El Supremo anula el registro único de alquileres turísticos del Estado porque considera que no tiene competencias

MadridEl Tribunal Supremo da la razón, parcialmente, a aquellas comunidades autónomas que presentaron un recurso contra el registro único de viviendas de corta duración del gobierno español porque creían que invadía competencias autonómicas. En una sentencia publicada este jueves, y como respuesta a un recurso que presentó la Generalitat valenciana (también presentó uno Andalucía), el alto tribunal anula la medida porque considera que el Estado no tiene competencias para crear una herramienta así.

"El Estado no tiene competencias para establecer una regulación exhaustiva de un registro nacional que se superponga a los registros autonómicos existentes en cuanto a la inscripción de inmuebles destinados al alquiler turístico", indica el Supremo. Sin embargo, desestima el recurso del gobierno valenciano en lo que respecta a las disposiciones de la norma que regulan la ventana única digital de alquileres, la obligación de las plataformas digitales de enviar sus datos y la transmisión de información con fines estadísticos.

¿Qué dice la norma?

La norma del gobierno español define qué es un alquiler de corta duración y crea una ventanilla única digital de arrendamientos que otorga un número de registro o matrícula a través del cual el inmueble que se dedica al alquiler de corta duración se puede inscribir en el registro único. La ventana única digital da un número de registro (matrícula) para cada alquiler de corta duración, incluidos los alojamientos turísticos –alquileres de menos de 31 días–, los de temporada –alquileres para residencia no habitual del inquilino–, habitaciones y también embarcaciones u otras propiedades. El objetivo era poner fin al fraude en torno a estos inmuebles y que solo se puedan comercializar aquellos que figuran en el listado. Fuentes del ministerio de Vivienda cifran en 111.000 los contratos ilegales que han aflorado desde el 1 de julio de 2025, cuando se puso en marcha la medida.

Choque con las patronales

El choque por este registro único no solo se produjo entre comunidades y ministerio de Vivienda, que es quien se ha encargado de desplegar esta política. También la patronal de propietarios de pisos turísticos se plantó. "Lo que habría sido lógico es enviar los datos de las bases autonómicas en un solo registro para no crear duplicidades", reflexionaba Marián Muro, directora general de la Asociación de Pisos Turísticos de Barcelona, hace unos meses.

España se convirtió en el primer país de la Unión Europea en desarrollar este registro único. De hecho, el reglamento europeo prevé que lo tengan todos los estados miembros. Lo que dice el Supremo, sin embargo, es que la normativa comunitaria no establece que este registro lo deba diseñar la administración central de un país y "todavía menos incide en el régimen de distribución de las competencias existentes en los estados miembros". En el caso catalán, por ejemplo, existe el Registro de Turismo de Cataluña, pero desde que el gobierno central aprobó su norma se pide a aquellos propietarios interesados en registrar un inmueble que pidan la matrícula según lo que dicta la norma estatal. "El TS ha decidido dejar en manos de las comunidades los registros de alojamientos turísticos y de temporada. Les corresponde a partir de ahora velar por su cumplimiento", indican fuentes del ministerio.

Entesa pels recursos

Con todo, la sentencia del Supremo ha coincidido con el reparto de los recursos del Plan Estatal de Vivienda 2026 - 2030 entre las comunidades autónomas y, a diferencia del registro único estatal de alquileres turísticos, aquí sí que ha habido entendimiento.

Las comunidades autónomas han avalado por unanimidad el plan estatal y los recursos, tal como han explicado fuentes del ministerio después de la conferencia sectorial que se ha mantenido este jueves en Madrid para explicar los detalles de la medida. Los gobiernos autonómicos del PP han criticado de nuevo la medida, pero se han adherido.

Los acuerdos se cerrarán de manera bilateral con cada comunidad, pero la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha celebrado que administraciones de colores políticos diferentes hayan acercado posiciones en una cuestión que ha tildado de "prioritaria". El plan está dotado con 7.000 millones de euros, 1.015 de los cuales irán destinados a Cataluña.