Multa de 200 millones: seis grandes constructoras se repartieron las infraestructuras durante 25 años
Empresas como Acciona, Dragados, FCC o Ferrovial se reunían semanalmente para compartir información
MADRIDReuniones semanales para alterar miles de contratos públicos de infraestructuras, como por ejemplo hospitales o carreteras. Esta es la práctica que durante 25 años han llevado a cabo las seis principales constructoras españolas y por la cual la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) les ha impuesto este jueves una multa histórica por un importe total de 203 millones de euros. Así lo ha informado el organismo supervisor en un comunicado. Las compañías sancionadas son Acciona (29,4 millones de euros), Dragados (57,1 millones), FCC (40,4 millones), Ferrovial (38,5 millones), OHL (21,5 millones) y Sacyr (16,7 millones de euros). Competencia también había investigado la empresa española Lantania, para quien finalmente se ha archivado la causa.
"Se trata de unas prácticas con unos efectos especialmente nocivos para la sociedad, puesto que han afectado a miles de concursos convocados por las administraciones públicas españolas para construir infraestructuras como por ejemplo hospitales, puertos y aeropuertos, carreteras, etc.", subraya la CNMC en su comunicado, donde destaca que entre las administraciones más afectadas están las dedicadas al fomento de obras, en particular el ministerio de Transportes (heredero del ministerio de Fomento) y los organismos y entidades públicas que dependen de este.
Reuniones semanales y licitación en bloque
Las seis compañías tenían un modus operandi concreto, destaca Competencia. Desde el año 1992, estas grandes constructoras se reunían semanalmente para analizar las licitaciones de obra pública que las diferentes administraciones habían presentado. En estas citas semanales expresaban si tenían o no intención de presentarse a una licitación; decidían en qué contratos públicos compartirían toda o una parte de los trabajos técnicos que componían las ofertas y también se intercambiaban información sobre qué estrategia seguirían a la hora de presentarse a las licitaciones. Unas conductas que, según Competencia, constituyen una infracción muy grave de la ley de defensa de la competencia, pero también del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
Pero ¿cómo lo hacían para no levantar sospechas de lo que estaban tramando? "Los trabajos técnicos [que compartían las empresas] los encargaban conjuntamente todos los miembros del grupo a empresas externas", según el comunicado de la CNMC. Una vez elaborados los trabajos para que fueran presentados a una licitación, las compañías tenían prohibido modificarlos sin el conocimiento y la aprobación de todos sus miembros. "La única personalización que habían acordado era la inclusión de logos y denominaciones de cada una de las empresas en el documento conjunto para dar a las administraciones una apariencia de independencia en la presentación de las ofertas", describe la CNMC. "Las empresas desarrollaron unas complejas normas de funcionamiento que fueron evolucionando durante el tiempo que duró la conducta", recoge el comunicado.
¿Tres años sin contratos?
Las consecuencias para estas grandes empresas pueden ir más allá de la multa de 200 millones de euros. La CNMC ha enviado la resolución de su investigación a la Junta Consultiva de Contratación Pública por si esta infracción puede dar lugar a una prohibición a las empresas de seguir obteniendo contratos públicos. El regulador puede activar este procedimiento y dar la orden de que durante los próximos tres años se prohíba la participación de estas empresas en futuras licitaciones públicas. Ahora bien, las empresas todavía se podrían escapar porque tienen dos meses para presentar un recurso a la Audiencia Nacional y, después, al Tribunal Supremo, y la decisión de la Junta Consultiva no llegaría hasta que haya una sanción firme. El periplo judicial se puede alargar años.
La CNMC destaca que los acuerdos entre las seis grandes constructoras provocaron "menos variedad y calidad" de las ofertas técnicas presentadas por las empresas a la administración contratante. Además, sus conductas también impactaron en las empresas competidoras, que se presentaban a los contratos públicos con desventaja. "Es necesario tener en cuenta el efecto agregado que tuvieron sobre la competencia las prácticas colusorias, fruto del gran número de obras [públicas] sobre las cuales compartieron trabajos, el importe elevado que comportaron estas obras y la prolongada duración en el tiempo de las prácticas", añade el organismo.
