Nicola Sturgeon plantea un "referéndum consultivo" para superar la oposición de Londres

LondresNuevo desafío en Londres. Política de hechos consumados. Nicola Sturgeon ha optado por celebrar un "referéndum consultivo" sobre la independencia de Escocia, que tendrá lugar el 19 de octubre del 2023, según ha anunciado en el Parlamento de Edimburgo este martes por la tarde la ministra principal del país, al mismo tiempo que presentaba el proyecto de ley que lo tendría que hacer posible. Sturgeon ha optado por esta vía, que recuerda al 9-N de Catalunya, a pesar de que también ha escrito hoy al primer ministro británico, Boris Johnson, para negociar la transferencia de los mismos poderes que hicieron posible el primer plebiscito, que tuvo lugar el 18 de septiembre de 2014, y que fue legal y vinculante.

La legislación presentada ad hoc expone que el referéndum se celebrará para "conocer la opinión del pueblo escocés sobre si Escocia tendría que ser o no un país independiente". Pero a diferencia de lo que pasó en 2014, "un voto favorable de la mayoría en este referéndum no hará que Escocia sea independiente", ha reconocido Sturgeon. "Para que Escocia se vuelva independiente después de un voto favorable, la legislación tendría que ser aprobada por el Parlamento del Reino Unido y por el escocés", ha remachado. La pregunta será la misma que en 2014. "¿Debería Escocia ser un país independiente?"

Inmediatamente después de la intervención de Sturgeon en Holyrood, el líder de los conservadores escoceses, Douglas Ross, han anunciado que su formación no apoyará la consulta y no tomará parte en ella, uno de los riesgos evidentes de la vía optada por el gobierno escocés. En el mismo sentido se ha expresado el líder laborista y el de los liberaldemócratas.

Además de los problemas prácticos que plantea la celebración de un referéndum consultivo, que puede ser boicoteado por las fuerzas unionistas, hay que tener en cuenta las cuestiones legales. Sturgeon así lo ha admitido. "La conclusión de la legalidad o no del referéndum se tiene que establecer como hecho, no solo como una opinión. En caso contrario, los partidos de la oposición seguirán poniendo en entredicho la legitimidad del proceso para evitar el debate de fondo sobre la independencia".

Para conseguir el objetivo de un referéndum indiscutiblemente lícito, y para evitar la batalla legal que podría tener lugar hasta llegar ante el Tribunal Supremo para que estableciera la legalidad o no de la ley del referéndum, Sturgeon ha tomado un atajo. Y ha pedido al Lord Advocate –la responsable legal en jefe del gobierno escocés y de la Corona en Escocia– que pregunte al Tribunal Supremo si las disposiciones establecidas en la ley son legales. La potestad de hacerlo o no solo es exclusiva suya y Dorothy Bain, la oficial al cargo, lo ha aceptado. Será, pues, el Supremo del Reino Unido quien se pronunciará sobre la legalidad de la consulta propuesta por el gobierno independentista de Escocia.