Israel condena a trece meses de prisión a la cooperante española Juana Ruiz
La sentencia llega después de un acuerdo con la defensa, que reitera que Ruiz no era consciente de estar recaudando fondos para “una organización ilegal”
JerusalénUn tribunal militar israelí ha declarado culpable este miércoles a la cooperante española Juana Ruiz Rishwami y la ha condenado a trece meses de prisión –de los cuales ya ha cumplido siete en prisión preventiva– y una multa de 50.000 séquels (14.000 euros), después de llegar a un acuerdo con la defensa. Israel acusa a la activista de recaudar fondos provenientes de Europa para la ONG palestina Health Work Comittees (Comités de Trabajo por la Salud), que, según el tribunal, desviaba dinero hacia el Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), la principal organización de la izquierda palestina, que es considerada terrorista por Israel, la Unión Europea y los Estados Unidos.
El acuerdo entre la defensa y la Fiscalía recoge que la cooperante no era consciente de que el dinero habría sido entregado a “una organización ilegal” y reduce los cargos que se le imputaban de cinco a dos: pertenencia a asociación ilegal y tráfico de divisas en Cisjordania. Según el abogado de la cooperante, Avigdor Feldman, la española podrá solicitar la libertad condicional pronto y podría ser excarcelada en las próximas semanas, dado que ya ha cumplido buena parte de la condena. Israel aplica la ley militar a Ruiz, de 63 años, por el hecho de vivir y trabajar en territorio ocupado desde los años 80, del mismo modo que lo hace con los palestinos de Cisjordania y Gaza.
Las autoridades israelíes han presentado la condena de Juana Ruiz como una justificación para la consideración de seis ONG palestinas como organizaciones terroristas. En un comunicado conjunto, los ministros de Exteriores y Defensa de Israel, Yair Lapid y Benny Gantz, afirmaban el 10 de noviembre pasado que la trabajadora humanitaria “sospechaba” que su organización colaboraba con el FPLP, pero que continuó con su trabajo de recaudación igualmente. También aseguraban que Ruiz había reconocido trabajar “como recaudadora de fondos para la organización terrorista FPLP” y que los Comités de Trabajo por la Salud eran “uno de sus brazos civiles”. La defensa denunció que el tribunal y el gobierno habían manipulado el acuerdo de confesión para asociarla "falsamente" a la organización palestina y a seis ONG palestinas de defensa de los derechos humanos recientemente ilegalizadas por la justicia militar israelí, en un proceso que no tiene ninguna vinculación con la española.
El tribunal militar israelí ha desmontado la vinculación de Ruiz con las seis ONG ilegalizadas y su veredicto refleja la posición de la defensa de que la activista no sabía a dónde se destinaban parte de los fondos que había recaudado. La ONU y los países europeos que han financiado las ONG perseguidas por Israel aseguran que Israel aún no ha presentado pruebas que sustenten sus acusaciones.
