Crímenes de guerra

El juicio más largo de la historia de Suecia: dos directivos acusados de complicidad en crímenes de guerra

Una petrolera sueca "fomentó" la violencia en Sudán contra civiles para proteger sus negocios

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Ian Lundin, exdirectivo de la empresa petrolera Lundin Oil, este martes al inicio de un juicio contra él por crímenes de guerra en Sudán.

BarcelonaLos juzgados de Estocolmo celebran desde este martes un juicio histórico, en el que dos ex directivos de una empresa petrolera sueca están acusados de ser cómplices de crímenes de guerra cometidos entre 1999 y 2003 en Sudán. En ese momento, la compañía, que entonces se llamaba Lundin Oil –ahora Orrön Energy–, tenía licencia para explorar y explotar una gran reserva de crudo en una zona que ahora corresponde a Sudán del Sur. En plena guerra civil, la empresa pidió al gobierno sudanés que garantizara la seguridad de este área, conocida como Block 5A, para poder realizar su actividad. Y esa supuesta protección condujo al asesinato de 12.000 personas y a la existencia de al menos 160.000 desplazados, según las cifras de organizaciones humanitarias.

Los acusados son Ian Lundin, hijo del fundador de la empresa y entonces presidente de la junta de accionistas, y Alex Schneiter, de nacionalidad suiza, que era su vicepresidente. El juicio es excepcional porque en poquísimas ocasiones los líderes de empresas han sido juzgados por este tipo de crímenes desde los juicios de Núremberg tras la Segunda Guerra Mundial, según destaca en el diario sueco Dagens Nyheter el profesor de derecho internacional de la Universidad de Estocolmo Mark Klamberg, que añade que podría servir de precedente para otras corporaciones de todo el mundo. "Personas de países ricos, con poder y estatus, pueden ser responsabilizados cuando su explotación de recursos naturales en países pobres conduce a crímenes de guerra", afirma.

Además, será el juicio más largo de la historia de Suecia: está previsto que dure dos años y medio, hasta febrero del 2026. El escrito de acusación de la Fiscalía tiene 80.000 páginas y está previsto que pasen por el juzgado 90 testigos, incluido el ex primer ministro sueco Carl Bild, que formó parte de la junta de Lundin Oil entre 2001 y 2006.

Entre mayo de 1999 y marzo de 2003, el gobierno sudanés llevó a cabo operaciones militares en el Block 5A y cerca de ese área "con el objetivo de tomar el control de las áreas para la exploración de petróleo y para crear las condiciones para su extracción", afirma el escrito de la Fiscalía. Los acusados "fomentaron" que el gobierno de Sudán, con el objetivo de crear las condiciones para las operaciones, llevara a cabo una guerra en la zona y que el ejército y milicias "atacaran sistemáticamente civiles".

Bombardeos, ejecuciones y violaciones

Numerosos informes de Naciones Unidas y organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch describen violaciones contra civiles vinculadas a la actividad petrolera, como bombardeos aéreos, incendios en pueblos enteros, bombas de racimo, ejecuciones masivas y violaciones a mujeres. Entre las pruebas de la Fiscalía hay una gran cantidad de documentos, como una carta firmada por Ian Lundin dirigida al ministro de Energía y Minas de Sudán en 1999, en la que reclama al gobierno que despliegue "tropas regulares del ejército" para actuar como la "principal fuerza de protección", según publica el Dagens Nyheter.

El fiscal cree que los ejecutivos de Lundin conocían los riesgos que existían cuando pidieron a los gobernantes de Sudán que desplegaran el ejército en los yacimientos de petróleo. Ambos acusados aseguran que no sabían nada. "Sudán ha estado plagado de conflictos internos durante muchos años, pero nosotros nunca hemos tenido nada que ver con este conflicto. Por el contrario, hemos sido una fuerza positiva en la zona y la compañía siempre se ha adherido a los más altos estándares éticos", afirmó Ian Lundin este martes antes de entrar en los juzgados, según informa la televisión SVT.

La Fiscalía pide que los dos acusados sean inhabilitados durante 10 años, con la prohibición de participar en ningún negocio, y una multa a la empresa de 200 millones de euros, el equivalente al beneficio de la venta de las operaciones en Sudán en 2003.

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