Sólo el 25% del dinero recaudado en vivienda en Cataluña se destina a políticas residenciales
Un estudio de las cátedras de vivienda de los promotores y Tecnocasa con la UPF analiza la reinversión de 14 tributos de distintas administraciones
BarcelonaSólo el 25% de los recursos recaudados a través de impuestos relacionados con la vivienda en Cataluña se reinvirtieron en gasto residencial en 2023. Si bien el Estado, la Generalitat y los ayuntamientos catalanes –la muestra sólo incluye a los de más de 25.000 habitantes– ingresaron un total de 4.632 millones de euros durante 2 reinvertir 1.155 millones en políticas de vivienda.
Esta es la principal conclusión de un informe que este jueves han presentado conjuntamente las cátedras en materia de vivienda que tienen la Asociación de Promotores y Constructores de Cataluña (APCE) y la agencia inmobiliaria Tecnocasa con la Universidad Pompeu Fabra (UPF), con la participación de sus directores, los expertos en . El informe recomienda a las administraciones revertir estos datos, es decir, equilibrar la relación entre recaudación e inversión en materia de vivienda.
El estudio sólo se ha centrado en evaluar y recoger los datos de Cataluña, por lo que no se puede contextualizar este porcentaje en comparación con otras comunidades autónomas, el conjunto del Estado u otros países de la Unión Europea (UE). Sin embargo, los autores han defendido que se puede presuponer que este porcentaje es superior en otros lugares teniendo en cuenta dos premisas: que la inversión de España en vivienda equivale a un tercio de la media europea y que, a su vez, es uno de los países "con mayor tributación efectiva" sobre la vivienda en propiedad, con un tipo efectivo del 30,3% frente al 6,5% un estudio reciente del Instituto de Estudios Económicos sobre la fiscalidad de la vivienda en España
Entre los tributos analizados se encuentran los municipales –como el IBI, el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos y otros relacionados con construcción y urbanismo–, los autonómicos –que incluyen el impuesto de transmisiones patrimoniales (ITP), actos jurídicos, patrimonio, viviendas vacías y la mitad del IRPF– y la mitad del IRPF–. El 25% total es el resultado de combinar las diferentes proporciones: en el caso de la comunidad autónoma es del 13,3%, en el de la parte municipal, del 22,2%, y en el de la parte estatal se dispara un 168,1%, pero los ponentes han aclarado que en muchos municipios la recaudación neta fue especialmente negativa por efecto de deducciones fiscales. Respecto al ITP, el presidente de la APCE, Xavier Vilajoana, advirtió de que el aumento de la tasa impositiva para diferentes supuestos, como grandes tenedores y según el precio de la vivienda, no solucionará la accesibilidad a la vivienda porque hará que aumente su coste. "El 30 por ciento del coste de una vivienda son impuestos", ha dicho.
"En 1994 la recaudación impositiva se aproximaba al 1%, si se tiene en cuenta que el gasto fiscal podía llegar al 1,96%, y ahora España está muy a la cola, en el 0,1% o 0,2% del PIB, situación claramente distinta del resto de la UE". El informe asegura que si ese 25% se triplicara hasta el 75% España podría acabar con el déficit de vivienda social, que actualmente supone el 1,13% del parque, muy por debajo del 7,75% de la media europea.
Desigualdad territorial
A escala municipal, las ciudades más grandes, con mayor población y demanda de vivienda, reciben la mayoría de los recursos autonómicos y estatales destinados a este sector. De hecho, Barcelona es la ciudad que más dinero recibió, y también la que más gastó en acceso a la vivienda y edificación en términos absolutos, con 352 millones de euros, seguida de Lleida, Santa Coloma de Gramanet, El Prat de Llobregat y Manresa, que se sitúan entre los 6,5 y los 9 millones de euros. En la cola se encuentran Sant Vicenç dels Horts, Premià de Mar, Tortosa, Blanes y Barberà del Vallès, con cifras situadas entre los 585.000 y los 842.000 euros.
Paralelamente, municipios como Sant Cugat del Vallès o Sitges, a pesar de contar con una elevada recaudación por vivienda –superior a los 2.500 euros por unidad residencial en algunos casos–, destinaron en 2023 menos del 15% de estos recursos a políticas de vivienda.
