Juicio por el traslado de Ciments Molins: la empresa reconoce que los directivos no se han ido a Madrid

MADRIDVisto para sentencia. Así ha quedado el juicio de la empresa catalana Ciments Molins por el traslado de su sede social. Al poco del 1 de Octubre, esta compañía optó por trasladar la sede social de Sant Vicenç dels Horts a Madrid. Algunos accionistas familiares rechazaron este movimiento y llevaron el caso a los tribunales.

Este martes, cuatro años después de aquel traslado, las dos partes se han encontrado en el juzgado mercantil número 3 de Madrid. El juicio ha durado solo un día y el juez ahora tendrá que tomar una decisión sobre la legalidad de aquel traslado. Tal como avanzó el ARA, un grupo de accionistas —miembros de la rama familiar Molins Amat— decidieron presentar una demanda después de que la dirección de la compañía ignorara repetidamente la petición de replantear aquel cambio y que la sede social volviera a Catalunya.

En concreto, estos accionistas piden a la justicia que declare ilegal el traslado porque consideran que tener la sede social en Madrid pero no tener el centro de decisión real (como por ejemplo, el equipo directivo o la actividad) es un fraude de ley. Desde su punto de vista, "ha quedado acreditado que todo continúa igual". Por otro lado, los representantes de la empresa han argumentado en el juicio que en Madrid se celebran los consejos de administración de forma más recurrente, tienen alguna oficina y se ha contratado a algún empleado, si bien la inmensa mayoría continúan en Catalunya, así como todo el equipo directivo, según explican fuentes presentes en el juicio.

Estos elementos hacen que la empresa asegure que se cumplen los requisitos legales para considerar que tiene su sede efectiva en Madrid, como ya ha defendido con anterioridad. "Ahora la discusión jurídica está en si esto es o no suficiente", apuntan fuentes de la parte demandante. Ciments Molins no ha querido hacer ninguna valoración cuando el ARA se lo ha pedido.

El juicio ha durado cuatro horas y han declarado el presidente de Ciments Molins (Joan Molins) y el consejero delegado (Julio Rodríguez), además del director financiero y el director del área jurídica. Es el primer caso conocido de una empresa que ha acabado en los tribunales después del traslado de miles de sedes sociales en las semanas posteriores al 1-O. No hay muchas sentencias que hayan resuelto un caso como este, de forma que el resultado no es previsible.

El decreto Guindos, en su punto de mira

Pero la demanda va más allá del caso particular de Ciments Molins. Los demandantes también solicitan que se declare inconstitucional el famoso decreto Guindos, con el cual el gobierno español facilitó el traslado de sedes sociales dando poderes a los consejos de administración de las empresas para tomar esta decisión sin consultarlo en las juntas de accionistas, como hasta entonces exigía la ley. De hecho, esto permitió que días posteriores al 1 de Octubre diferentes empresas catalanas decidieran cambiar de un día para el otro su sede social.

Así, además del caso de Ciments Molins, el juez tiene que decidir todavía si tramita o no esta solicitud. En caso de que salga adelante, la sentencia podría tardar más tiempo en publicarse. En cambio, si la rechaza, las fuentes consultadas creen que la sentencia podría tardar poco, si bien después las partes podrían recorrer la decisión a instancias jurídicas superiores en caso de no estar de acuerdo.

En función de la decisión del magistrado, habrá que ver si la solicitud de la parte demandante tiene o no implicaciones para el resto de empresas que en 2017 trasladaron la sede social sin pasar por la junta de accionistas y, por lo tanto, si marca un precedente. En aquel momento, el ministro de Economía, Luis de Guindos, argumentó que varias organizaciones empresariales le habían pedido este cambio legislativo.