, investigación científica, y no solo infraestructuras, que es lo que mucha gente tiene en la cabeza cuando piensa en el déficit inversor del Estado.

Hay que tener en cuenta, además, que para el 2019 y el 2020 se toman como referencia los PGE del 2018, puesto que la falta de acuerdo entre partidos y la doble convocatoria electoral del 2019 obligaron al gobierno español a prorrogar las cuentas durante dos ejercicios.

Las empresas públicas, el principal agujero

Ahora bien, a pesar de que el déficit inversor es generalizado, los datos muestran que el grueso de los incumplimientos proviene de las empresas públicas controladas por el Estado, y en este caso Adif, Enaire y otras empresas de infraestructuras son las grandes incumplidoras. De hecho, tanto la administración ordinaria como los organismos autónomos invierten algo más de lo previsto, con saldos de ejecución positivos de 132 millones y 349 millones de euros, respectivamente. En cambio, la ejecución de la inversión de las empresas públicas se queda 4.864 millones por debajo de lo que mandan las cuentas públicas de estos nueve años.

Reyner recuerda que una buena parte de este decalaje entre lo que el gobierno presupuesta y lo que acaba invirtiendo realmente se concentra en la red de trenes. Por ejemplo, "el porcentaje ejecutado en alta velocidad en 2015 fue una ridiculez, no fue ni el 5%", recuerda. Estos incumplimientos se dan cada año, tanto en la red de AVE como la red convencional. Así mismo, durante años Enaire, encargada de invertir en aeropuertos, tampoco ha logrado los niveles de inversión que se le indicaban en el presupuesto.

Calcular cómo afecta la falta de inversiones en el conjunto de la economía catalana es complicado y requiere modelos macroeconómicos complejos, pero Reyner recuerda que en general se considera que un euro de inversión pública tiene un efecto multiplicador de entre 1,4 y 1,5 euros sobre el total del producto interior bruto (PIB, el indicador que mide la medida de una economía) de un territorio. Es decir, con un cálculo simple, los 4.399 millones de euros no ejecutados habrían hecho que el PIB catalán aumentara entre 6.158 millones y 6.598 millones.

Más allá de los PGE

Según la Generalitat, el déficit de inversiones en Catalunya va más allá de los 4.399 millones. En el último encuentro de la subcomisión técnica de la Comisión Bilateral de Infraestructuras Generalitat-Estado, el gobierno catalán reclamó al español 12.239 millones de euros solo en inversión en infraestructuras.

La Generalitat justifica este dato por dos cuestiones. Por un lado, la baja ejecución ha llevado al ejecutivo catalán a reclamar un plan de inversiones de 9.000 millones de euros evaluable anualmente. Por otro, el Govern todavía exige 3.000 millones que le debe el Estado en cumplimiento de la disposición adicional tercera del Estatuto de Autonomía, aprobado hace dieciséis años.

De hecho, todos estos cálculos se basan simplemente en el incumplimiento de los PGE, pero ya de entrada estos parten con una falta inicial hacia Catalunya, que es que ningún gobierno español ha presupuestado una inversión que corresponda con el peso de la economía catalana sobre el conjunto de la española, sino que siempre se queda por debajo.

En este sentido, la disposición adicional tercera obliga al Estado a invertir en Catalunya según el peso que tiene el PIB catalán sobre el español, que normalmente se encuentra entre el 18,5% y el 19%. Por lo tanto, el gobierno español tendría que destinar a Catalunya estos porcentajes de toda la inversión incluida en el PGE.