¿El Tribunal de la Haya puede detener la guerra de Gaza?
Sudáfrica acusa a Israel de cometer un genocidio contra los palestinos
BarcelonaLa semana pasada Suráfrica denunció a Israel ante el Tribunal Internacional de Justicia (TIJ) de La Haya por los bombardeos en la franja de Gaza, que ya han dejado más de 22.000 muertos, de los que el 70% son mujeres y criaturas. El tribunal, que depende de Naciones Unidas y se encarga de dirimir las diferencias entre estados, celebrará la primera vista el jueves y el viernes de la próxima semana para decidir si aplica medidas cautelares. El fondo del caso, en el que Sudáfrica acusa a Israel de perpetrar un genocidio, se dirimirá más adelante.
El país africano, que en 1992 acabó con el régimen de apartheid, ha sido hasta ahora el más activo del mundo a la hora de pedir cuentas a Israel: ha condenado sus ataques a Gaza ya Cisjordania, ha retirado a su embajador en Israel y también se ha dirigido a la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional (TPI), que, a diferencia del TIJ, juzga a responsables políticos y militares acusados de crímenes internacionales por los que pueden ir a prisión. Sudáfrica también convocó una reunión extraordinaria de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) sobre la guerra en Oriente Próximo.
¿En qué se basa la acusación de genocidio?
En una demanda de 84 páginas, Pretoria argumenta que Israel está violando la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, de 1948, que define el genocidio como "el conjunto de actos cometidos con el propósito de destruir totalmente o en parte un grupo nacional, étnico, racial o religioso". El tribunal es competente porque tanto Israel, desde su creación, como Suráfrica, desde el fin del apartheid, son firmantes de la convención. "De hecho, Suráfrica recuerda que tiene la obligación de presentar esta demanda, porque son todos países firmantes de la convención quienes se han comprometido a prevenir los genocidios. Todos los países firmantes deberían hacer lo mismo", apunta Claudia Jiménez, profesora de derecho internacional de la Universidad Autónoma de Barcelona. Turquía y Malasia también han apoyado la demanda sudafricana.
La demanda basa la acusación de genocidio en el número de palestinos asesinados en Gaza (sobre todo criaturas), el desplazamiento forzoso masivo, la destrucción sistemática de viviendas y el bloqueo de la entrada de agua, alimentos y medicinas en la Franja, así como la destrucción de los hospitales e infraestructuras sanitarias, incluidas las maternidades, que amenaza la supervivencia de las mujeres embarazadas y bebés.
También recoge una serie de declaraciones de altos responsables políticos y militares israelíes que justifican la ola de muerte y destrucción de Gaza. "Tal y como está estipulado en el derecho internacional, el crimen de genocidio implica no sólo cometer unos hechos violentos sino que existe una voluntad de exterminio, y esto es muy difícil de probar. Por este motivo la demanda también contiene unas 20 páginas de declaraciones de altos cargos y de miembros de la sociedad civil instando a ese exterminio al que el gobierno ha dado eco", explica Jiménez. Por ejemplo, la demanda cita las declaraciones del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, cuando comparó a los palestinos con el pueblo de Amalek, a quien, según un pasaje de la Biblia, Dios ordenó a los israelíes que destruyeran: "Ahora id y aniquilad a Amalek... matad a los hombres, las mujeres y las criaturas". La última cita de Netanyahu es del 26 de diciembre cuando dijo que "ésta será una larga batalla". Una de las claves del caso es que nadie haya discutido los llamamientos abiertos al exterminio que han realizado ministros de ultraderecha del gobierno de Netanyahu.
¿Qué puede hacer el tribunal?
El tribunal no dirime responsabilidades penales ni juzga a ninguna persona: lo único que puede hacer es instar a un alto el fuego. A diferencia del Consejo de Seguridad de la ONU, donde Israel siempre puede contar con el poder de veto estadounidense, el TIJ no tiene poder militar. Su impacto es más bien de imagen y homologación internacional. Como explica Mai El-Sadany, abogada de derechos humanos y directora del Tahrir Institute for Middle East Policy, el caso es importante porque "frena la normalización de las atrocidades cometidas por Israel y envía el mensaje de que si se actúa así acaba ante un Tribunal Internacional, lo que tiene un impacto en temas de reputación".
¿Hay precedentes?
Sí, el más reciente es el de la guerra de Ucrania, cuando Kiev aprovechó que Rusia les acusaba de estar cometiendo un genocidio contra los rusófilos por llevar la invasión a gran escala ante el tribunal, que dictaminó un alto el fuego. Palabras que se lleva el viento.
Pero no siempre los implicados son los que deben llevar el caso a la justicia internacional. En 2019 Gambia, en nombre de la Organización por la Cooperación Islámica, llevó a Myanmar ante el tribunal por el genocidio de los rohinyás: las imágenes de Aung San Suu Kyi –la premio Nobel de la paz que cuando llegó al poder toleró la masacre de la minoría musulmana– defendiendo su país ante los jueces de La Haya dieron la vuelta al mundo. El juicio sigue.
También están los precedentes de las guerras de los Balcanes, cuando el tribunal dictaminó que Serbia había cometido crímenes de guerra y de lesa humanidad en Bosnia y en Croacia.
¿Cómo será el juicio?
Los tribunales son lentos y éste no es una excepción. La primera vista se celebrará el 11 y 12 de enero, en lo que respecta a la petición de medidas cautelares, que se espera que se dictaminen en cuestión de semanas, como ocurrió en el caso de Ucrania. La sentencia final puede tardar años.
Israel ha confirmado que irá al juicio, aunque considera la denuncia de Suráfrica –como todas las críticas internacionales que ha recibido– como una forma de "complicidad criminal" con los ataques de Hamás. La reacción confirma que en Tel-Aviv se toman muy en serio este tema: han puesto en marcha un equipo interministerial para preparar la defensa.
Los estados implicados –Israel y Sudáfrica– pueden designar cada uno un juez, además de los 15 que forman el tribunal. Asimismo, Israel puede designar a cuatro juristas como abogados. Uno de los nombres que sonaban más es el del estadounidense Alan Dershowitz, pero el hecho de que su nombre haya reaparecido ahora en el sumario de la trama de abusos sexuales a menores del magnate Jeffrey Epstein quizás provoque un cambio de planes. Netanyahu no irá a La Haya, pero podría hacer llegar una carta al tribunal.
Según explican medios israelíes, lo primero que intentará Israel es impedir que el TIJ llame al alto el fuego. Según ha declarado en el diario Haaretz un alto responsable, "Israel fue uno de los fundadores del TIJ, después del Holocausto, y quien pudo imaginar que hoy nos acusarían de genocidio, cuando Hamás es el bando que cometió un intento de asesinato contra nosotros el 7 de octubre". Y lo que realmente preocupa a Israel es que un dictamen favorable a Suráfrica y los palestinos supondría más presión para la administración Biden, que es el principal apoyo político y militar que tiene Israel.