Polonia plantea crear un registro de embarazos y abortos involuntarios

BarcelonaEl gobierno ultraconservador polaco, encabezado por el ultraconservador Partido Ley y Justicia (PIS), quiere ir un paso más allá en el recorte de derechos de las mujeres. Un año después de que entrara en vigor la ley que de facto hace imposible abortar libremente en el país, se plantea ahora crear un registro de embarazos y abortos involuntarios que obligue a los médicos a declarar todos los casos al gobierno. Es decir, si una mujer embarazada recibe atención médica, de cualquier tipo, su embarazo tendrá que ser declarado.

Las activistas por los derechos de las mujeres han tenido que volver a rebelarse contra la decisión del gobierno. Alertan de que el registro se podría utilizar para perseguir legalmente a las mujeres que llevan a cabo abortos clandestinos o en otros países. Si un embarazo es declarado, se podría hacer un seguimiento para garantizar que llegue a término. Las protestas han llenado las redes sociales con una iniciativa titulada "Me gustaría declarar amablemente que no estoy embarazada" y que anima a las mujeres a enviar por correo fotografías de tampones, compresas, ropa interior o copas menstruales usados al ministerio de Salud.

¿Mejor servicio médico o estricto control legal?

El registro centralizado entraría en vigor en enero y el gobierno asegura que se trata de un proyecto más dentro del plan de mejora del sistema de información médica de Polonia, que recoge los historiales médicos de los pacientes y los tratamientos y medicaciones que les han administrado. Y alega que los médicos siempre han registrado los embarazos y que la única implicación de la propuesta es cambiar la actual hoja de papel por un registro informático. Justifica que es necesario poder hacer un seguimiento de los embarazos en el sistema para dejar constancia de los tratamientos prescritos y poder mejorar la atención y los tratamientos. "El objetivo es evitar prescribir medicación no recomendada durante el embarazo y poder suministrar tratamientos para salvar la vida de una paciente si su estado no le permite proporcionar información", declaraba el ministerio en un comunicado oficial. "Además, el uso de la información sobre el embarazo es necesario para verificar servicios adicionales, como por ejemplo recibir medicación gratuita y el derecho de acceso prioritario a los servicios médicos", añadía.

Pero las explicaciones no han tranquilizado a las mujeres del país. La diputada de la oposición Paulina Hennig-Kloska ha denunciado que "las autoridades podrían utilizar el registro para perseguir a mujeres que van al extranjero para interrumpir el embarazo, que de otra manera no tendrían ninguna posibilidad de dar a luz en condiciones seguras". Estaba de acuerdo la diputada Gabriela Morawska-Stanecka, que planteaba que "el plan es introducir una prohibición general de todos los abortos, incluso en el extranjero. Las mujeres serán vigiladas desde el momento en el que un médico incluya su embarazo en el registro".

El aborto solo está permitido en Polonia en caso de violación, incesto y si la vida de la madre está en peligro, si bien el reciente caso de Izabela, una mujer de 30 años que murió después de que los médicos no le practicaran un aborto de emergencia que habría podido salvarle la vida, puso de manifiesto la fina línea entre un aborto legal y uno ilegal. La decisión médica se relacionó directamente con la penalización del procedimiento.

Una suma de propuestas controvertidas

La medida se suma a otra aprobada a finales de noviembre que establece la creación de un "Instituto de la Familia y la Demografía". Esta institución pretende controlar las políticas familiares, opinar sobre legislación relacionada con este ámbito y educar a los ciudadanos sobre "el vital rol de la familia para el orden social" y la importancia de "la cultura de la reproducción" dentro del contexto del matrimonio. El instituto tendrá acceso a datos personales de los ciudadanos y poderes procesales en la aplicación de la ley de la familia.

"El proyecto tiene como objetivo, exclusivamente, promover el modelo tradicional de familia", declaró Adam Bodnar, veterano defensor de los derechos de los ciudadanos de Polonia, en el portal de noticias polaco Oko.Press. "También podría convertirse en una herramienta contra los que quedan fuera de este modelo, por ejemplo los que no se ajustan a las reglas heteronormativas", dijo.