Un embarazo que es también una lucha política

LondresUn embarazo, y lo que se deriva de él, también puede convertirse en una lucha política y una batalla por los derechos de la mujer. Así lo ha vuelto a plantear la diputada laborista británica Stella Creasy, de 44 años, que a estas alturas está en el séptimo mes de una complicada segunda gestación, y que ha visto cómo el órgano independiente que regula el comportamiento y los derechos de los diputados le ha rechazado que tenga una sustituta con casi plenas funciones mientras ella está de baja maternal. Creasy, pionera en la reivindicación de un derecho que las diputadas británicas no han tenido hasta 2019, y solo de forma experimental, sí había disfrutado de ello durante su primer embarazo, en el que fue un programa piloto del Parlamento de Westminster sobre cómo responder a las bajas por maternidad.

A principios de julio Creasy fue hospitalizada debido a una diabetes gestacional, una enfermedad que puede ser peligrosa tanto para la madre como para la criatura que tiene que nacer y que se produce cuando el cuerpo de la mujer no genera la insulina necesaria para satisfacer las necesidades adicionales durante el embarazo. La diputada por la circunscripción de Walthamstow, al nordeste de Londres, ha anunciado una demanda contra el órgano parlamentario que ha tomado la decisión de negarle la sustituta. Con todo, desde 2019, y gracias al programa piloto, un diputado o diputada puede designar a otro para que vote en nombre suyo si no puede hacerlo por razones médicas.

Pero, como dice muy bien Creasy, “el 90% del trabajo de un parlamentario tiene lugar fuera del Parlamento”. Y una delegación de voto no soluciona el verdadero problema de cubrir una baja.

Recambio de segunda categoría

El IPSA, el órgano independiente que regula las normas de los diputados y que controla la retribución y los gastos de sus señorías, ha garantizado a Creasy que durante la baja maternal le proporcionará financiación durante siete meses para que contrate temporalmente a una persona que le facilite y le alivie el trabajo que tendría que atender, tanto en su distrito como en la propia Cámara de los Comunes.

Pero le niega el sustituto con casi plenos poderes que sí tuvo (2019-2020), y que entonces asumió Kizzy Gardiner, una activista de diferentes entidades benéficas de Walthamstow que pudo ejercer sus funciones electorales e incluso reunirse con los ministros del gobierno o hacer apariciones en los medios de comunicación. Gardiner, sin embargo, no recibió un sueldo igual que el de diputado; solo el proporcional sobre una base de 50.000 libras anuales, sensiblemente inferior al de los parlamentarios. Tampoco pudo votar ni hablar en la Cámara de los Comunes.

El IPSA argumenta en su dictamen que “constitucionalmente nadie puede asumir las funciones y las responsabilidades plenas de un miembro del Parlamento, que es un cargo elegido por el público en general”. Desde este punto de vista, si Creasy eligiera a una persona para sustituirla incluso a la hora de votar, se produciría un fraude de ley porque no la habrían escogido los electores en un proceso abierto y democrático. En Dinamarca, sin embargo, una diputada que coja la baja de maternidad tiene una sustituta con plenos poderes, incluso el derecho de voto. La diputada Creasy, que en 2019 ya hizo historia en el Palacio de Westminster cuando apareció en la Cámara de los Comunes con su primera hija, considera que no todo es blanco o negro y que para preservar un derecho se puede conculcar otro.

El razonamiento que hace, y que ha explicado en una carta abierta a la prensa, escrita desde la cama del hospital, es muy sencillo: la solución aportada por el IPSA no supone “estar de permiso, sino estar de guardia”, ha escrito, y tener que atender aquellos asuntos que le pase el miembro extra de su personal que ha contratado.

Tener que elegir

La consecuencia, sostiene la diputada, es tener que “elegir entre servir a mis electores o cuidar a un bebé recién nacido”. El efecto que implica a largo plazo, cree Stella Creasy, es que los electores podrían castigar a las mujeres en edad de gestar porque la representación de sus intereses es socavada desde el momento en el que no pueden votar o no pueden atender, con plenos poderes, las sesiones de la cámara.

En febrero, cuando empezó su batalla actual con el IPSA, Creasy ya dijo dirigiéndose a sus colegas para hacerlos reflexionar sobre la necesidad de un sustituto con todas las de la ley: “No pido que alguien sea yo, ni en la Cámara ni fuera. Un sustituto es una figura muy establecida, alguien que interviene para cubrir las funciones de un profesional, que actúa en su ausencia y con su autoridad delegada. En esta situación, tanto el salario como el estatus son importantes. [La gente tiene que] tener confianza [en que la cobertura] es lo bastante responsable y tiene suficiente autoridad para que no diga: «Sí…, pero quiero ver al diputado». No busco a alguien que venga a hablar en el Parlamento. Lo que quiero es alguien que cubra el 90% de lo que hacen los diputados, que es [trabajo] fuera de la cámara”. Mientras esto no se consiga, es lícito decir que “el Parlamento no sigue las leyes que establece para los otros”.