LondresEl 19 de octubre del 2023, Escocia podría vivir un nuevo referéndum de independencia, el segundo en menos de una década, si finalmente el Tribunal Supremo del Reino Unido da el visto bueno y acepta como legal el proyecto de ley que el pasado martes envió la máxima asesora jurídica del gobierno escocés –la lord advocate Dorothy Bain– al más alto tribunal británico para que lo considere.
Además de la acción política (con una carta directa al primer ministro, Boris Johnson, pidiéndole la cesión de los mismos poderes que se transfirieron en 2012 para la consulta de septiembre del 2014 para poder llevar a cabo el nuevo plebiscito), esta ha sido la vía de hechos consumados elegida por la primera ministra de Escocia, Nicola Sturgeon. De este modo, la líder independentista ha querido romper el inmovilismo de Londres –Sturgeon reclama un segundo referéndum desde el 2019– y evitar su gran temor: una consulta sin permiso del poder central. En Escocia no quieren saber nada de la opción catalana, forzada por la negativa del Estado, una negativa a la que ahora Edimburgo también se enfrenta, porque la vía política del acuerdo con Londres está, a estas alturas, cerrada.
Oficialmente, Johnson todavía no ha contestado a la petición de Sturgeon. El premier ha pasado toda la semana fuera del país: primero en la cumbre de la Commonwealth, después en la del G7 y más tarde a la de la OTAN, y no ha vuelto hasta el viernes. Pero entre Alemania, donde fue la reunión del grupo de los siete países más ricos del mundo, y Madrid, donde se encontraron los líderes de la Alianza Atlántica, a bordo del avión, el premier fue muy claro. "Aún no he visto exactamente qué ha dicho [Nicola Sturgeon]. Lo estudiaremos con mucho cuidado y responderemos correctamente. Pero la prioridad del país tendría que ser la construcción de una economía más fuerte". Es decir, no hay que insistir; no hay nada que hacer, te pongas como te pongas. No es la primera vez que Johnson se lo dice, ni tampoco la última, y por eso Sturgeon ha optado por el atajo del Tribunal Supremo.
Pero, ¿cuáles son realmente las posibilidades de que dé luz verde? En un comunicado que siguió al anuncio de Sturgeon, el Supremo confirmó la recepción de la petición y aseguró que lo "primero" será que el presidente, John Reed, barón de Allermuir, aborde los "asuntos preliminares". Posteriormente, y si Reed no encuentra ningún impedimento, decidirá cuándo será visto el caso y cuántos jueces formarán parte del tribunal. El primer paso es ya un primer escollo difícil de salvar.
Precedentes legales
Los precedentes legales sugieren que a los tribunales británicos, y especialmente al Supremo, no les gustan las consultas hipotéticas. Y este es el caso de la que, a través de la lord advocate, ha hecho el gobierno de Sturgeon. Porque la petición concreta al Tribunal Supremo es que estudie un proyecto de ley que todavía no se ha presentado en el Parlamento escocés y que, en consecuencia, todavía no se ha aprobado.
En este sentido, Kenneth Armstrong, académico y experto en derecho constitucional de la Universidad de Cambridge, cree que en la fórmula elegida por la líder del Partido Nacional Escocés "existe el riesgo de que [el Supremo] considere que el Parlamento escocés tiene que aprobar primero el proyecto de ley para que la cuestión no sea simplemente hipotética o teórica". En este caso, el proyecto de ley del gobierno escocés tendría que ser sancionado por la lord advocate antes de ser presentado en el Parlamento escocés para su aprobación, una aprobación segura porque el independentismo tiene mayoría absoluta con el concurso del Partido Verde en la cámara de Holyrood.
Si el Tribunal Supremo decide aceptar la consulta, entonces entrará en el fondo de la cuestión: la legalidad o no del hecho que Edimburgo apruebe una ley de referéndum sin contar con la aprobación política de Londres, al contrario de lo que pasó en 2014. Y, en principio, se pronunciará teniendo en cuenta las competencias escocesas y observando la ley de devolución de poderes de Escocia de 1998.
Según el artículo 29 (1) de la mencionada ley, las que quedan fuera de su competencia son aquellas "relacionades con cuestiones reservadas". Y las cuestiones reservadas se establecen en el anexo 5, en la parte 1, y delimitan los "aspectos constitucionales" en Westminster. Y esto incluiría, entre otros aspectos, "la Unión de los Reinos de Escocia e Inglaterra" y "el Parlamento del Reino Unido".
Pero atendiendo a la relevancia del caso, al equilibrio entre democracia y ley, entre soberanía popular y soberanía del Parlament, el Supremo británico no necesariamente se casa por defecto con el gobierno, una posición que ya ha demostrado en ocasiones muy destacadas, como cuando Johnson cerró el Parlament en septiembre de 2019 y el tribunal lo consideró un acto ilegal, o como cuando la empresaria Gina Miller ganó a Theresa May el caso que llevó a la decisión del Brexit a la Cámara de los Comunes en enero del 2017 y que provocó la mayor crisis política del Reino Unido prácticamente desde la derrota en el canal de Suez en 1956.
Dos encuestas muestran la falta de entusiasmo por el plebiscito
No pasaron ni 24 horas desde que Nicola Sturgeon mostró su nueva hoja de ruta para la independencia que diferentes medios –todos unionistas– publicaron encuestas desfavorables en las intenciones del Partido Nacional Escocés. Fue el caso de los sondeos de YouGov y Savanta ComRes, que indican que más de la mitad de los consultados están en contra del plebiscito, previsto idealmente para el 19 de octubre del 2023. La encuesta de Savanta ComRes para The Scotsman cuantifica en el 53% el número de ciudadanos que no ven la necesidad de la segunda consulta, mientras que el 40% dijeron que se debería hacer. El resto eran indecisos. La misma encuesta ha identificado que el 44% de los encuestados apoyan la independencia, mientras que el 46% se oponen.
Por su parte, el muestreo de YouGov para Scotland In Union, un grupo antiindependentista, certifica que el 55% de la gente no pensaba que un referéndum se tuviera que celebrar antes de finales del 2023. Solo un 34% estaba a favor y un 11% se mostraban indecisos. La misma encuesta situaba en quinto lugar a la lista de prioridades el referéndum y solo el 20% de los consultados destacaron la independencia entre los tres principales problemas que el gobierno escocés tendría que priorizar en los próximos dos años.
Sturgeon no tenía más remedio que dar un paso adelante. Pero las encuestas proyectan una sombra de riesgo: que se repita lo que pasó en el Quebec. Los dos referéndums, de 1980 y 1995, pusieron fin a un movimiento que, desde entonces, no se ha recuperado y que enterró el sueño de la independencia por más de una generación, dos o quizás tres. En Escocia, si hay referéndum, esta es una posibilidad muy grande.
