Barcelona inspeccionará (por primera vez) que los comercios 'hablen' catalán

BarcelonaEl Ayuntamiento de Barcelona nunca ha inspeccionado, ni sancionado, ningún comercio por incumplir la normativa sobre el catalán. Aunque el Código de Consumo data de 2010 y la ley de política lingüística se remonta a 1998, en todos estos años el consistorio nunca ha sancionado a ninguna empresa por no rotular las tiendas en catalán, no despachar en catalán o no ofrecer la carta en catalán a los clientes, a pesar de que los incumplimientos son evidentes en las calles y en los comercios de la ciudad. ¿Por qué? Aunque los ayuntamientos tienen competencia inspectora y sancionadora, hasta ahora los inspectores de Barcelona no habían tenido en cuenta la lengua en sus actuaciones. La ley reconoce el derecho del cliente a ser atendido en catalán, y también a recibir las comunicaciones (rotulación, facturas, carta, instrucciones, publicidad) al menos en catalán.

Esta desconexión entre la teoría y la práctica es lo que el consistorio de la capital se ha comprometido a corregir. "El Ayuntamiento incorporará la lengua en las inspecciones ordinarias a lo largo de 2027 para velar por el cumplimiento de la normativa de política lingüística en consumo", anuncia al ARA la Comisionada de Uso Social del Catalán, Marta Salicrú, que admite que también se sorprendió al descubrir que en Barcelona "nunca se había inspeccionado esta normativa", uno de los objetivos que marcó como prioritarios cuando fue nombrada hace un año.

El primer paso será en la Rambla. Después de la campaña informativa que ha hecho el consistorio para mejorar la imagen de los comercios en verano, este trimestre ya se llevará a cabo la inspección, antes de que se inaugure en febrero. Después, las inspecciones se expandirán al resto de distritos, de los cuales depende el cuerpo inspector. En Gràcia, el lunes se empieza a aplicar el plan de impulso del catalán en el comercio y la restauración en el que se hará un puerta a puerta por 850 establecimientos para instar a corregir los incumplimientos que se detecten.

Hasta ahora, el protocolo del Ayuntamiento había sido solo enviar cartas informativas a los comercios que incumplían el reglamento y de los cuales habían recibido quejas, indicándoles la normativa y las posibles sanciones. Hay municipios catalanes, como Vic, que ya han aplicado inspecciones lingüísticas y requerimientos a comercios para que se adecúen a la normativa. Y hay otros, como Olot, que han ido más allá y han anunciado multas a 26 tiendas, multas que pueden ir de los 300 a los 3.000 euros. Barcelona no se plantea, en la primera fase, la vía sancionadora. La Agencia Catalana de Consumo hasta ahora era el único organismo que inspeccionaba y sancionaba a empresas por no cumplir la regulación lingüística del Código de Consumo. "El objetivo no es la sanción sino la incidencia, queremos transformaciones rápidas", dice Salicrú.

¿A dónde van a parar las denuncias?

Las denuncias por no ser atendido en catalán o no rotular en catalán se han disparado en los últimos años. "El contexto sociolingüístico hacía que hubiera un cumplimiento espontáneo de la normativa, y en los últimos años, ya sea por presión migratoria o por enfocar el modelo de ciudad hacia el turismo, se ha convertido en un problema para la ciudadanía, que había normalizado situaciones que ahora nos parecen intolerables", afirma Salicrú. El último caso flagrante es el de un activista de la lengua, Miquel Mola, que denunció 76 establecimientos de Barcelona por rotular solo en castellano pero no obtuvo respuesta del Ayuntamiento y llegó al síndico de agravios. El consistorio admitió que, efectivamente, hasta ahora no se inspeccionaba lingüísticamente los comercios, solo se les informaba.

Uno de los inconvenientes es que hay múltiples ventanillas para denunciarlo, de modo que incluso se hace difícil cuantificar el número de vulneraciones lingüísticas. El Ayuntamiento reconoce que no tiene actualizada la cifra de quejas, que son "un goteo". Entran quejas por la Agencia Catalana de Consumo, vía las oficinas municipales de atención al consumidor, la Oficina por la No Discriminación de Barcelona e, incluso, entidades cívicas como Plataforma por la Lengua. La Generalitat ha anunciado una oficina de protección de los derechos lingüísticos para unificar el sistema de quejas y denuncias de vulneraciones lingüísticas de la Generalitat. Y el Ayuntamiento también ha anunciado la creación de un Buzón por el Catalán.