El adelanto electoral: ¿una piedra en el zapato para el traspaso de Cercanías?

MADRIDEl traspaso de Cercanías fue uno de los grandes titulares del acuerdo entre ERC y el PSOE en el marco de la negociación para investir a Pedro Sánchez presidente del gobierno español. Entonces, la letra pequeña del anuncio era muy difusa, pero ambas administraciones –Estado y Generalitat– han empezado a reunirse para tratar de hacerla nítida. Ahora, sin embargo, la cuestión es si la convocatoria de elecciones anticipadas en Catalunya puede dificultar el plan, sobre todo teniendo en cuenta que en poco más de un mes comienza la campaña electoral.

Desde la conselleria de Territorio, pero también desde el ministerio de Transportes, insisten en que "no debe cambiar nada" y que se "seguirá trabajando", pero fuentes del sector ferroviario conocedoras del proceso sí asumen que se podría entrar durante unos meses en una situación de "standby" y, por tanto, se podría alterar el ritmo de trabajo, sobre todo en función de cuál sea el resultado electoral el 12-M. En todo caso, nadie niega que se trata de un proceso complejo. A modo de ejemplo, el contrato programa entre Renfe y la Generalitat lleva sin renovarse desde el año 2010.

Grupos de trabajo desde este viernes

Justamente este viernes se dará un nuevo paso para avanzar en la transferencia de este servicio a la Generalitat. Según ha podido saber el ARA, se ha fijado este día para formar a los siete grupos de trabajo del traspaso. Este miércoles el ministerio de Transportes ha empezado a convocar a las personas que formarán parte, la mayoría perfiles técnicos. En algunos casos, la constitución del grupo de trabajo se realizará por la vía telemática, mientras que en otros será presencial.

Se trata de siete grupos de trabajo que el ministerio de Transportes y la conselleria de Territorio acordaron en la última reunión del 14 de marzo en Barcelona, ​​cuando se constituyó la comisión de seguimiento del traspaso de Cercanías, que estará liderada por la secretaría general de Transporte Terrestre del ministerio de Transportes, Marta Serrano, y el secretario de Movilidad e Infraestructuras de la Generalitat, Marc Sanglas. De hecho, el "compromiso político" era que estos siete grupos estuvieran constituidos antes de terminar el mes de marzo, lo que finalmente se alcanzará.

En la reunión del día 14 entre el ministro de Transportes, Óscar Puente, y la consejera de Territorio, Ester Capella, también se acordó constituir estos siete grupos de trabajo, y no seis como inicialmente estaba previsto. Éste séptimo grupo estará centrado en la materia sindical y laboral para "reforzar la participación" de los trabajadores de Renfe y Adif, defendió a Puente. Los seis grupos restantes están centrados en la creación de la nueva operadora Cercanías de Cataluña; los recursos económicos; la operación del servicio; el seguimiento del Plan de Cercanías; las infraestructuras y, por último, las cuestiones jurídicas y administrativas.

Seis meses para una nueva operadora pública

El paso de este viernes es relevante si se tiene en cuenta que uno de los grupos se dedicará a la constitución de Cercanías de Cataluña. El "compromiso político" es que la empresa esté constituida "seis meses después" de la creación del grupo de trabajo, confirman desde la conselleria de Territori al ARA.

La cita electoral, sin embargo, vaciará de interlocutores algunas reuniones programadas, sobre todo si cambia el color político en Palau. Además, desde que se logró el acuerdo entre ERC y el PSOE ya se ha tenido que dar algún paso atrás. En un inicio, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, afirmó que la futura operadora estaría listo durante el “primer semestre” de este 2024, es decir, antes de este mes de junio. Un calendario que, como ya apuntaba el ARA en noviembre del año pasado, desde Madrid enfriaban. Por último, la propia Generalitat ha terminado admitiendo que no se llegaría a ella: si el reloj empieza a correr ahora, la operadora debería estar constituida en septiembre-octubre.

Fuentes del entorno de Renfe recuerdan que de lo que se está hablando no es de una "filial" de Renfe, sino de una sociedad nueva. El grupo de trabajo empezará por intentar acordar unos estatutos que detallen el papel que tendrán la Generalitat y Renfe (será un consejo de administración mixto) en la empresa. Entre otras cosas, tendrán que definir cuáles son las "decisiones estratégicas" que se tomarán por mayoría cualificada. También tendrán que obtener el certificado de seguridad ferroviaria, sin el cual no se puede operar.

Infraestructuras y dinero

En paralelo a este elemento habrá otro enrevesado: el de las infraestructuras. Adif, que depende del ministerio de Transportes, jugará un papel clave porque es la propietaria de la mayoría de vías y del material ferroviario. Una de las líneas rojas existentes son las "infraestructuras de interés estatal" (conectan con Francia y con otras comunidades autónomas), lo que aleja la idea de una transferencia integral y pone sobre la mesa la necesidad de ceñirse a "tramos muy concretos. Desde la empresa pública declinan hacer ningún comentario al respecto.

El dinero también es la otra gran caja de los truenos. Por primera vez, este 2024 el ministerio debe abonar una anualidad por el mantenimiento del servicio a la Generalitat. Luego la Generalitat pagará ese dinero a Renfe (hasta ahora el ministerio lo abonaba a Renfe). Sin embargo, las anualidades se calculan cada año y de momento todavía no se ha hecho; fuentes del Govern la sitúan cerca de los 400 millones de euros.