El abogado de la UE avala vincular los fondos europeos al cumplimiento del estado de derecho

BruselasPrimer paso de la justicia europea para permitir que la UE congele fondos europeos en Hungría y Polonia por sus reiterados incumplimientos al estado de derecho. El abogado general de la UE ha recomendado este jueves al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que desestime los recursos que los gobiernos de Hungría y Polonia presentaron en contra del mecanismo aprobado el año pasado que condiciona la entrega de financiación comunitaria al cumplimiento del estado de derecho, concretamente a la existencia de garantías de que el presupuesto común de la UE no está en riesgo por la ausencia de principios básicos como la separación de poderes o la independencia judicial.

Budapest y Varsovia recurrieron la aprobación de este mecanismo ante la justicia europea porque lo consideran ilegal, y hasta ahora Bruselas y los gobiernos –que así lo pactaron– se escudan a la espera de la respuesta del tribunal europeo para justificar que todavía no se haya activado este mecanismo, sobre todo en el caso de Polonia. La sentencia del Tribunal Constitucional polaco que cuestiona la primacía del derecho europeo por encima del nacional fue la gota que hizo colmar el vaso para expertos, para algunos gobiernos y también para la Eurocámara, que decidió denunciar a la Comisión ante el propio TJUE por inacción.

El pronunciamiento del abogado general de la UE no es un veredicto definitivo, porque es el TJUE quien tiene que dictar sentencia, pero el tribunal sigue las orientaciones del abogado general en un 80% de los casos y, por lo tanto, fija con muy alta probabilidad el sentido que tendrá la decisión final. Las conclusiones del abogado Manuel Campos Sánchez-Bordona señalan que la finalidad de este nuevo reglamento es "asegurar la correcta ejecución del presupuesto europeo cuando un estado miembro incurra en violaciones del estado de derecho que pongan en peligro la buena gestión de los fondos o sus intereses financieros". Subraya que se trata de un mecanismo amparado por el derecho de la Unión porque es aplicable a las vulneraciones del estado de derecho que tienen que ver con la gestión del presupuesto, y no otras vulneraciones. Por lo tanto, señala, se trata efectivamente de un "mecanismo financiero" y no de un mecanismo sancionador, como opinan Hungría y Polonia, que creen que la UE se extralimita en sus funciones.

Hasta ahora Bruselas solo ha dado un primer paso burocrático para activar este mecanismo, a través del envío de cartas a Varsovia y Budapest en las que exige garantías a los dos gobiernos de la buena ejecución del presupuesto europeo teniendo en cuenta la serie de vulneraciones del estado de derecho que la Comisión Europea ha ido denunciando a través de mecanismos de infracción y que, finalmente, incluso han llevado a la activación del artículo 7 del tratado de funcionamiento de la UE contra los dos países. Este artículo es el que permite en último término dejar sin voto a un socio miembro de la UE, pero es necesaria una mayoría en contra de este socio para que se llegue a este extremo y actualmente Hungría y Polonia se protegen entre sí para que esto no pase.