Estados Unidos vive atrapado en una versión macabra del día de la marmota. Los tiroteos masivos cada vez son más frecuentes, los llantos, la indignación y las plegarias se repiten, y los sucesivos intentos de algunos políticos de restringir las armas se quedan siempre en nada. Siete de los diez tiroteos masivos más mortíferos de la historia del país se han producido en la última década. ¿Por qué los norteamericanos, en palabras de su presidente, están dispuestos a vivir con esta carnicería de las armas?
Una gran mayoría, de hecho, quieren cambios para reducir la violencia con armas de fuego. Y apoyan a una serie de reformas en el ámbito federal que podrían frenar este problema excepcional del país: un 90% están a favor de un sistema universal para comprobar los antecedentes de los compradores de armas; un 86% secundan la llamada ley de bandera roja, que permite a la policía o familiares solicitar la retirada temporal de las armas de fuego a una persona que pueda suponer un peligro para los otros o para sí misma; un 77% creen que se tendría que exigir que se obtenga una licencia antes de comprar una arma, y un 57% –a pesar de que solo un 29% entre los votantes republicanos– querrían que se prohibieran las armas de asalto semiautomáticas como el tristemente famoso fusil AR-15.
Sin emabrgo, estas medidas de sentido común son bloqueadas una y otra vez por un Partido Republicano subyugado al poder del grupo de presión de las armas e inmunes a los tiroteos masivos. Durante años, los legisladores republicanos han ignorado cualquier política de control de armas, por moderada que fuera, por miedo a ataques electorales de la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés) que los podrían hacer perder unas elecciones primarias y, de rebote, su poltrona. Incluso han impedido la financiación de investigación federal para entender las causas de la violencia de las armas o más fondos para la agencia federal que se encarga de la regulación de las industrias de las armas de fuego y explosivos.
Tragedia de país
El derecho a llevar armas se ha convertido para muchos en un derecho sagrado, establecido en la Segunda Enmienda de la Constitución. Pero no siempre fue así. En los años 30, en plena violencia del crimen organizado, el gobierno federal prohibió las ametralladoras y exigió el registro de las armas, con la ayuda de la misma NRA. Durante décadas, la asociación de propietarios de armas fue un aliado del gobierno en la creación de medidas para controlar el acceso a las armas. Todo cambió a finales de los años 70, cuando un grupo de líderes más escorado a la derecha consiguió el control de la NRA. Desde entonces, con la ayuda de los republicanos, ha desmantelado regulaciones de las armas insistiendo en que cualquier restricción de las armas es un ataque a la libertad de los norteamericanos.
La profunda polarización política que hace años que vive el país hace muy difícil salir adelante reformas en temas tan politizados como el control de las armas. La inacción, incluso cuando está en juego la seguridad de sus hijos y cuando una gran mayoría de la población exige una respuesta a la violencia, es la otra gran tragedia del país.
