Valencia replica en el puerto el dilema de Barcelona en El Prat

Valencia“Cambiemos el sistema, no el clima” o “Pensemos globalmente, actuemos localmente”. Consignas como estas se leían ayer en la manifestación de miles de ciudadanos que recorrió el centro de Valencia para oponerse a la finalización de la ampliación del puerto de la ciudad, paralizada desde 2012. 

Convocados por la Comissió Ciutat-Port, la asociación Joventut pel Clima y los sindicatos universitarios BEA y Saó, que hicieron huelga para denunciar las afectaciones de la infraestructura, la movilización reunió a más de 150 entidades civiles con el objetivo de reclamar “coherencia” a las administraciones públicas. “Está bien aprobar leyes contra la emergencia climática, pero después hay que aplicarlas y no impulsar o permitir proyectos que las contradicen”, exponía al ARA David Adrià, uno de los portavoces de Joventut pel Clima.

La dimensión y el impacto del proyecto son tan elevados que dividen desde hace meses a los gobiernos progresistas del Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat. En el bando favorable a la infraestructura está el PSPV, que suma fuerzas con el PP, Ciudadanos y la Confederación Empresarial Valenciana. Los cuatro defienden la obra por su impacto económico.

Quien más claramente ha verbalizado el argumentario socialista ha sido la vicealcaldesa de la ciudad, Sandra Gómez, que hace unos meses reclamaba huir de “la dicotomía de elegir entre protección ambiental y ocupación”. No hacerlo, alertó, “podría propiciar que las clases más populares no perciban a los partidos progresistas como sus aliados, y que esto los haga receptivos a los discursos populistas de partidos como Vox”.

Como su compañera de partido, el jefe del Consell, Ximo Puig, ha defendido la necesidad de casar intereses ambientales y económicos, y ha afirmado que del puerto de Valencia dependen “40.000 familias, miles de pymes y grandes empresas”. “El 70% de las exportaciones de Ford pasan por el puerto, el primero de España en tránsito de mercancías”, ha enfatizado.

En el costado opositor se encuentran Compromís, Unidas Podemos, Esquerra Republicana del País Valencià, las entidades ecologistas y la mayoría del movimiento vecinal. Critican la obra porque consideran que “disparará la contaminación” por el aumento del tránsito de camiones y agravará la situación del litoral y la Albufera al frenar las corrientes naturales del mar. El más contundente hasta ahora ha sido el portavoz de Compromís en las Cortes, Fran Ferri, que en una comparecencia en el Parlamento puso en entredicho los beneficios de la ampliación y señaló que la nueva terminal está concebida para almacenar contenedores vacíos o en tránsito dirigidos a otras comunidades que no generarán ningún impacto destacable en la economía valenciana. 

En la misma línea se expresó la portavoz de Unidas Podemos, Pilar Lima, que afirmó que el crecimiento del puerto no creará nuevos puestos de trabajo porque “se basa en el aumento de la robotización”.

Un permiso ambiental polémico

En el gobierno español las posiciones también se encuentran divididas. A favor de finalizar la ampliación de la infraestructura está la empresa pública Puertos del Estado, que en abril dio luz verde a la construcción de la terminal norte al considerar que la declaración de impacto ambiental (DIA) aprobada en 2007 no está caducada. El informe concluye que, como las obras, que tuvieron un coste de 204 millones -de los cuales 74 millones fueron subvencionados con fondos europeos-, empezaron en 2008, antes de cumplirse un año de la publicación del documento, este es vigente y válido. No ha modificado la decisión el hecho que la ampliación fue rediseñada en 2019 introduciendo modificaciones como la prolongación de 505 metros de un dique, la demolición de otro y la ampliación del dragado. Una posición que no comparte el ministerio de Transición Ecológica, que ha recomendado a la Autoridad Portuaria de Valencia elaborar una nueva DIA, propuesta a la que el organismo se niega aduciendo que es innecesaria. No lo creen así desde la Comissió Ciutat-Port, que afirma que la declaración de impacto ambiental está caducada y confía en que los tribunales le darán la razón. Mientras tanto, como ayer, juega la carta de la movilización ciudadana.