La junta militar birmana recupera la pena de muerte para ejecutar a activistas pro democracia

BarcelonaLa junta militar birmana ha ejecutado a cuatro hombres, entre ellos dos activistas políticos, en la primera aplicación de la pena de muerte en el país asiático en tres décadas. La agencia de noticias controlada por el régimen militar ha informado este lunes que "el castigo se ha realizado" y que los presos han muerto ahorcados. Entre los ejecutados están Phyo Zeyar Thaw, un exdiputado de la Liga Nacional para la Democracia –el partido fundado por Aung San Suu Kyi– y el activista Kyaw Min Yu, conocido como Ko Jimmy, los dos detenidos el otoño pasado y acusados de terrorismo en unos juicios celebrados a puerta cerrada a principios de este año.

Los otros dos presos a quienes la junta ha ejecutado son Hla Myo Aung y Aung Thura Zaw, condenados por haber matado a una mujer por ser supuestamente confidente de los militares, y también considerados activistas contrarios al régimen militar. Ko Jimmy se convirtió en un conocido activista estudiantil en las manifestaciones de 1988 en contra de la junta militar, conocidas como el Levantamiento 8888, y pasó 15 años en la prisión. El ejército de Birmania ocupó el poder de este país asiático del 1962 al 2011, y lo recuperó por la fuerza el 1 de febrero del 2021 con un golpe de estado contra el ejecutivo liderado de facto por la Nobel de la paz Aung San Suu Kyi, que está retenida en un lugar desconocido, que ya ha sido condenada a 11 años de prisión y se enfrenta a décadas entre rejas.

Las ejecuciones han sido recibidas con condenas tanto de dentro como de fuera de Birmania. El autodenominado Gobierno de Unidad Nacional se ha manifestado "extremadamente conmocionado y entristecido" por las ejecuciones de "cuatro activistas en favor de la democracia", y ha reclamado a las Naciones Unidas, la Unión Europea y al bloque de países del Sudeste Asiático "castigar a la junta militar por su crueldad".

El relator especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Birmania, Tom Andrews, se ha mostrado "devastado" por la noticia y ha criticado que los presos fueron sentenciados "por un tribunal militar sin derecho a apelación" y que hay información que indica que tampoco tuvieron la asistencia de un abogado, lo cual habría violado el derecho internacional. "Estos actos tienen que ser un punto de inflexión para la comunidad internacional", ha añadido.

Los cuatro presos estaban cerrados en la prisión de Insein, en Rangún, y pudieron recibir la visita de familiares el pasado viernes, a pesar de que solo pudieron comunicarse con una persona cada uno, y a través de videoconferencia. Thazin Nyunt Aung, la mujer de Thaw, asegura que no le habían informado de la ejecución de su marido, según publica Reuters. Este lunes, familiares de los presos se han desplazado a la prisión para pedir información. Estaba, por ejemplo, la madre de Thaw, que lamenta que no sabía cuándo ejecutarían a su hijo. "Cuando nos vimos por Zoom el pasado viernes, mi hijo estaba sano y sonriente. Me pidió que le hiciera llegar las gafas para leer, un diccionario y dinero para utilizar en la prisión, y lo he traído hoy. Por eso no pensaba que lo matarían, no me lo creía", ha dicho a la BBC.

114 condenados a muerte

El director regional de Amnistía Internacional, Erwin van der Borght, ha lamentado que hace más de un año que las autoridades militares birmanas están perpetrando "asesinatos extrajudiciales, torturas y toda una gama de violaciones de los derechos humanos", y ha lamentado que el país asiático vaya a la inversa de la tendencia general en el mundo, donde cada vez más países toman medidas para abolir la pena de muerte.

El régimen militar birmano anunció a principios de junio que recuperaría la aplicación de la pena capital, después de casi 30 años sin ninguna ejecución. Según la ONG Human Rights Watch, 114 personas han sido condenadas a muerte desde que la junta tomó el control del país hace un año y medio.

La Asociación de Asistencia a los Presos Políticos, que hace un recuento de los muertos, encarcelados y detenidos por los militares, asegura que 14.847 personas han sido detenidas desde el golpe de estado, y se estima que 2.114 han sido asesinadas por la brutal represión de las fuerzas militares y policiales.