El gobierno español se desvincula de la salida de Ángel Escribano como presidente de Indra

MadridEl último año en la empresa de defensa Indra, el primer accionista de la cual es el Estado, con un 28% del capital social, ha estado marcado por los cambios en la cúpula y una operación frustrada –la posible fusión de Indra con la empresa Escribano Mechanical & Engineering (EM&E Group)–. Sobre todo esto, y más cosas, han sido las preguntas que se han hecho este martes en la comisión de Seguridad Nacional del Congreso a dos cargos que se han visto implicados en ambas polémicas: Belén Gualda, presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI, el brazo inversor del gobierno español), y el director de la Oficina de Asuntos Económicos y G20 del gobierno español, Manuel de la Rocha.

De la Rocha se ha desvinculado de la dimisión de Ángel Escribano como presidente de Indra en abril de este año después de que algunas informaciones apuntaran que tuvo un papel clave en la salida del directivo. De hecho, algunos de los diputados que han participado en la comisión le han preguntado, precisamente, sobre su rol. "Jamás solicité, amenacé o pedí al señor Escribano su dimisión", ha afirmado De la Rocha durante su comparecencia.

con un 10% del capital social.

Una operación frustradateleco con un 10% del capital social.

Una operación frustrada

Hasta poco antes de su salida de Indra, Escribano defendía su permanencia. La especulación, sin embargo, en torno a su continuidad como presidente fue creciendo. El motivo de fondo era la operación que implicaba una posible fusión entre Indra y EM&E Group, la empresa de defensa que él mismo fundó de la mano de su hermano, que a la vez tenía un 14,3% del capital social de Indra, una participación que más tarde ambos se han acabado vendiendo. Mientras que Escribano veía con buenos ojos la integración, el gobierno español acabó viendo un conflicto de interés.

Así lo ha reconocido Gualda, que ha comparecido en la comisión del Congreso antes de que lo hiciera De la Rocha. Este conflicto de interés, sin embargo, no se detectó hasta marzo de este año, según ha explicado Gualda, a pesar de que la posible integración entre ambas compañías hacía meses que flotaba en el ambiente. La primera vez que Indra confirmó que mantenía conversaciones con el Grupo Escribano fue en abril de 2025. Gualda ha dicho que no fue hasta diciembre del mismo año que el consejo de administración de la empresa puso la propuesta formalmente sobre la mesa.

Entonces, sin embargo, la SEPI votó a favor porque veía un "encaje estratégico". "Corresponde a la compañía [Indra] definir y adoptar la estrategia oportuna [para la empresa] y es sobre estas propuestas estratégicas que la SEPI fija la posición, que después trasladan los consejeros dominicales", ha añadido Gualda.

Finalmente, el pasado mes de marzo la SEPI "traslada la preocupación" por el conflicto de interés generado "a pesar de las medidas tomadas para evitarlo", ha recordado Gualda. Indra había creado una comisión ad hoc para evaluar la operación para que Escribano quedara al margen. Esta comisión la pilotaba el consejero delegado de Indra con poder ejecutivo, José Vicente de los Mozos, que la semana que viene será sustituido por el catalán Josep Maria Recasens, exdirectivo de Renault en España.

A Ángel Escribano lo sustituyó a propuesta de la SEPI el catalán Àngel Simón, exconsejero delegado de CriteriaCaixa. En este sentido, Gualda ha dicho que se consensuó con el resto de accionistas que Simón no tuviera poderes ejecutivos, a diferencia de Escribano. "Se compartió la necesidad de volver a una gobernanza que separe competencias ejecutivas y no ejecutivas", ha dicho Gualda, que ha defendido que Simón tiene "experiencia de sobra" para este cargo.

Tensión con el PP

La comisión de Seguridad Nacional de este martes la impulsó el PP para que el gobierno español y la SEPI informaran sobre las participaciones públicas en Telefónica y en Indra, dos empresas estratégicas en las que el Estado ha invertido importantes recursos públicos –los diputados de Junts, PNB y EH Bildu no han participado.

El diputado del PP Rafa Hernando lo ha aprovechado, sin embargo, para hurgar en los frentes judiciales que acosan al gobierno español y al PSOE y que han colocado, precisamente, a la SEPI en el punto de mira. Es el caso Plus Ultra, por ejemplo, en el que se investigan las ayudas públicas del fondo de solvencia que recibió la compañía aérea durante la pandemia de la covid-19. Tanto Gualda como De la Rocha han defendido el proceso de adjudicación de los préstamos que se destinaron a ayudar a empresas estratégicas.

"La SEPI cumplió con su papel y el fondo de solvencia tuvo resultados", ha defendido Gualda, que ha cifrado en "62.000" los puestos de trabajo salvados gracias al fondo. Para tener acceso a las ayudas, ha recordado la presidenta de la SEPI, había que cumplir con "unas condiciones muy exigentes". El momento de mayor tensión que se ha vivido en la comisión ha sido, de hecho, entre Hernando y De la Rocha. "Señor Hernando, yo no he sido ningún fontanero de ninguna alcantarilla como usted ha dicho", ha aseverado el director económico de la Moncloa después de que el diputado del PP le haya involucrado en las tramas de los casos que salpican a Leire Díez, Santos Cerdán o José Luis Ábalos.