El precio de la energía doméstica en Gran Bretaña aumenta un 80% y hunde todavía más al gobierno
Millones de hogares podrían pasar frío este invierno por la imposibilidad de pagar la calefacción y la luz
LondresEn la visita relámpago que el pasado miércoles hizo Boris Johnson a Kiev para conmemorar el Día de la Independencia de Ucrania, el premier británico saliente afirmó: "Sabemos que pagamos [mucho más altas] nuestras facturas de energía por los males de Vladímir Putin, pero el pueblo de Ucrania lo está pagando con la sangre". Lo dijo cuarenta y ocho horas antes de que este viernes se haya anunciado en Londres un brutal aumento del 80% del precio estándar del gas y de la electricidad para una casa de cuatro personas en Inglaterra, Escocia y Gales a partir del 1 de octubre. De las 1.971 libras anuales actuales (2.327 euros) pasará a costar 3.549 (4.192).
Este mediodía Johnson ha prometido más ayudas, pero no ha concretado nada, tarea que deja al heredero o heredera de su cargo, el nombre del cual se dará a conocer el 5 de septiembre, cuando se sabrá quién lo sustituirá en el número 10 de Downing Street: el exministro de Economía Rishi Sunak o la actual ministra de Asuntos exteriores, Liz Truss, que es la candidata mejor situada a estas alturas.
El invierno de 2022-23 será el de los jerséis polares, de acuerdo con los testimonios de muchos ciudadanos en las redes, que aseguran que se los han comprado para calentarse y no tener que poner la calefacción. Las redes, de hecho, hierven este viernes de indignación por el silencio del gobierno. El reto de la inminente nueva administración es enorme.
Lo más grave es que la subida de octubre ya tuvo un preámbulo en abril, con un incremento del 54%. Y tendrá nuevos capítulos el 1 de enero, cuando la previsión es que el coste de la energía doméstica llegue, en el escenario más optimista, a las 6.000 libras anuales, en otras cifras, unos 590 euros al mes. Menos, sin embargo, de lo que se tendrá que pagar en abril de 2023, cuando las proyecciones sitúan la factura entorno a las 6.600 libras, una verdadera catástrofe económica para millones de personas. El aumento de octubre ya se come el 37% de la pensión estatal de las personas que cobran este tipo de subsidio. Estadísticamente, esto supone pobreza energética.
En un año, prácticamente, las tarifas se han triplicado, en buena medida por la invasión rusa de Ucrania y el uso de la energía por parte del Kremlin como arma de presión contra los aliados del presidente Volodímir Zelenski.
Ayudas insuficientes
Las medidas de apoyo anunciadas por el Gobierno en abril –un descuento de 600 libras en forma de créditos a devolver en cinco años para todos los hogares y 1.200 más para los más necesitados– han quedado en cantidad suficiente superadas. Por eso todos los focos se han situado esta mañana sobre la mencionada candidata favorita, Liz Truss. Quien probablemente será la nueva premier, sin embargo, no ha apuntado ninguna medida concreta con la que responder a la crisis. Solo se ha comprometido, genéricamente, a ayudar a la gente en los "momentos difíciles", además de comentar que esperará a conocer el resultado de la carrera con Sunak para pronunciarse en detalle. Un portavoz de su campaña ha asegurado que "[Liz Truss] tomará inmediatamente medidas para que la gente tenga más dinero en el bolsillo, reduciendo impuestos y suspendiendo las tarifas de la energía verde".
En concreto, se refería a la eliminación del aumento del 1,25% en las cotizaciones a la seguridad social, que entró en vigor en abril, y a la supresión de las tasas en las compañías energéticas, que en teoría encarecen la factura de la calefacción y de la luz y que, hasta ahora, se destinaban a financiar la transición a fuentes limpias. Un mensaje muy criticado por los ecologistas porque, implícitamente, se azuza el consumo de fueles, intentando maximizar la producción del mar del Norte, y otras energías igualmente contaminantes, como el carbón.
Desde la oposición y desde todo tipo de asociaciones de consumidores, se ha exigido una acción decisiva de Downing Street, que de momento no llega. Asimismo lo ha reclamado el regulador, Ofgem, el organismo que pone el límite a los precios de la energía. Jonathan Brearley, el consejero delegado, ha rogado este viernes por la mañana, desde los micrófonos de radios y televisiones, que el nuevo primer ministro actúe "de manera urgente y decisiva". "Estamos trabajando con ministros, grupos de consumidores e industria en un conjunto de opciones para el primer ministro entrante, que requerirá una acción urgente. La respuesta tendrá que ajustarse a la escalera de la crisis que tenemos delante", ha afirmado.
Inflación desbocada
El precio de la energía es uno de los motores de la inflación, totalmente desbocada en el Reino Unido, que en julio ha llegado al 10,1%, el dato más alto en 40 años. El Banco de Inglaterra ha pronosticado que crecerá por encima del 13% a finales de 2022, mientras que Citigroup esta semana ha advertido que puede rozar o superar el 18,6% en enero.
Mientras tanto, el movimiento Don't Pay UK –que promueve no pagar la factura energética– insta a los ciudadanos a rebelarse contra la situación, una postura más testimonial, y virtual, que efectiva en la práctica.
Este viernes el servicio de correos hace la primera de cuatro jornadas de huelga; los estibadores del puerto de mercancías más importante del país, Felixstowe, hace cinco días consecutivos que tampoco trabajan como protesta; los servicios de la abogacía criminal han convocado una huelga indefinida a partir del 5 de septiembre, y la sanidad y las escuelas también amenazan con hacer paradas, del mismo modo que los trabajadores de los trenes, que ya han hecho cinco huelgas en los últimos dos meses. A esto hay que añadirle una huelga de basura en Edimburgo desde hace casi dos semanas que ha dejado la ciudad hecha un vertedero. Todo ello hace que la sensación que se vive en el Reino Unido sea de pérdida del rumbo absoluta. La guinda del pastel la publica este viernes el Financial Times, asegurando que la que casi seguro que será la nueva primera ministra, Liz Truss, podría declarar la guerra comercial a la Unión Europea por el interminable asunto del protocolo de la frontera irlandesa y el Brexit.