Detenido el ministro de Defensa de Corea del Sur por haber participado en la aplicación de la ley marcial
La justicia abre una investigación por insurrección contra el presidente surcoreano
PekínLa fiscalía ha iniciado una investigación contra el presidente Yoon Suk-yeol y su entorno por intentar instaurar la ley marcial el pasado martesEste domingo, el ministro de Defensa del país ya ha sido detenido y el de Interior ha dimitido.el Parlamento no aprobó la moción de censura para destituirle– la justicia no ha perdido tiempo y ya ha dado sus primeros pasos con detenciones e interrogatorios de los principales implicados.
La acción de la justicia complica aún más la situación política de Corea del Sur mientras el partido de gobierno, el Partido del Poder Popular (PPP), sigue buscando una salida ordenada para el todavía presidente Yoon. Este domingo, la fiscalía ha aceptado las denuncias presentadas por varios partidos contra el presidente y ha anunciado una investigación. Yoon se enfrenta a cargos de insurrección, traición y abuso de poder, acusaciones que no están protegidas por la inmunidad presidencial, por lo que podría ser detenido.
De momento el primer detenido ha sido el ministro de Defensa, Kim Yong-hyun, que se ha presentado voluntariamente ante la fiscalía del Distrito Central de Seúl la madrugada del domingo y ha sido interrogado. La policía ha registrado su casa y su oficina. La detención se justifica por evitar que destruya pruebas. Kim es considerado el instigador principal de haber declarado la efímera ley marcial, la noche del martes. Sólo estuvo seis horas vigente y se levantó gracias a la presión de la oposición y la ciudadanía. Kim fue el responsable del despliegue de tropas en el Parlamento y presentó su dimisión el mismo miércoles.
Este domingo por la tarde también ha dimitido el ministro del Interior, Lee Sang-min. Según la prensa local, Lee ha dicho que reconocía su responsabilidad de no haber servido bien a la ciudadanía ni al presidente y que con su dimisión pretendía evitar "perturbaciones y confusiones" en el seno del gobierno.
El PPP intenta hacer malabarismos para reconocer el grave error del presidente y al mismo tiempo no destituirle para evitar tener que convocar elecciones que le podrían hacer perder el poder.
Yoon, apartado de la toma de decisiones
El líder del PPP, Han Dong-hoon, y el primer ministro, Han Duck-soo, aseguraron que el presidente Yoon será excluido de sus funciones, incluidas la política exterior y los asuntos de Estado. En adelante, el primer ministro se hará cargo de la acción de gobierno consultando con el partido. El PPP justifica la apuesta por una "dimisión ordenada" en la necesidad de estabilizar la situación política, aunque reconoce que al decretar la ley marcial Yoon se saltó la constitución.
El primer ministro hizo hincapié en la necesidad de estabilizar el gobierno para recuperar la confianza internacional. Ha recordado la estrecha alianza con Estados Unidos desde el fin de la guerra y la nueva iniciativa tripartita entre Washington, Tokio y Seúl para reforzar la seguridad.
La decisión no convence al presidente del Parlamento, Woo Won-shik, que ya ha advertido de que es inconstitucional delegar la autoridad presidencial en el primer ministro. La oposición, liderada por el Partido Demócrata de Corea (PDK), también lo cree y ha pedido que se le aparte de la presidencia y de cualquier autoridad para controlar el ejército.
"El pueblo eligió a Yoon, no Han, como presidente. Éste es otra vez que destruye el orden constitucional", afirmaba el líder del Partido Demócrata, Lee Jae-myung, que ha insistido en que el todavía presidente era capaz de declarar una segunda ley marcial en cualquier momento. Mientras, la oposición amenaza con seguir presentando cada semana una moción de censura hasta conseguir que se apruebe.
La decisión del presidente Yoon Suk-yeol de decretar la ley marcial el pasado martes por la noche ha desatado la mayor crisis política desde la conquista de la democracia en Corea del Sur, en 1987. Cinco días después continúa en el cargo de presidente, mientras en la calle la población sigue reclamando su dimisión y detención.